La defensa de los d¨¦biles y la contaminaci¨®n

El pasado lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) anul¨® la restricci¨®n municipal de circulaci¨®n a veh¨ªculos contaminantes (sin distintivo medioambiental) en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona. No hay informes que avalen, de acuerdo con el TSJC, las cortapisas a la libertad que tienen ¡°un efecto negativo en las personas con menor poder adquisitivo¡±. La sentencia hace hincapi¨¦ en que los datos de contaminaci¨®n presentados por el Ayuntamiento est¨¢n desfasados, aunque la Agencia de Salud P¨²blica de Barcelona advierta que cada a?o fallecen mil personas en la ciudad por la mala calidad del aire. El TSJC agrega, como elemento de peso, que el Puerto de Barcelona contamina m¨¢s que la circulaci¨®n de veh¨ªculos a motor, una vieja pol¨¦mica, pues desde el puerto se acusa al Ayuntamiento de mentir, ya que el di¨®xido de carbono que genera el tr¨¢fico mar¨ªtimo consideran que es 16 veces inferior a lo que afirma el gobierno municipal.

De todos los elementos valorativos de la sentencia del TSJC ¨Cque son muchos¨C sobresale el encomiable inter¨¦s por la ciudadan¨ªa con bajo poder adquisitivo. La ardiente preocupaci¨®n de los magistrados parece buscar la rectificaci¨®n de fallos anteriores. Ah¨ª est¨¢n las dificultades que entre 2013 y 2015 puso el Tribunal Supremo a los tres millones de afectados por las cl¨¢usulas suelo, asumiendo en la pr¨¢ctica la defensa de las grandes entidades financieras y desoyendo las indicaciones del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE). Esa actitud llev¨® al TS en 2018 a avalar la estrategia de la banca, proponiendo a los clientes de las entidades sustituir las cl¨¢usulas abusivas por otras rebajadas a condici¨®n de que renunciasen a reclamar.

Otro tanto ha sucedido con las 800.000 familias afectadas por las hipotecas con inter¨¦s variable referido al IRPH. El asunto ha ido dos veces al TJUE. El Supremo ha interpretado la doctrina europea validando el IRPH, aunque un significativo n¨²mero de magistrados de instancias inferiores han considerado que ese ¨ªndice es nulo por falta de transparencia. Tal como apuntaba Andreu Miss¨¦ en estas mismas p¨¢ginas, un estudio elaborado a petici¨®n del Gobierno balear por el matem¨¢tico Guillem Bou concluye que este tipo de contratos ¡°son enga?osos por s¨ª mismos, es decir, atendiendo solo a su redactado¡±.

As¨ª que bienvenida la rectificaci¨®n en la l¨ªnea de lo social del TSJC. Si Barcelona hace 10 a?os que no cumple con los niveles de calidad de aire ¨Calgo que afecta a la salud de los propietarios de coche con y sin etiqueta¨C, ya se arreglar¨¢. Si la ciudad se expone a una multa de 1.600 millones de euros a la UE por ese exceso de contaminaci¨®n, ya lo pagaremos a escote. Si Europa exige que el pr¨®ximo a?o las ciudades de m¨¢s de 50.000 habitantes tengan su ZBE, ya llegaremos a tiempo. Mientras, los jueces, empleando un estudio del Real Autom¨®vil Club de Catalu?a (RACC), han concluido que el Consistorio no ha tenido en cuenta el ¡°elevado coste econ¨®mico¡± y ¡°la inversi¨®n considerable¡± que supone esa renovaci¨®n del parque en base a la normativa europea. La Justicia esta vez ha salido en defensa de los d¨¦biles.