Investigado un concejal de Ada Colau por favorecer la cesi¨®n de un local ¡®okupado¡¯

Eloi Badia, concejal del equipo de gobierno de Ada Colau, tendr¨¢ que declarar como investigado ante el juez por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n. Una comunidad de vecinos de Gr¨¤cia, el distrito de Barcelona que dirige Badia, le ha llevado a los tribunales por haber cedido a dedo, de forma presuntamente ilegal, un local okupado a una asociaci¨®n juvenil que ha causado infinidad de conflictos de convivencia. En un auto al que ha accedido EL PA?S, el titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 27 de Barcelona, Francesc Paul¨ª, ha citado a declarar a Badia y a otros cuatro cargos municipales.

La querella se dirige contra responsables del distrito de Gr¨¤cia y del Instituto Municipal de Vivienda por un convenio de cesi¨®n de usos firmado, en septiembre de 2017 y renovado en varias ocasiones, entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Associaci¨® de Joves de Gr¨¤cia. El local, la antigua comisar¨ªa de Polic¨ªa de Lesseps, es de titularidad municipal. Los vecinos argumentan que, de acuerdo con la ley, la adjudicaci¨®n de un bien de esas caracter¨ªsticas debe hacerse mediante subasta o concurso, pero nunca de forma directa. Badia firm¨® la propuesta de acuerdo y la elev¨® a la Comisi¨®n de Gobierno del consistorio.

Bajo la piel jur¨ªdica, la tesis de los vecinos es que el Ayuntamiento hab¨ªa decidido de antemano que ese local iba a ser cedido a las personas que ya lo okupaban desde hac¨ªa dos a?os. El texto recuerda que, en 2016 -un a?o antes de la cesi¨®n- el Ayuntamiento hizo trabajos de acondicionamiento del local para actividades. ¡°La voluntad decisoria estaba torcida de inicio¡±, recoge la querella admitida a tr¨¢mite por el juez. Si se eludieron los controles fue con fines ¡°exclusivamente pol¨ªticos e ideol¨®gicos afines a los del equipo municipal de gobierno y en perjuicio del erario p¨²blico¡±, subraya el texto.

El Consistorio y la entidad pactaron el pago de un alquiler social anual de 550 euros, pero ¡°no hay constancia de que haya sido abonado¡±, seg¨²n la querella. El abogado Jos¨¦ Ram¨®n Sorn¨ª, que la firma, basa en ese presunto perjuicio al erario p¨²blico el delito de malversaci¨®n por el que tambi¨¦n se?ala a Badia y a otros cuatro cargos que intervinieron en la cesi¨®n de 2017: el gerente de Gr¨¤cia Pere Camps; el jefe de servicios jur¨ªdicos, Rufino Garc¨ªa; el director de servicios a las personas, Jos¨¦ Mar¨ªa Raya; y la gerente del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitaci¨®n, Maria ?ngels Mira.

La ofensiva judicial es, en realidad, el ¨²ltimo y desesperado intento de la comunidad de vecinos del n¨²mero 203 de la calle Torrent de l¡¯Olla por acabar con los problemas de convivencia que sufren desde 2017. Y, tambi¨¦n, con la inacci¨®n municipal. La querella acusa al Ayuntamiento de no controlar la actividad del Casal Popular Tres Lliris, nombre con el que es conocido popularmente el local que gestiona la asociaci¨®n. Los vecinos describen una serie de ¡°padecimientos¡±, con ¡°noches y noches sin poder dormir por botellones, ruidos, jolgorio y fiestas¡± que no acabaron, dicen, ni con el confinamiento provocado por la crisis del coronavirus.

Cientos de llamadas a la Guardia Urbana, denuncias ante la Sindicatura de Greuges de Barcelona -que lleg¨® a acusar al Ayuntamiento de una ¡°actuaci¨®n insuficiente¡±-, solicitudes de informaci¨®n mediante transparencia p¨²blica... Los vecinos describen sus esfuerzos por buscar una soluci¨®n y denuncian que han topado contra un muro. En un momento dado, el consistorio lleg¨® a abrir expedientes administrativos, pero ignor¨® la orden de cese de actividad, siempre seg¨²n la denuncia.

