Roger Torrent en el juicio por desobediencia: ¡°El Constitucional no puede prohibir un debate parlamentario¡±

En una intervenci¨®n de apenas 10 minutos, el expresidente del Parlament, Roger Torrent, ha admitido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que los servicios de la C¨¢mara le comunicaron sus ¡°dudas¡± sobre si las resoluciones tramitadas en 2019 contraven¨ªan al Tribunal Constitucional (TC), pero no le pidieron paralizarlas. El actual consejero de Empresa del Gobierno catal¨¢n est¨¢ siendo juzgado, junto con tres exmiembros de la Mesa del Parlament, por presunta desobediencia al TC al haber tramitado dos resoluciones como respuesta a la sentencia del proc¨¦s: una a favor de la autodeterminaci¨®n y otra en reprobaci¨®n de la monarqu¨ªa.

Torrent ha argumentado que su actuaci¨®n no desobedec¨ªa al Constitucional porque el Alto tribunal ¡°no puede prohibir un debate parlamentario entendido como expresi¨®n del inter¨¦s p¨²blico¡± y las resoluciones ten¨ªan un car¨¢cter de ¡°expresi¨®n pol¨ªtica¡± sobre las que la Mesa no pod¨ªa ¡°ejercer censura¡±. Tanto Torrent como los otros dos acusados que testificaban este viernes, Adriana Delgado y Eusebi Campdepadr¨®s, solo han respondido a las preguntas de sus abogados defensores, alegando inviolabilidad parlamentaria.

Josep Costa, exvicepresidente del Parlament, no ha declarado este viernes, ¨²ltima sesi¨®n del juicio. Abandon¨® la sala del TSJC ayer argumentando que era ¡°un simulacro¡±, despu¨¦s de que el tribunal rechazase su petici¨®n de suspender la vista por la elecci¨®n del tribunal. Costa ha defendido esta ma?ana su actuaci¨®n: ¡°No he hecho nada ilegal, ser¨ªa muy extra?o que tuviera ninguna consecuencia que no fuera que se escuchen mis razones¡±. Asegura que su objetivo es ganar el caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Sala Civil y Penal del TSJC que ten¨ªa previsto juzgarle le ha enviado un escrito permiti¨¦ndole comparecer este viernes ¡°para hacer uso de su derecho de defensa¡±, pero no se ha presentado.

La Fiscal¨ªa mantiene las penas solicitadas para los acusados: 20 meses de inhabilitaci¨®n y 30.000 euros de multa. En el caso de Adriana Delgado es una pena menor porque solo particip¨® en la tramitaci¨®n de una de las resoluciones (16 meses y 24.000 euros de multa).

En un momento de su intervenci¨®n, Torrent ha criticado que, hasta 2014, el Constitucional ¡°solo hac¨ªa un control constitucional de las normas ya aprobadas por el Parlament¡±. El jueves, durante la ronda de testificaciones, el secretario general del Parlament en esa ¨¦poca, Xavier Muro, manifest¨® las dificultades de la jurisprudencia del TC desde ese a?o: ¡°Todav¨ªa existen dudas sobre si se puede entrar en el an¨¢lisis del contenido de las iniciativas. Es una doctrina del Constitucional muy complicada de llevar a la pr¨¢ctica y as¨ª lo hemos puesto en su conocimiento reiteradamente¡±. El funcionario indic¨® que el TC permit¨ªa tramitar cualquier iniciativa parlamentaria mientras fuera correcta en las formas, pero que despu¨¦s del cambio de doctrina se ¡°obliga a analizar el concepto que hay detr¨¢s, algo de una complejidad que rebasa la capacidad de los servicios t¨¦cnicos¡±.

El juicio ha quedado visto para sentencia. Carlos Mir, presidente del tribunal, ha comentado al finalizar la sesi¨®n de este viernes que la sentencia tardar¨¢ en salir porque ¡°es complicada¡± y que emplear¨¢n ¡°el tiempo que haga falta¡±.

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