L¨ªderes de la comunidad isl¨¢mica en el punto de mira

Los expedientes de expulsi¨®n a dos l¨ªderes de la comunidad isl¨¢mica, Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir, asentados desde hace d¨¦cadas en Catalu?a, bajo la acusaci¨®n de estar radicalizados y suponer un peligro para la seguridad nacional, infunden temor entre las entidades musulmanas. ¡°Es una situaci¨®n delicada¡±, afirma Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Uni¨® de Comunitats Isl¨¤miques de Catalunya (Ucidcat), que afecta a ¡°personas que llevan 20 o 30 a?os en Espa?a¡±. ¡°El miedo que tenemos es que se genere la idea de que ser representante de la comunidad conlleva un riesgo de expulsi¨®n¡±, se?ala. El letrado Iv¨¢n Aybar, que defiende a Said y Azbir, va m¨¢s all¨¢: ¡°No es de extra?ar que muchas comunidades isl¨¢micas tengan ahora problemas para cubrir los cargos de presidente¡±, explica por correo electr¨®nico.

Said lleg¨® a los 10 a?os a Espa?a ¡ªdonde ya lleva 30¡ª, con sus padres, y se ha dedicado desde Reus (Tarragona) a ser una de las caras visibles de la comunidad isl¨¢mica, primero como portavoz de la mezquita de la ciudad, As-Sunnah, y en los ¨²ltimos a?os como presidente de la Asociaci¨®n por la defensa de los derechos de la comunidad musulmana (Adedcom). Azbir vive en Vilanova i la Geltr¨² (Barcelona) desde hace 22 a?os, donde trabaja como barrendero, y es el presidente de la mezquita Al Furkan, pol¨¦mica por su vinculaci¨®n en el pasado con el terrorismo. Said m¨¢s hacia afuera, defendiendo los derechos de la comunidad isl¨¢mica, y Azbir m¨¢s volcado internamente, son dos referentes a los que la Polic¨ªa Nacional vincula con el salafismo y considera un peligro para la seguridad nacional. Ambos han recibido las ¨®rdenes de expulsi¨®n preferentes, a¨²n en tr¨¢mite, despu¨¦s de solicitar la nacionalidad espa?ola.

Medio centenar de los 285 centros de culto isl¨¢micos en Catalu?a, seg¨²n datos del Departamento de Justicia de 2020, siguen una corriente salafista que defiende una versi¨®n rigurosa del islam. En el caso de Said, la Polic¨ªa le vincula al ¡°salafismo m¨¢s ortodoxo¡±, dice que es uno de sus principales referentes, y le achaca un supuesto incremento de la radicalizaci¨®n en Tarragona. Entre otras cuestiones, tambi¨¦n le acusa de ¡°adoctrinar¡± a menores migrantes, defender la shar¨ªa y la yihad y querer injerir en pol¨ªtica con estas ideas, acusaciones que ¨¦l niega. ¡°La cuesti¨®n clave es si las ideas que se defienden se trasladan al ¨¢mbito externo de tal manera que suponen una amenaza o un peligro cierto, real y actual para la seguridad nacional o el orden p¨²blico¡±, esgrime el abogado Aybar, que reprocha que los informes policiales no aporten pruebas.

¡°Si han infringido las normas, que se les abra un procedimiento judicial. En uno administrativo, eres incapaz de defenderte. Ese es el problema¡±, lamenta el presidente de la Uni¨® de Comunitats Isl¨¤miques de Catalunya (Ucidcat), El Ghaidouni. ¡°Que se haga un proceso judicial normal, y que se decida lo que se considere¡±, comparte Farid Khattouti, secretario de la mezquita de Reus de la que Said fue portavoz, catalogada como salafista y que el exministro del Interior Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz se?al¨® como una de las m¨¢s radicales. Para Khattouti, las dos ¨®rdenes de expulsi¨®n trasladan la idea de que ¡°las personas m¨¢s influyentes o que m¨¢s se ven¡± son las que luego se arriesgan a ser expulsadas. ¡°Esto va a tener efectos directos e indirectos. Muchas personas van a reducir sus actividades¡±, a?ade el secretario de la mezquita de Reus, que define a Said como una persona abierta y conciliadora.

¡°Se trata de un aviso a navegantes¡±, consideran fuentes que conocen el contexto del islam en Catalu?a desde hace a?os. Las comunidades, indican, se han caracterizado ¡°por no quejarse¡± y ser ¡°poco combativas¡±, mientras perfiles como Said han peleado p¨²blicamente por cuestiones como el men¨² halal, el uso del velo o poder tener un cementerio propio, elementos esgrimidos por la polic¨ªa en su expediente de expulsi¨®n. Otras fuentes policiales se?alan el temor que suscita en los ¨¢mbitos de la seguridad del Estado que se estructure a la comunidad isl¨¢mica a trav¨¦s del salafismo pol¨ªtico. La nacionalidad espa?ola, solicitada por Said y por Azbir, es un requisito necesario para poder presentarse a elecciones auton¨®micas y generales. Ambos han recibido el apoyo de l¨ªderes pol¨ªticos locales. En el caso de Said, diputados de En Com¨² Podem, ERC, la CUP y Junts hicieron llegar una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que frenase el proceso de expulsi¨®n.

¡°No existe raz¨®n que motive la expulsi¨®n urgente de estas dos personas. Si de verdad supusieran un peligro cierto, real e inminente para la seguridad nacional o el orden p¨²blico, se hubiera procedido a su expulsi¨®n hace tiempo, en lugar de denegarles la nacionalidad¡±, opina el letrado Aybar. El abogado ha recurrido ambas ¨®rdenes de expulsi¨®n, insiste en que la Polic¨ªa no ha ¡°probado en modo alguno¡± que sus clientes supongan una ¡°amenaza para la seguridad nacional¡± y pide que se suspenda el procedimiento hasta que se resuelvan los procesos judiciales paralelos iniciados tras la denegaci¨®n de la nacionalidad. ¡°Es urgente desterrar de nuestro sistema legal toda posibilidad de expulsar a un extranjero sin aportar pruebas fehacientes¡± y sin que pueda ¡°presentarlas ante los tribunales de la justicia¡±.

Despu¨¦s de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, en 2017, se incoaron expedientes de expulsi¨®n a diversos l¨ªderes de la comunidad isl¨¢mica en Espa?a al considerarlos tambi¨¦n peligrosos para la seguridad nacional. Entre ellos, Yassine Lafraiki, im¨¢n del centro isl¨¢mico de Corella (Navarra), acusado de practicar el proselitismo salafista y buscar financiaci¨®n de organizaciones vinculadas al Estado Isl¨¢mico para construir una mezquita. Tambi¨¦n se orden¨® la expulsi¨®n de Mohamed Attaouil, l¨ªder de la mezquita de Salt (Girona), tambi¨¦n considerada salafista. Lafraiki fue expulsado. En el caso de Attaouil, que solicit¨® la nacionalidad, la expulsi¨®n fue suspendida.

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