Torrej¨®n de Ardoz reprueba la actitud de Fidere y Lazora
El pleno vota una declaraci¨®n que exige a los fondos de inversi¨®n mantener el precio del alquiler de sus viviendas
Los fondos de inversi¨®n han recibido un nuevo toque de atenci¨®n. El Ayuntamiento de Torrej¨®n de Ardoz ha reprobado este mi¨¦rcoles ¡°la actitud¡± de Fidere y Lazora, que han notificado aumentos de hasta el 100% del precio a aquellos arrendatarios que deseen renovar su contrato de alquiler. El texto, acordado por PP, PSOE y Podemos, muestra su apoyo a los afectados y pide a las compa?¨ªas facilidades para aquellos vecinos que deseen adquirir sus casas. Los fondos se excusan en que los inmuebles son viviendas de mercado libre.
La declaraci¨®n institucional tambi¨¦n reprueba a la Comunidad de Madrid por vender viviendas p¨²blicas a estas entidades. El pleno de Torrej¨®n, una localidad al este de la regi¨®n con 130.000 habitantes, ha estado repleto de afectados, que portaban camisetas naranjas en se?al de protesta. El alcalde, Ignacio V¨¢zquez (del PP, con mayor¨ªa absoluta), ha asegurado durante la sesi¨®n que se trata de "una subida abusiva de la renta de las viviendas" y se ha felicitado por el acuerdo alcanzado con todas las formaciones. Los fondos de inversi¨®n gestionan m¨¢s de 400 viviendas en el municipio.
Los afectados relatan que llevan meses recibiendo cartas para informarles de las nuevas condiciones. Mar¨ªa, que pide no revelar su nombre real por miedo a represalias, vive en la Avenida Joan Mir¨® desde 2017. Paga 538 euros por un piso de tres habitaciones. Si quiere continuar en ¨¦l tendr¨¢ que abonar casi mil euros, una cantidad a la que asegura no puede hacer frente. La mujer, cuya vivienda es propiedad de Lazora, destaca que los vecinos se est¨¢n marchando porque en algunos casos le doblan el precio del alquiler. ¡°A una familia que paga 407 euros por su casa, de dos dormitorios, ahora le piden 830. Es una subida abusiva. Las condiciones que ponen son inviables¡±, insiste. Un portavoz de Lazora explica que estas viviendas dejaron de ser p¨²blicas en enero de 2019 y que desde entonces aplican el precio del alquiler que marca el mercado libre.
Opci¨®n de compra
¡°Lazora ha mantenido siempre una relaci¨®n fluida con el Ayuntamiento de Torrej¨®n. Estuvimos reunidos con su alcalde a principios de mes. Estudiamos caso por caso y damos especial atenci¨®n a los de vulnerabilidad social, pero no podemos aceptar una soluci¨®n general¡±, ha reconocido un portavoz de Lazora. Mar¨ªa subraya que el fondo ¡°ocult¨®¡± a muchos inquilinos su derecho de compra, que pod¨ªan ejercer pasados siete a?os de la recepci¨®n de las viviendas. El portavoz de la compa?¨ªa insiste en que ¡°se inform¨® de los precios y los plazos concretos a todos los arrendatarios, aunque ninguno ejecut¨® la compra¡±.
Los afectados sostienen que Lazora aplica un porcentaje multiplicador, legal, que en algunos casos eleva el precio de las casas hasta los 340.000 euros, lo que dificulta la adquisici¨®n. Fuentes de Fidere explican que los edificios de su propiedad, situados en la Avenida Joan Miro y en la calle Juan Gris, fueron adquiridos en diciembre de 2014 al Banco Popular y que el anterior propietario fue Sacyr-Vallehermoso, por lo que aseguran que ninguno de los inmuebles tiene relaci¨®n con el paquete de viviendas adquirido a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo en 2013. Tampoco, afirman, fueron propiedad del IVIMA ni de la Comunidad.
Este fondo de inversi¨®n sostiene que el periodo de r¨¦gimen de vivienda protegida en sus inmuebles finaliz¨® en el verano de 2016, por lo que, desde hace tres a?os, son viviendas de arrendamiento libre. Su propuesta para los nuevos contratos, que afecta a 245 familias, es aumentar el precio del alquiler desde los 500 euros mensuales hasta los 850, pero de forma progresiva en los pr¨®ximos tres a?os. Aseguran que en la actualidad un piso de las mismas condiciones en la zona est¨¢ por encima de los 750 euros. El Ayuntamiento, sin embargo, exige a los fondos que las subidas no se produzcan y que se renueven los contratos de alquiler prorrogando los precios actuales, aunque ajust¨¢ndolos al IPC.
Tambi¨¦n pide que las empresas mantengan el precio m¨¢ximo fijado por la Direcci¨®n General de Vivienda y Rehabilitaci¨®n de la Comunidad de Madrid a aquellos arrendatarios que muestren su intenci¨®n de adquirir la vivienda y que descuente el 50% de la renta pagada durante los contratos de alquiler del precio final. Los afectados han agradecido el gesto de sus representantes pol¨ªticos, que no tendr¨¢ ninguna incidencia, reconocen. Algunos, sin embargo, se han mostrado desilusionados. Pensaban que el pleno declarar¨ªa non grato a los fondos, una iniciativa que ya se llev¨® a cabo el a?o pasado en San Sebasti¨¢n de los Reyes y Tres Cantos.
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