Los comunes, ¡°decepcionados¡± con el recurso del Gobierno contra la ley catalana antidesahucios
El PSC, que vot¨® la norma en el Parlament, dice que el PSOE ¡°hace lo que debe de hacer¡±
Los comunes liderados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han tachado este mi¨¦rcoles de ¡°gran decepci¨®n¡± que el Gobierno del presidente Pedro S¨¢nchez, del que forman parte, haya decidido recurrir ante el Tribunal Constitiucional el art¨ªculo de la ley catalana antidesahucios que obliga a grandes tenedores a hacer alquileres sociales a familias vulnerables que ocupan sus pisos. ¡°Es una gran decepci¨®n¡±, ha manifestado la concejal de Vivienda del consistorio barcelon¨¦s, Luc¨ªa Mart¨ªn, que, junto a Colau, fue del n¨²cleo fundador de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en 2009. El PSC, sin embargo, ha encajado la decisi¨®n con resignaci¨®n. Fuentes pr¨®ximas al Gobierno aseguran que el recurso anunciado el lunes ya ha sido presentado ante el TC.
La norma, impulsada por el Govern de coalici¨®n de ERC y Junts, se aprob¨® el pasado 23 de febrero por 110 votos a favor (los de ERC, Junts, PSC, CUP y comunes), 11 en contra y una abstenci¨®n. Ciudadanos y PP no votaron porque no se acept¨® su petici¨®n de que el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias emitiera un dictamen sobre si encajaba en la Constituci¨®n. El Gobierno ha recurrido la disposici¨®n adicional que recoge la necesidad de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda o de reclamar una deuda hipotecaria o un desahucio (si la persona que ocupa se encuentre en situaci¨®n de exclusi¨®n residencial) cuando las viviendas pertenezcan a grandes tenedores. El Gobierno considera que ese art¨ªculo afecta a la regulaci¨®n de la propiedad privada (al art¨ªculo 33 de la Constituci¨®n Espa?ola) y a la competencia en materia de legislaci¨®n civil.
¡°Nosotros hemos presionado para que no lo presenten¡±, ha afirmado la concejal de Barcelona y ha precisado que lo han ¡°expresado en el Consejo de Ministros, donde Joan Subirats [fundador de los comunes y ministro de Universidaddes] lo ha pedido, tambi¨¦n Yolanda D¨ªaz a los ministerios afectados¡¡±. Mart¨ªn ha reprochado a S¨¢nchez que ¡°si el argumento para recurrir es competencial, lo que deber¨ªa hacer es legislar desde el Gobierno¡±. ¡°Blackstone quiere regularizar ocupaciones, lo hace la SAREB, las entidades proponen alquileres sociales por debajo de mercado con compensaciones de las administraciones a los propietarios¡¡±, ha se?alado invitando a S¨¢nchez a hacerlo: ¡°Si es un tema de competencias, es incomprensible que no lo hagan¡±.
Mart¨ªn ha acusado al PSOE de ¡°tener resistencias a la hora de defender el derecho a la vivienda¡±. El Gobierno present¨® recurso tambi¨¦n contra la legislaci¨®n que regul¨® durante 18 meses el precio del alquiler en Catalu?a, ha recordado la concejal, que exige que ¡°el PSOE corresponsabilice a los grandes tenedores en la emergencia habitacional¡±. A diferencia de los comunes, Salvador Illa, l¨ªder del PSC y exministro del Gobierno de Pedro S¨¢nchez, que vot¨® a favor del texto, acogi¨® este mi¨¦rcoles la decisi¨®n con resignada disciplina. ¡°Las leyes se han de cumplir y es importante que tengamos la garant¨ªa de que cumplen con el ordenamiento constitucional y por tanto si el Gobierno de Espa?a estima que un art¨ªculo de esta ley no cumple, pues hace lo que debe de hacer¡±, dijo.
Desde el grupo impulsor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que acab¨® en la primera ley antidesahucios, la c¨¦lebre 24/2015, Maria Ant¨°nia Castellana ha considerado que ¡°en tanto que el recurso lo pone el Gobierno, cuando formas parte de una coalici¨®n eres corresponsable [en referencia a los comunes]¡±, y ha manifestado que mantienen un dialogo y est¨¢n ¡°presionando para que no se presente¡±. ¡°Aqu¨ª con el PSC no hemos tenido la misma respuesta, no nos contestan¡±. ¡°El PSOE lo tiene muy claro, sus leyes van a criminalizar la ocupaci¨®n y no han hecho ning¨²n gesto y se alinean con los poderes econ¨®micos, estamos hablando de pisos de grandes tenedores que estaban vac¨ªos y los ocupan familias vulnerables¡±.
Frente a esta visi¨®n, Junts lament¨® este mi¨¦rcoles que el Gobierno suele hacer interpretaciones ¡°sesgadas¡± de las leyes que aprueba el Parlament. Junts mostr¨® su queja justo cuando anunci¨® una proposici¨®n de ley para recuperar el contenido de la denominada Ley Ciur¨® ¨Cproyecto de la exconsejera de Justicia Lourdes Ciur¨®- que aspira a solucionar ocupaciones que alteran ¡°gravemente¡± la convivencia y se materialicen en pisos de grandes tenedores (propietarios de al menos una decena de viviendas (entre ellos la SAREB o fondos buitre, por ejemplo). La medida, destinada, dicen, a poner fin a ocupaciones ¡°delincuenciales¡± y de ¡°mafias¡±, pretende que Ayuntamientos y comunidades de propietarios insten al gran tenedor al desalojo. Y si en un plazo de un mes no lo acredita, que Consistorios y vecinos queden legitimados para impulsar el procedimiento. El objetivo es que esos pisos se destinen a un uso social. El proyecto, que aspiran a que se tramite por lectura ¨²nica, comportar¨ªa modificar el C¨®digo Civil de Catalu?a ¨Cpara que las comunidades tengan legitimidad activa para expulsar a quien no tiene un t¨ªtulo habilitante- y modificar la ley de Habitatge para que los Ayuntamientos pueden adquirir el uso temporal de la vivienda a alquiler social durante siete a?os.
El texto del Govern vuelve a poner en el centro del debate la propiedad privada que precisamente ahora el Gobierno acaba de recurrir. ¡°No es contradictoria con el recurso. Tampoco podemos desde el Parlament dejar de actuar temiendo que el Estado las pueda revertir y esperar que impere el sentido com¨²n¡±, afirm¨® la diputada Marta Madrenas. Batet lament¨® ese recurso al sostener que el Parlament tiene su propia autonom¨ªa y que el estado aplica su ¡°versi¨®n sesgada¡±. El diputado rebati¨® el diagn¨®stico de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, que cree que el proyecto de su antecesora carece de seguridad jur¨ªdica. ¡°Queremos resolver los conflictos de los vecinos y el trabajo las conselleras Ciur¨® y Cervera¡±, dijo Batet que ironiz¨® con si el Govern pretend¨ªa ahora de ejercer de oposici¨®n.
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