La Polic¨ªa inicia la expulsi¨®n de un referente de la comunidad isl¨¢mica en Tarragona acusado de amenazar la seguridad nacional
Mohamed Said, que cuenta con el apoyo del PSC, ERC y Junts en el Ayuntamiento de Reus, niega los cargos y denuncia una persecuci¨®n
Mohamed Said no se lo explica. A sus 40 a?os, y tras 30 residiendo en Tarragona, ha recibido una notificaci¨®n de la Polic¨ªa que ordena su expulsi¨®n del pa¨ªs por amenazar la seguridad nacional. Le acusan de ¡°adoctrinamiento¡± en su comunidad, de difusi¨®n de ¡°postulados radicales proyihadistas¡±, de ¡°intentar injerir en la pol¨ªtica para desestabilizar al Estado espa?ol y sus instituciones¡± y le definen como uno de los ¡°principales referentes en Espa?a¡± del ¡°salafismo ortodoxo¡±. Arraigado en Reus, con tres hijos, esposa y un trabajo asalariado estable, ha iniciado una campa?a para lograr apoyos y que finalmente no se le expulse de un pa¨ªs al que lleg¨® a los 10 a?os, con sus padres, desde Larache (Marruecos). Denuncia que se le est¨¢ criminalizando y persiguiendo.
Su pesadilla empez¨® el pasado mi¨¦rcoles. ¡°La Polic¨ªa Nacional se present¨® en mi casa y me dio una citaci¨®n para el viernes: deb¨ªa presentarme en comisar¨ªa, con abogado, el pasaporte y el NIE¡±, explica, en conversaci¨®n con este diario. All¨ª le informaron de que se hab¨ªa iniciado un proceso de expulsi¨®n contra ¨¦l. Tramitado con car¨¢cter preferente, solo le dieron 48 horas para recurrir. Unas semanas antes, Said hab¨ªa recibido la denegaci¨®n de su solicitud de la nacionalidad espa?ola, con un argumento que ya pod¨ªa hacerle sospechar: ¡°Alegaban que soy una persona radicalizada¡±.
Said ha sido durante cinco a?os portavoz de la mezquita de Reus As-Sunnah, catalogada como salafista, y se?alada por el exministro del Interior Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz como una de las m¨¢s radicales. Al frente de la instituci¨®n, ha tratado con los medios, con el Ayuntamiento, con la comunidad local... ¡°Niego cualquier radicalizaci¨®n, cualquier defensa de la violencia¡±, repite. Y define el salafismo como ¡°una religi¨®n como la que practicaban nuestros abuelos¡±. En Catalu?a, una de cada tres mezquitas es salafista, seg¨²n datos de los Mossos d¡¯Esquadra del a?o 2016, con unos 80 centros de culto y otros 30 repartidos por el resto de Espa?a. La Polic¨ªa los monitoriza y sigue de cerca lo que se predica en ellas. ¡°He colaborado con los cuerpos de seguridad de la provincia para que no haya problemas¡±, cuenta Said, en referencia tanto a los Mossos como la Polic¨ªa Nacional. ¡°Y que ahora vengan y me acusen de cosas as¨ª...¡±, se lamenta.
En junio de 2020, dej¨® el cargo en la mezquita para emprender un nuevo proyecto, una asociaci¨®n por la defensa de los derechos de la comunidad musulmana (Adedcom). La decisi¨®n de expulsarle ha movilizado a vecinos, movimientos sociales y tambi¨¦n al Ayuntamiento de Reus. En un comunicado, firmado por los portavoces de partidos como Junts, ERC, PSC o la CUP, defienden su tarea ¡°mano a mano con las entidades y el Ayuntamiento¡± para ¡°garantizar los derechos¡± de los vecinos. El escrito del Consistorio asegura que Said siempre se ha ¡°implicado¡± en las actividades del municipio, que ha ¡°contribuido a una importante funci¨®n de cohesi¨®n social y de intercambio con la comunidad magreb¨ª y musulmana de Reus¡± y pide al Ministerio del Interior que tenga en cuenta ¡°su arraigo¡± antes de decidir expulsarlo. ¡°No creo que se mojen por una persona que sea radical¡±, insiste Said. En la ciudad se celebr¨® el lunes una concentraci¨®n de apoyo, con m¨¢s de 150 personas.
Parte de la resoluci¨®n policial, elaborada por los servicios de informaci¨®n, se basa en las propias manifestaciones p¨²blicas de Said, donde se ha mostrado un claro defensor del uso del hiyab, ha pedido que se pudiese estudiar religi¨®n isl¨¢mica en los colegios o el men¨² halal. ?l insiste en que todo est¨¢ en los medios, donde ha reivindicado los derechos de la comunidad isl¨¢mica. Y niega, como sostiene la Polic¨ªa, conflictos con otras instituciones, como la Comisi¨®n Isl¨¢mica de Espa?a o la Uni¨®n de Comunidades Isl¨¢micas de Catalu?a (Ucidcat). El informe tambi¨¦n menciona su actividad en las redes sociales, que asegura que le permite extender ¡°su ¨¢mbito de influencia¡± m¨¢s all¨¢ de Tarragona.
Uno de los temores de la Polic¨ªa, seg¨²n fuentes al corriente del caso, son las conexiones de Said, bien relacionado, al que atribuyen una voluntad de dedicarse a la pol¨ªtica. Una preocupaci¨®n de los sectores vinculados a la seguridad del Estado es que se estructure a la comunidad isl¨¢mica a trav¨¦s del salafismo pol¨ªtico. Said niega que esa sea su intenci¨®n y se pregunta, molesto, de d¨®nde lo han sacado. No es balad¨ª que el proceso de expulsi¨®n se inicie despu¨¦s de que se le haya denegado la nacionalidad espa?ola, un requisito para presentarse a elecciones auton¨®micas y generales. Said tambi¨¦n est¨¢ enfadado por las ¡°fake news¡± que corren en las redes desde que ha hecho p¨²blica su situaci¨®n. En concreto, un mensaje con miles de retuits que pone en su boca la frase: ¡°Todas las mujeres occidentales tarde o temprano tendr¨¢n que llevar velo isl¨¢mico¡±. Asegura que jam¨¢s ha dicho algo as¨ª.
Oficialmente, la Polic¨ªa ¨²nicamente confirma que se trata de una cuesti¨®n de seguridad nacional, sin facilitar ning¨²n otro detalle. El expediente administrativo, que Said ya ha recurrido, debe quedar resuelto en seis meses. La decisi¨®n final, que firma el secretario de Estado de Seguridad, es posteriormente recurrible por la v¨ªa judicial. Su caso sigue un patr¨®n similar a la expulsi¨®n, en 2013, de Noureddine Ziani, entonces presidente de la Uni¨®n de Centros Culturales Isl¨¢micos de Catalu?a y director del espacio catalanomarroqu¨ª de la Fundaci¨®n Nous Catalans, vinculada a la extinta Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya (CDC). Ziani fue deportado acusado de amenazar la seguridad del Estado. Fue se?alado como agente del servicio de inteligencia marroqu¨ª (DGED) e impulsor de la construcci¨®n de un centro salafista de referencia en Catalu?a. El Supremo ratific¨® su expulsi¨®n en 2015 y la prohibici¨®n de entrar en Espa?a durante 10 a?os.
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