La ley y la cuenta de resultados

En 2020, en plena pandemia, se produjeron 240.070 cortes de electricidad y 17.763 de gas en toda Espa?a. Familias monoparentales ¡ªmonomarentales, en realidad¡ª personas a quienes no alcanzaba el salario, la pensi¨®n o la prestaci¨®n social fueron las principales afectadas. Y ello a pesar de tener a su favor una legislaci¨®n que las proteg¨ªa, pues prohib¨ªa la interrupci¨®n del suministro en el conjunto de Espa?a y era especialmente garantista en Catalu?a, gracias a la ley 24/2015. Ellas no lo sab¨ªan. Las empresas suministradoras, s¨ª.

Un informe elaborado por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE) pone negro sobre blanco el impacto de la Ley 24/2015, que busca ofrecer alquileres sociales a las v¨ªctimas de desahucios y veta ¡ªcon el correspondiente informe de los servicios sociales¡ª los cortes de energ¨ªa por falta de pago. La n¨®mina de entidades que facilitan los datos en Catalu?a ¡ªla Generalitat, que lo centraliza todo, no tiene un registro propio y las empresas suministradoras no est¨¢n por la labor¡ª son todas aquellas que la Asociaci¨®n por la Transparencia y la Calidad Democr¨¢tica llevaron sin ¨¦xito a los tribunales por considerarlas privilegiadas en el reparto de subvenciones de Ada Colau. El 82% de las personas que recurrieron a estas entidades, sin embargo, recuperaron el suministro, no sin problemas, pues solo en 2021 en Barcelona 2.000 personas denunciaron haber sido objeto de coacciones por las el¨¦ctricas. De haber triunfado la querella interpuesta por los partidarios de la transparencia y la calidad democr¨¢tica, la oscuridad ser¨ªa tal vez mayor.

Hoy sabemos que esos cortes tienen nombres y apellidos. Se han solucionado casos como los de Margarita, Karen, Cristina, Mari Carmen o Ana. Pero el invierno se acerca, los precios se disparan, el Govern no est¨¢ motivado y las el¨¦ctricas se hacen el sueco. Hace unos d¨ªas la Taula del Tercer Sector y las entidades sociales anteriormente citadas acusaron a la Generalitat y las compa?¨ªas de ir al ralent¨ª en el cumplimiento de lo pactado.

Al Govern le faltan ganas de hacer cumplir los acuerdos y la ley. En Catalu?a hay instalados solo 37 contadores sociales de luz, frente a 914 de agua, y para este 2022 est¨¢ todav¨ªa por crear el previsto fondo solidario para afrontar la deuda. De lo ¨²nico que hay sobreabundancia es de alegaciones dilatorias por parte de las el¨¦ctricas. Es comprensible: est¨¢n inc¨®modas con una legislaci¨®n que gracias a ayuntamientos y entidades sociales evit¨® m¨¢s de 200.000 cortes en toda Catalu?a entre julio de 2015 y diciembre de 2020.

El pacto entre Endesa y la Generalitat ¡ªal que no se suman las restantes compa?¨ªas¡ª ha servido para condonar 30 millones de euros de deuda a m¨¢s de 35.000 familias. Falta por resolver un montante de 19 millones de euros correspondiente al a?o 2021. Aunque manuales y sabios recomiendan huir de la demagogia f¨¢cil, resulta tentador constatar que esos 19 millones son solo 4,7 millones de euros menos de lo que cobr¨® el a?o pasado el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio S¨¢nchez Gal¨¢n, quien en mayo calific¨® ¡ªcon el know how que ofrece el cargo¡ª de ¡°tontos¡± a quienes se acog¨ªan a la tarifa regulada. Iberdrola, por cierto, es una de las el¨¦ctricas que no ha firmado el pacto con la Generalitat para condonar la deuda.

En la Catalu?a de la pospandemia, y mientras el Govern sestea, otros act¨²an con la convicci¨®n de que las cuentas de resultados est¨¢n por encima de la ley.

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