Generalitat y ayuntamientos anuncian una lluvia de recursos al Supremo para salvar el veto a los coches m¨¢s contaminantes

Una ¡°bater¨ªa de recursos para evitar que la sentencia sea firme¡±, en palabras de la teniente de alcalde de Ecolog¨ªa y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz. La Generalitat y los consistorios de Barcelona, L¡¯Hospitalet, Cornell¨¤, Esplugues y Sant Adri¨¤ de Bes¨°s presentar¨¢n recursos de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo ante las seis sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que anulan la zona de bajas emisiones de Barcelona (ZBE) que veta el acceso a los coches m¨¢s contaminantes.

Lo han anunciado este mi¨¦rcoles en el Sal¨® de Cent del consistorio representantes de las administraciones. Su argumento para defender las ZBE es compartido: luchar contra la contaminaci¨®n es defender la salud de la poblaci¨®n y la legislaci¨®n obliga a hacerlo. La mera presentaci¨®n del recurso suspende la anulaci¨®n, ha explicado Sanz. Con todo, la argumentaci¨®n jur¨ªdica debe ajustarse a una estricta normativa para que el recurso sea admitido a tr¨¢mite por el Supremo. El proceso, con todo, va para largo. Y mientras tanto la ZBE -y las multas a quien incumpla- seguir¨¢ vigente.

Los recursos ser¨¢n presentados primero por el Ayuntamiento de Barcelona y por la Generalitat. El resto de ciudades, los presentar¨¢n a medida que reciban sentencias contra la ordenanza que regula la ZBE y que es la misma para las cinco ciudades. ¡°Para evitar agujeros legales¡±, han convenido.

Dudas en Reus y Girona

La teniente de alcalde ha a?adido que Barcelona est¨¢ en conversaciones con el Gobierno central para que el futuro decreto sobre el despliegue de ZBE en otras ciudades de seguridad jur¨ªdica a los Ayuntamientos. En Catalu?a, ha admitido el director general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Marc Sanglas, ayuntamientos como Reus o Girona han expresado dudas sobre la creaci¨®n de zonas de bajas emisiones tras las sentencias del TSJC. Girona incluso ha anunciado que suspende la licitaci¨®n de c¨¢maras para leer las matr¨ªculas de los veh¨ªculos. Sanglas ha sido contundente: ¡°El derecho a la salud es inalienable, no habr¨¢ sentencia que nos pare¡±. Pero ha admitido: ¡°Nos preocupa que alguien limite lo que quieren hacer los entes locales¡±. Para ello convocar¨¢n una mesa para ¡°fortificar y dotar de herramientas que den garant¨ªas a los Ayuntamientos y que lo que ha atacado esta sentencia no figure en otras ordenanzas¡± de otros municipios.

Tanto Sanz como el concejal de Emergencia Clim¨¢tica, Eloi Badia, han considerado que las sentencias de anulaci¨®n ¡°incorporan m¨¢s elementos pol¨ªticos e ideol¨®gicos que jur¨ªdicos¡± y que los fallos ¡°van contra los tiempos, el sentido com¨²n y la legislaci¨®n¡±. Ambos han recordado que 63 municipios catalanes han acordado crear ZBE, que la Ley Espa?ola del Cambio Clim¨¢tico obliga a fijarlas a las ciudades de m¨¢s de 50.000 habitantes y que Madrid y Barcelona se exponen a multas de la Uni¨®n Europea por rebasar los l¨ªmites de contaminaci¨®n.

Los comparecientes no han revelado los detalles de la estrategia jur¨ªdica, porque todav¨ªa est¨¢ en estudio, tienen 30 d¨ªas para presentar los recursos. Pero s¨ª intentar¨¢n rebatir los puntos que la sentencias cuestionan: el ¨¢mbito de la ZBE, las mediciones de contaminaci¨®n para crearla o poner en duda las etiquetas ambientales como sistema para vetar veh¨ªculos (es el que se est¨¢ utilizando en toda Europa, ha recordado Badia). El concejal tambi¨¦n ha rebatido que la ordenanza de Barcelona contempla medidas espec¨ªficas para ciudadanos con rentas bajas.