La construcci¨®n de 52 viviendas en una playa de Begur desata la indignaci¨®n de las redes

La urbanizaci¨®n Jardins de Sa Riera Living, dos bloques con 52 casas plurifamiliares a escasos metros de la playa de Sa Riera, en Begur, coraz¨®n de la Costa Brava, ha desatado oleadas de indignaci¨®n ante lo que se considera un ataque medioambiental. El hormig¨®n ha distorsionado la postal que ofrec¨ªa un privilegiado rinc¨®n de costa y las redes sociales han amplificado el descontento que ya hab¨ªan mostrado los vecinos. Colectivos ecologistas, que tienen presentada una denuncia en el Juzgado Contencioso Administrativo, califican la promoci¨®n de ¡°atentado urban¨ªstico¡± y publican varias veces al mes fotos del avance de las obras para captar adeptos y posibles aportaciones econ¨®micas para sufragar los litigios que mantienen.

Las im¨¢genes de esta semana se han hecho virales y han encendido las redes por su apariencia, a lo lejos, de nichos. La reparcelaci¨®n de este terreno se inici¨® en 2007 y las licencias se dieron hace cuatro a?os. Cuando los ecologistas supieron de su existencia empezaron una ac¨¦rrima lucha y han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) fallara que en el Registro de la Propiedad deba constar que estas viviendas est¨¢n denunciadas judicialmente, para alertar a posibles compradores. El Ayuntamiento asegura que ha cumplido con la legalidad.

El Plan Director Urban¨ªstico de la Costa Brava redujo en Begur el potencial de 1.207 a 521 casas, pero algunos proyectos pol¨¦micos como la urbanizaci¨®n Jardins de Sa Riera Living ¨Cde la empresa suiza Stoneweg SA y la constructora Sorigu¨¦- se mantuvieron porque el plan no evalu¨® suelos urbanos o urbanizables donde ya hab¨ªa licencias o proyectos. Estos siguen enfrentando al Consistorio con los naturalistas. En enero de 2019 pusieron una denuncia urban¨ªstica que la Junta de Gobierno local desestim¨® el 2 de julio y trasladaron el caso al Contencioso administrativo 2 de Girona, impugnando las dos licencias de obras otorgadas en 2018. Como argumento invocaron a la ilegalidad del plan de ordenaci¨®n urban¨ªstica de 2003 de Begur.

La denuncia argumentaba que, en el planeamiento urban¨ªstico de 1989, de las 3,6 hect¨¢reas afectadas una parte eran urbanas y otra parte urbanizables, pero con la revisi¨®n de 2003 se clasificaron todas como suelo urbano, a pesar de su naturaleza forestal y de no disponer de ning¨²n servicio urban¨ªstico. Para el abogado de los naturalistas, Eduard de Ribot, ¡°es una ilegalidad manifiesta¡±. Seg¨²n ellos, infring¨ªa la Ley de Urbanismo de 2005, que proh¨ªbe construir en pendientes de m¨¢s del 20%; incumpl¨ªa la integraci¨®n paisaj¨ªstica en el entorno y la pro?hi?bici¨®n de implan?tar pan?ta?llas arqui?tect¨®nicas y acu?mu?laci¨®n de vol¨²menes dentro los primeros 500 metros de la franja lito?ral. Adem¨¢s, denunciaron un trato de favor por autorizar las obras previo a la urbanizaci¨®n de los terrenos y la falta de evaluaci¨®n ambiental, de impacto paisaj¨ªstico y de emisi¨®n de informes de organismos p¨²blicos.

Para De Ribot, ¡°toda la tramitaci¨®n de esta urbanizaci¨®n est¨¢ llena de irregularidades¡± y ¡°nunca deber¨ªa haberse dejado construir este mamotreto¡±. Los ecologistas piden el derribo de toda la urbanizaci¨®n y la restituci¨®n de la zona ¨Cque sufri¨® la deforestaci¨®n de m¨¢s de tres hect¨¢reas de pinos y alcornoques y la extracci¨®n de miles de metros c¨²bicos de tierra-. Tambi¨¦n pidieron que se incluyera en el Registro de la Propiedad que estas viviendas est¨¢n bajo investigaci¨®n judicial para que los posibles compradores supieran que en caso que la justicia fallara a su favor, les derribar¨ªan las casas. El promotor recurri¨® pero hace dos semanas el TSJC fall¨® a favor de los naturalistas imponi¨¦ndoles una fianza de 1.000 euros. Esta semana la promotora ha vuelto a recurrir con car¨¢cter ¡°excepcional¡± y pide una aclaraci¨®n de la sentencia y que los ecologistas paguen una fianza de m¨¢s de 500.000 euros. La voluntad final es que el TSJC les acabe dando la raz¨®n.

Por su parte, el Consistorio est¨¢ convencido que se est¨¢n haciendo las cosas conforme a la ley y que la justicia les dar¨¢ la raz¨®n. La alcaldesa, Maite Selva, insiste en que todo se hace dentro de la legalidad y apunta ¨Caunque no fue bajo su mandato, sino del anterior alcalde, Joan Loureiro (ERC)- que ¡°si los proyectos cumpl¨ªan con la legalidad contemplada en el POUM vigente no pod¨ªan no conceder las licencias hace cuatro y cinco a?os¡±. Selva coincide con aquellos que se posicionan al lado de la actuaci¨®n municipal, alegando que ¡°cualquier cargo t¨¦cnico o pol¨ªtico no tiene m¨¢s remedio que tramitar las licencias, porque en caso de no hacerlo se podr¨ªa considerar prevaricaci¨®n¡±.

Begur con 4.039 habitantes cuenta con m¨¢s de 60 urbanizaciones y 5.449 viviendas, de las que m¨¢s de 3.500 (un 65%) son segundas residencias. Hay legalizadas 1.345 Viviendas de Uso Tur¨ªstico. La justicia tendr¨¢ la ¨²ltima palabra aunque con la tramitaci¨®n lenta y los posteriores recursos se calcula que no haya sentencia hasta dentro de uno o dos a?os y que sea firme en unos a?os m¨¢s. En caso que diera la raz¨®n a los ecologistas, ser¨ªa el Ayuntamiento de Begur quien deber¨ªa indemnizar a los propietarios afectados por el derribo.

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