El sistema catal¨¢n de protecci¨®n de menores pierde casi dos tercios de los juicios

El paso de la Direcci¨®n General de Atenci¨®n a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) por los juzgados muestra un cierto grado de cuestionamiento judicial a sus decisiones administrativas. En los ¨²ltimos cinco a?os, la administraci¨®n catalana que vela por los derechos de ni?os y adolescentes ha sido condenada en 794 sentencias, casi dos tercios de los 1.279 procedimientos judiciales por los que ha pasado, seg¨²n los datos que el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, aport¨® recientemente como respuesta a una pregunta parlamentaria. El departamento que dirige apunta que ¡°la gran mayor¨ªa¡± de estas sentencias desfavorables se refieren a reclamaciones de las familias por el r¨¦gimen de visitas, y que no entran a cuestionar la retirada de la tutela. La asociaci¨®n Aprodeme, que representa a familias y que en junio compareci¨® en una comisi¨®n parlamentaria para pedir una renovaci¨®n del sistema, asegura que este es ¡°perverso¡±, recuerda que la mayor¨ªa de familias no tienen herramientas para recurrir judicialmente las decisiones, y afirma que la alta cifra de sentencias condenatorias ¡°demuestra que la Administraci¨®n corta por lo sano aunque se equivoque¡±.

El sistema de protecci¨®n a la infancia tiene el mandato claro de proteger al menor, y por eso est¨¢ dotado de mecanismos que le permiten intervenir inmediatamente cuando el riesgo del menor en su familia es demasiado elevado y ya se encuentra en una situaci¨®n de desamparo. El mecanismo m¨¢s importante, la separaci¨®n del n¨²cleo familiar, es una medida puramente administrativa, y no requiere la autorizaci¨®n de un juez. Algunas familias lamentan que en muchas ocasiones la Administraci¨®n act¨²a con un celo excesivo y no da opci¨®n a defenderse o a mejorar la situaci¨®n familiar para evitar la retirada de la tutela, y que, adem¨¢s, la mayor¨ªa de familias no tiene las herramientas ni los recursos para iniciar un proceso judicial.

Francisco C¨¢rdenas, presidente de Aprodeme, considera que el n¨²mero de sentencias contra la Dgaia, pese a que no cuestione las retiradas de custodia, ¡°indica la prepotencia de la Administraci¨®n y el maltrato a las familias, e indica que se equivoca a menudo, pero que prefiere esperar a que un juez le haga recular¡±. C¨¢rdenas, a quien la Dgaia retir¨® en 2009 una ni?a en proceso de adopci¨®n, lo que motiv¨® su activismo en la asociaci¨®n, afirma que el problema es que el sistema es ¡°perverso y kafkiano¡±, y que el alto n¨²mero de sentencias condenatorias demuestra que ¡°el propio sistema hace que los t¨¦cnicos tomen decisiones muchas veces injustas¡±. La asociaci¨®n afirma que los trabajadores, para no exponerse a que el riesgo familiar pueda aumentar, aplican criterios demasiado restrictivos que, en ocasiones, denuncian, llegan a ser arbitrarios. ¡°Hemos visto informes para acreditar desamparo que dec¨ªan que el ni?o iba con las u?as sucias o que la madre consum¨ªa espor¨¢dicamente alcohol. Y luego eres t¨² quien tiene que demostrar que eres inocente. El sistema est¨¢ muy preparado para intervenir, pero no tiene las herramientas para prevenir o acompa?ar¡±, se?ala C¨¢rdenas.

Por su parte, la Generalitat destaca que esta cifra de sentencias desfavorables en los ¨²ltimos cinco a?os es muy peque?a en relaci¨®n con los miles de personas que han pasado por el sistema en este tiempo, y que en muy pocos casos (seis en nueve a?os), la Dgaia ha tenido que pagar una indemnizaci¨®n a la familia biol¨®gica como consecuencia de un juicio. Adem¨¢s, Derechos Sociales recuerda que entre que se abre un expediente, la familia lo recurre a la justicia y hay una sentencia, pueden pasar meses o a?os, con lo que la situaci¨®n puede haber mejorado y el juez dicta a favor de la familia. ¡°Es positivo, porque procuramos que el menor pueda volver con la familia biol¨®gica siempre que sea posible¡±, destaca una portavoz del departamento.

La Dgaia tiene en su radar a 17.784 ni?os y adolescentes, el 12,8% de la poblaci¨®n catalana menor de edad, seg¨²n los ¨²ltimos datos disponibles, del mes de agosto. Estos son los que ese mes ten¨ªan alg¨²n tipo de expediente abierto. Alrededor de un 3% eran expedientes informativos; un 38% eran informes de riesgo grave, con una intervenci¨®n abierta; un 23% eran por desamparo (la mitad de los cuales, con una medida cautelar que implica la separaci¨®n del n¨²cleo familiar); un 36% de ni?os con expediente estaban ya bajo la tutela de la Generalitat; y sobre un 0,5% la Administraci¨®n ten¨ªa la guarda. Es decir, que entre los que estaban en situaci¨®n de desamparo con la medida de la separaci¨®n de su familia, y los que ya estaban en tutela o guarda por parte de la Generalitat, unos 8.450 ni?os y adolescentes, el 6,5% del total de menores catalanes ¡ªy casi la mitad de los que ten¨ªan un expediente abierto¡ª, estaban en agosto bajo alguna medida protectora de la Generalitat. De los menores con medidas protectoras, el 57,3% est¨¢ acogido en un recurso residencial, mientras que el resto est¨¢n en familias. En el sistema hay 2.061 menores extranjeros no acompa?ados (en su mayor¨ªa hombres y mayores de 16 a?os).

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