Uno de cada siete catalanes malvive en la calle, chabolas o en pisos precarios

Manuel tiene 58 a?os y lleva desde 2017 viviendo en una furgoneta en el barrio barcelon¨¦s de Sarri¨¤. ¡°Me echaron del trabajo y luego me divorci¨¦. Desde entonces, duermo y vivo en una furgoneta¡±, admite. Cada d¨ªa desayuna y come gracias al Centro de Acogida Assis. ¡°Los mi¨¦rcoles y s¨¢bados me ducho y me dan ropa. Sin ellos, no s¨¦ qu¨¦ ser¨ªa de m¨ª¡±, admite. Cobra 415 euros al mes y va a cursos para intentar conseguir un trabajo aunque, pesimista, cree que no llegar¨¢ a conseguirlo. Quiz¨¢s cuando se prejubile a los 61, fantasea, podr¨¢ permitirse un piso de alquiler: ¡°Ya no me acuerdo de lo que es tener luz, agua¡­¡±, admite.

Al igual que Manuel, m¨¢s de 18.000 catalanes ¡ªla poblaci¨®n de la comunidad asciende a 7.763.362 personas, seg¨²n el Instituto Nacional de Estad¨ªstica¡ª sufren de forma permanente situaciones de exclusi¨®n residencial, ya sea durmiendo en un veh¨ªculo o sobre unos cartones encima de una acera. A este n¨²mero debe sumarse los 1,3 millones de personas que lo hacen en chabolas, en el interior de naves, pisos precarios donde las personas viven hacinadas y otras infraviviendas, seg¨²n denunciaron ayer las Entidades Catalanas de Acci¨®n Social (ECAS), que aglutina tres decenas de oeneg¨¦s y fundaciones que trabajan con colectivos en riesgo de exclusi¨®n social.

El documento cuestiona los datos sobre probreza publicados por la Generalitat. En enero la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, asegur¨® que en Catalu?a, 10.000 personas viven en la calle, en asentamientos o, cuando pueden, en albergues. Una cifra que contrasta con los 18.000 que aseguran las entidades. El mayor desfase de cifras, no obstante, lleg¨® el pasado marzo, cuando Cervera present¨® el Plan contra el Sinhogarismo y asegur¨® que si el n¨²mero de personas que duermen en la calle, albergues, chabolas, naves, locales comerciales y los que est¨¢n en riesgo de ser desahuciados ascienden a 58.930, muy lejos del 1,3 millones que reportan las entidades. Ferran Busquets, director de Arrels y vocal de Pobreza de ECAS, cree saber a qu¨¦ se debe la diferencia de cifras: ¡°La Generalitat no pregunt¨® a las entidades. Se limit¨® a preguntar a los municipios, que no siempre tienen o dan las cifras correctas¡±.

ECAS hace otro c¨¢lculo y alerta de que hay, al menos, un mill¨®n de personas que viven en lo que las entidades han bautizado como ¡°viviendas inseguras¡±. Estas pueden considerarse las infraviviendas, como las chabolas, pero tambi¨¦n las viviendas ocupadas o los hogares de familias a punto de ser desahuciadas. Busquets denuncia que el problema es fara¨®nico.

El informe denuncia que tener hijos, ser una familia gitana o de origen inmigrante son variables suficientes para que ni siquiera se pueda optar a realquilar una habitaci¨®n. La vivienda, a pesar de ser un derecho b¨¢sico, ¡°se ha convertido hoy d¨ªa en un problema estructural y en uno de los principales generadores de exclusi¨®n social en Catalu?a¡±, reza el estudio.

Las entidades sociales denuncian tambi¨¦n que pr¨¢cticamente todas las personas acompa?adas por las entidades sociales est¨¢n afectadas por problem¨¢ticas relacionadas con la vivienda (97 %) y casi todas consideran que afecta a la forma y las posibilidades de su acci¨®n social (94 %).

ECAS propone a las administraciones la compra y captaci¨®n de vivienda privada actualmente vac¨ªa para dedicarla a alquiler y estimular el acceso, la construcci¨®n y el mantenimiento del parque p¨²blico, aprovechando las transferencias de los fondos europeos Next Generation. Tambi¨¦n reclama garantizar y aumentar la existencia de vivienda protegida con reservas de suelo p¨²blico, pasando del 1,5% de viviendas de alquiler social actual al 15, como m¨ªnimo antes del 2030.

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