Desesperados, los vecinos llevaron el caso a la Fiscal¨ªa de Barcelona, que archiv¨® la investigaci¨®n en diciembre de 2020 por falta de indicios de delito. En aquellas fechas, sin embargo, los vecinos no hab¨ªan podido acceder a¨²n a los detalles del contrato de cesi¨®n debido a las trabas municipales. La Fiscal¨ªa ha asumido esa tesis porque, preguntada por el juez, se ha pronunciado a favor de admitir a tr¨¢mite la querella. El magistrado ha ordenado que se tome declaraci¨®n a los cargos municipales, pero tambi¨¦n que se escuche el testimonio de los afectados y que se incorpore a la causa toda la documentaci¨®n sobre el caso.

Eloi Badia asegura que la cesi¨®n ¡°se enmarca en la participaci¨®n ciudadana en la ciudad¡±. ¡°Hay otros locales municipales en cesi¨®n de uso para asociaciones de vecinos. Incluso cuando se trata de gesti¨®n c¨ªvica¡± y cita el ejemplo de La Violeta. ¡°El consistorio no obr¨® con mala fe, hist¨®ricamente se han cedido espacios, fuera de los mandatos del actual Gobierno municipal¡±. El concejal especifica que la cesi¨®n lleg¨® tras un a?o de trabajo de mediaci¨®n con los okupas, que reivindicaban un local para j¨®venes. ¡°El local no pod¨ªa ser ocupado, sino en unas condiciones formales. Salieron del local, el Ayuntamiento lo rehabilit¨® de acuerdo a los requerimientos de uso p¨²blico, y se constituyeron en Asociaci¨®n para poder optar a la cesi¨®n¡±.

Sobre el impago del alquiler, coincidi¨® con los dos a?os de la pandemia, 2020 y 2021 ¡°pero se les ha requerido el pago y se acabar¨¢ cobrando¡±, precisa Badia. Los dos primeros a?o s¨ª pagaron. Sobre las molestias, el concejal se?ala que el ¨²ltimo convenio de cesi¨®n, cerrado hace un mes, ¡°fija horarios de las actividades y prev¨¦ realizar obras de insonorizaci¨®n¡±.

El concejal tiene otra causa abierta en Fiscal¨ªa por presunto delito ecol¨®gico de la incineradora Tersa. Y figura en la causa del Tribunal de Cuentas por los estudios vinculados a la gesti¨®n del agua por parte de Agbar.

Desalojo y ocupaci¨®n

El origen del conflicto se sit¨²a en noviembre de 2015, cuando cerca de trescientas personas ocuparon la antigua comisar¨ªa de la Polic¨ªa Nacional de Barcelona, situada en el n¨²mero 17 de la calle Nil i Fabra. La ocupaci¨®n fue la culminaci¨®n de una manifestaci¨®n que protestaba por el desalojo del Casal Popular Tres Lliris, un centro cultural alternativo que estaba situado en una antigua oficina bancaria en el n¨²mero 277 de la Travessera de Gr¨¤cia.

Aquel desalojo represent¨® una nueva jornada de ira dentro del colectivo okupa que arras¨® con los cristales de entidades bancarias de Gr¨¤cia y quemaron decenas de contenedores. El 21 de noviembre, d¨ªas despu¨¦s de la batalla campal que protagoniz¨® el colectivo en Gr¨¤cia, decenas de manifestantes marcharon con una pancartas que rezaba: ¡°Llenamos los espacios vac¨ªos de vida¡± y, en aquella ocasi¨®n, sin causar da?os fueron directos a la antigua comisar¨ªa de la Polic¨ªa Nacional de Lesseps y accedieron al inmueble. Desde entonces, el edificio permanece ocupado por el colectivo.

La de la antigua comisar¨ªa no es la primera cesi¨®n a un colectivo de okupas por parte del Ayuntamiento de Barcelona. En 2014, y tras el intento de desalojo del centro social ocupado Can Vies, en Sants, que provoc¨® cinco noches de disturbios, el entonces alcalde Xavier Trias cedi¨® el local e incluso anunci¨® que conceder¨ªa al colectivo una licencia de obras. El edificio pertenece a Transports Metropolitans de Barcelona, TMB. Tambi¨¦n Trias pag¨® durante meses 5.500 euros de alquiler al mes del Banc Expropiat, una antigua oficina bancaria de Gr¨¤cia que fue ocupada en octubre de 2011 y sobre la que antes de las elecciones de 2015 pesaba una orden de desalojo.

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