Tres avales y un mismo administrador: as¨ª cobr¨® Basic Devices 35 millones a la Generalitat por la compra de mascarillas

Basic Devices (BD), la empresa que vendi¨® a la Generalitat de Catalu?a cinco millones de unidades sanitarias (mascarillas y equipos de protecci¨®n) contra el coronavirus por 35 millones de euros, consigui¨® la aprobaci¨®n de los mecanismos de contrataci¨®n p¨²blica con avales de empresas de la misma propiedad. Basic Devices no hab¨ªa trabajado anteriormente con la Administraci¨®n, por lo que la Generalitat le requiri¨® avales econ¨®micos para ejecutar una contrataci¨®n compleja y muy cara. Roger Parellada, administrador de BD, acredit¨® la solvencia de su empresa bas¨¢ndose en la capacidad econ¨®mica de otras compa?¨ªas externas a su nombre, seg¨²n acredita el expediente de contrataci¨®n al que ha tenido acceso EL PA?S. Parellada y sus socios presentaron el aval de cuatro empresas: este comisionista era o hab¨ªa sido administrador en tres. La contrataci¨®n se ejecut¨® en un mercado inflado tras unas sospechas iniciales de estafa, una denuncia retirada a los Mossos d¡¯Esquadra y dos d¨ªas de presiones a altos niveles.

La gran demanda internacional de material de protecci¨®n por la crisis de la covid llev¨® a la Generalitat a tomar decisiones de riesgo y a validar contratos p¨²blicos sin las garant¨ªas habituales para conseguir suministros. El Departamento de Salud busc¨® durante la primera ola nuevos proveedores que ofreciesen un acceso inmediato a la compra de mascarillas y equipos individuales. BD fue uno de ellos. La empresa consigui¨® un contrato de emergencia de 60 millones, aunque finalmente la cifra se redujo a 35. Este tipo de contratos se asignan a dedo por la urgencia de la situaci¨®n y la falta de tiempo para abrir una licitaci¨®n p¨²blica. La Oficina Antifraude de Catalu?a calific¨® en febrero la operaci¨®n como ¡°temeraria¡± por la falta de garant¨ªas, pero el consejero de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, defendi¨® en el Parlament asumir el riesgo para no quedarse sin unos suministros ¡°fundamentales¡± para los profesionales en plena primera ola.

El acuerdo con Basic Devices refleja el paradigma de los contratos de emergencia durante la pandemia por su convivencia entre el riesgo econ¨®mico y la necesidad sanitaria. La primera semana tras el estado de alarma, el 14 de marzo, murieron casi 500 personas en Catalu?a y la cifra aument¨® hasta las 2.650 v¨ªctimas en siete d¨ªas a finales de mes. El Gobierno catal¨¢n ejecut¨® el 19 de marzo la contrataci¨®n de cinco millones de unidades de protecci¨®n tras validar las garant¨ªas de la empresa y avanz¨® a los pocos d¨ªas esos 35 millones de euros. Las entidades bancarias, sin embargo, avisaron al Govern de que aquella transacci¨®n pod¨ªa comportar ¡°una estafa¡± porque el saldo medio de Basic Devices era ¡°mucho m¨¢s bajo¡±, tal como avanz¨® EL PA?S. El Ejecutivo catal¨¢n denunci¨® el caso ante los Mossos d¡¯Esquadra y pidi¨® ¡°aclaraciones de las operaciones financieras¡± a Parellada. La primera respuesta del empresario fue contundente: ¡°Vuestra actuaci¨®n es incomprensible (...) y esta situaci¨®n puede poner en peligro la vida de mucha gente¡±.

Un responsable t¨¦cnico que intervino directamente en la negociaci¨®n con Parellada admite las ¡°altas presiones¡± de aquellos d¨ªas entre departamentos, especialmente Econom¨ªa y Salud, pero reivindica la decisi¨®n tomada: ¡°No fueron las mascarillas m¨¢s baratas ni las m¨¢s caras del mercado. Si no hubi¨¦semos actuado nos habr¨ªan acusado de inacci¨®n¡±, considera. La operaci¨®n sali¨® finalmente adelante tras dos d¨ªas de conversaciones y largas negociaciones, alguna de hasta cinco horas. Hace unos d¨ªas, El Confidencial public¨® que el propio Parellada lleg¨® a contactar con Carola Mir¨®, la esposa del entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que mediara para desbloquear la situaci¨®n.

El Gobierno catal¨¢n compr¨® dos millones de mascarillas quir¨²rgicas a un euro la unidad; otros dos millones de FFP2 a 2,95 euros la pieza; y un mill¨®n de EPI a 20 euros, seg¨²n consta en la factura pertinente del Institut Catal¨¤ de la Salut, entonces liderado por Josep Maria Argimon. El material empez¨® a llegar a partir de finales de marzo y Salud confirm¨® que los suministros estaban en buen estado. El coste es inferior al que abon¨® la Comunidad de Madrid en el mismo periodo: el precio medio de una mascarilla fue de cuatro euros, seg¨²n un informe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n; y alcanz¨® los cinco cuando intervino Priviet Sportive, la empresa de la que cobr¨® el hermano de la presidenta de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, con la entrega de suministros defectuosos.

Los contratos por la v¨ªa de emergencia durante la pandemia pusieron en alerta a los diferentes ¨®rganos de control. La Sindicatura de Cuentas se?al¨® en febrero siete contrataciones del Govern por valor de 31,6 millones de euros, que ¡°se alejan de las necesidades destinadas a la protecci¨®n de la covid¡±: la Generalitat utiliz¨® esta v¨ªa para cerrar acuerdos relacionados con servicios veterinarios, licencias de Microsoft, c¨¢maras policiales o log¨ªstica inform¨¢tica para la recaudaci¨®n de un impuesto medioambiental, entre otros.

La misma Sindicatura public¨® el mi¨¦rcoles un informe en el que alertaba de un ¡°sobrecoste no razonable¡± de 1,55 millones de euros en el pago de 11,79 millones a Ferroser Servicios Auxiliares S. A. por la contrataci¨®n de los rastreadores de covid, adem¨¢s de otras irregularidades en contratos de emergencia por la epidemia. El Departamento de Salud comunic¨® el jueves que el consejero de Salud, Josep Maria Argimon, ha ordenado al Servicio Catal¨¢n de la Salud (CatSalud) que encargue ¡°de forma inmediata¡± una auditor¨ªa externa para investigar las irregularidades detectadas por la Sindicatura en contratos de los a?os 2019 y 2020.

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