La pionera batalla judicial de una inquilina de Barcelona contra 10 cl¨¢usulas ¡°abusivas¡± de un gran propietario

¡°Sent¨ª tanta impotencia e injusticia ante el burofax recibido en 2020 que anunciaba una subida que triplicar¨ªa el precio de mi alquiler, que ten¨ªa dos opciones: o me marchaba del piso o luchaba para dar a conocer lo que me pasaba¡±. Habla S¨ªlvia Torres a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde este viernes se celebr¨® la primera jornada del juicio contra su casero, el fondo de inversi¨®n Azora. L...

¡°Sent¨ª tanta impotencia e injusticia ante el burofax recibido en 2020 que anunciaba una subida que triplicar¨ªa el precio de mi alquiler, que ten¨ªa dos opciones: o me marchaba del piso o luchaba para dar a conocer lo que me pasaba¡±. Habla S¨ªlvia Torres a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde este viernes se celebr¨® la primera jornada del juicio contra su casero, el fondo de inversi¨®n Azora. La vecina de Granollers (Barcelona) pide la nulidad de 10 cl¨¢usulas del contrato con que, entre otras cosas, el propietario pretend¨ªa una subida de la cuota mensual a partir del tercer a?o del contrato (que tiene una duraci¨®n de siete). Azora es uno de los mayores caseros de Espa?a y desde hace a?os han aflorado en varias ciudades quejas como la Torres en edificios administrados por la filial Lazora. En 21 folios, el contrato de Torres incluye cl¨¢usulas que ella considera fraudulentas.

La principal es que el contrato prev¨¦ que, pasados los primeros tres a?os, la renta subir¨¢ ¡°hasta casi triplicar el precio inicial¡±. ¡°De pagar 380 euros pasa a los tres a?os a 690 euros y hasta 897 al final¡± de los siete que tiene el contrato, explica Torres. El texto establece el precio inicial como ¡°una bonificaci¨®n¡± temporal. En otro apartado se impone al inquilino el pago de un seguro por impago, al margen de la renta mensual y con la compa?¨ªa que elige Lazora. Tambi¨¦n se exige la nulidad por una cl¨¢usula que afirma que el contrato ha sido negociado entre la empresa y el inquilino. El fondo de inversi¨®n lo niega todo. En una respuesta sobre el caso a un cuestionario por escrito, Lazora responde: ¡°Todas las cl¨¢usulas recogidas en nuestros contratos cumplen con la legislaci¨®n vigente¡±.

Torres alquil¨® el piso de Granollers cuando era propiedad de Solvia, en 2016. En verano de 2019, todos los vecinos del edificio recibieron una carta de Azora, comunic¨¢ndoles que hab¨ªa comprado la finca. Y a finales de a?o, cuando su contrato de alquiler estaba a punto de vencer, su nuevo casero le comunic¨® en un burofax las condiciones del nuevo, que ten¨ªan que firmar antes de enero. Entonces la ley hab¨ªa alargado los contratos de tres a?os a cinco, siete si el casero es una empresa. Desconfi¨® de las cl¨¢usulas, sobre todo de la que se refer¨ªa a la bonificaci¨®n y la subida a los tres a?os: ¡°Pero firm¨¦ porque entend¨ªa que ten¨ªa margen hasta la subida y pod¨ªa asesorarme. Otros vecinos de mi edificio se marcharon¡±, afirma. Otra imposici¨®n del casero, denuncia, fue que el contrato lo firmaran dos personas, y lo hizo junto a su padre.

La afectada ha llevado el caso a juicio de la mano del Sindicato de Inquilinos y el despacho de abogados Col¡¤lectiu Ronda. ¡°Son cl¨¢usulas abusivas porque incumplen la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU, en materia de protecci¨®n al arrendatario, y la normativa de consumo¡±, afirma la abogada Montse Serrano. La letrada equipara el caso con ¡°procedimientos judiciales del ¨¢mbito bancario que denunciaron la nulidad de cl¨¢usulas suelo o multidivisa: ahora es el momento de trasladar la valoraci¨®n de cl¨¢usulas abusivas a los contratos de alquiler¡±.

Si se declarara la nulidad afectar¨ªa solo al caso de Torres. Eso implica que no se aplicar¨ªa el aumento previsto en enero de 2023 y se le devolver¨ªan las cuotas del seguro. Sin embargo, s¨ª ¡°ser¨ªa un precedente para los otros contratos firmados por inquilinos con Azora que incluyen las mismas cl¨¢usulas¡±, contin¨²a Serrano. ¡°Las cl¨¢usulas aparecen sistem¨¢ticamente en centenares de contratos de alquiler de la empresa en Catalu?a y el resto de Espa?a¡±, afirma el sindicato. Seg¨²n sus datos, solo en Catalu?a hay nueve edificios gestionados por Lazora cuyos vecinos est¨¢n organizados: en Barcelona, L¡¯Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell y Granollers. En muchos casos, son edificios que hab¨ªan pertenecido a Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell. El fondo de inversi¨®n cifra en 7.500 las viviendas que tiene en Espa?a.

Otras cl¨¢usulas que la denuncia ve abusivas o fraudulentas son el derecho del casero a retener la fianza si no se cumplen condiciones de retorno del piso (no haberlo pintado, explica la abogada); o imponen hasta el triple del precio del alquiler diario si hay un retraso en la entrega de las llaves. Tambi¨¦n se obliga al inquilino a dar su consentimiento para que la empresa los pueda incorporar al registro de morosos, exonera al casero de responsabilidad en caso de interrupci¨®n de los suministros, o reserva el derecho del arrendador a visitar peri¨®dicamente la vivienda.

¡°Espero que la sentencia declare la nulidad y siente un precedente para ayudar a otras familias que sufren abusos¡±, conf¨ªa Torres, que recuerda adem¨¢s que las subidas situar¨ªan el precio de su alquiler muy por encima del ¨ªndice de referencia oficial de la Generalitat. Desde el Sindicato de Inquilinos, uno de sus portavoces, Enric Aragon¨¨s, aplaude la ¡°valent¨ªa¡± de la inquilina que denunci¨® a Azora y record¨® que los inquilinos de edificios gestionados por Azora fueron los primeros que en Catalu?a pidieron la regulaci¨®n del precio del alquiler.

La Ley catalana de contenci¨®n de rentas estuvo vigor un a?o y medio, a partir de septiembre de 2020, pero los art¨ªculos que permit¨ªan la regulaci¨®n fueron tumbados por el Tribunal Constitucional el pasado mes de mayo en respuesta a recursos del PP y el Gobierno. Aragon¨¨s tambi¨¦n se?al¨® que la ley de arrendamientos que prepara el Govern bas¨¢ndose en el C¨®digo Civil catal¨¢n prev¨¦ mayores garant¨ªas para los inquilinos a la hora de firmar los contratos. La futura normativa, con todo, no podr¨¢ regular los precios al tratarse de una competencia estatal.

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