El Gobierno recurre al Constitucional la ley antidesahucios de Catalu?a

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un art¨ªculo de la ley catalana antidesahucios (Ley 1/2022) que inclu¨ªa medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ¨¢mbito de la vivienda y la pobreza energ¨¦tica. Seg¨²n consta en las referencias, el Consejo de Ministros solicita al presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, la interposici¨®n de este recurso que afectar¨¢ a un ¨²nico punto de la ley, ya que, seg¨²n el Gobierno, se ha alcanzado un acuerdo parcial con la Generalitat para modificar otros aspectos de la normativa. La Ley 1/2022 es una de las que han sucedido a la conocida como Ley de Desahucios, la 24/2015, que fue impulsada por entidades y se ha visto parcialmente suspendida varias veces por recursos de partidos o el Gobierno y posteriormente recuperada por nuevas mayor¨ªas en el Parlament o por los mismos tribunales.

Lo que cuestiona ahora el Gobierno es una disposici¨®n adicional que recoge la necesidad de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer demandas judiciales o de reclamar una deuda hipotecaria o un desahucio en determinadas circunstancias espec¨ªficas (en el caso de que la persona que ocupa se encuentre en situaci¨®n de exclusi¨®n residencial) cuando las viviendas pertenezcan a grandes tenedores.

El Ejecutivo considera que esa disposici¨®n adicional afecta a la regulaci¨®n de la propiedad privada (al art¨ªculo 33 de la Constituci¨®n Espa?ola) y a la competencia en materia de legislaci¨®n civil. Entiende adem¨¢s el Gobierno que se vulnera el principio de interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos, la igualdad y la competencia exclusiva del Estado en legislaci¨®n sobre expropiaci¨®n forzosa.

El Consejo de Ministros recuerda que el Tribunal Constitucional ya anul¨® esos preceptos en una sentencia de 2021 que se refer¨ªa al decreto ley de la Generalitat con medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

Aunque el Gobierno y Catalu?a negociaban para evitar este recurso, el plazo para impugnar la norma acaba este mi¨¦rcoles 7 de diciembre. Precisamente este lunes, el grupo promotor de la ley contra la pobreza energ¨¦tica y los desahucios en Catalu?a, formado por el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Catalu?a y la Alianza Contra la Pobreza Energ¨¦tica, hab¨ªa exigido al Gobierno no impugnar la norma. ¡°Ser¨ªa dif¨ªcil entender que un gobierno formado por dos partidos progresistas y que el pasado mes de marzo votaron a favor de aprobar esta ley en el Parlament de Catalu?a sean ahora impulsores de una posible impugnaci¨®n de la ley, o de alguna de las medidas que incluye, en el Tribunal Constitucional¡±, lamentaba ese grupo.

Seg¨²n un informe presentado por las entidades impulsoras el pasado mes de julio, la ley catalana habr¨ªa detenido entre 5.000 y 11.000 desahucios al a?o y 200.000 cortes de suministros en Catalu?a, recordaba este grupo, que apelaba a la responsabilidad de las instituciones en relaci¨®n con el derecho constitucional a una vivienda digna.

Al conocer la intenci¨®n del Gobierno de presentar el recurso, por parte del grupo de entidades que promovieron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dio lugar a la Ley antidesahucios en Catalu?a (la 24/2015), Maria Antonia Castellana, recuerda que ¡°el PP y VOX tambi¨¦n recurrieron la ley¡± y se?ala que ¡°ahora el Gobierno impugna el art¨ªculo 12 pero no pide su suspensi¨®n, por lo que la ley est¨¢ vigente¡±.

Castellana mantiene que ¡°las entidades han estado presionando para evitar el recurso y lo seguir¨¢n haciendo hasta el ¨²ltimo momento¡±. Sobre la afectaci¨®n que podr¨ªa tener la suspensi¨®n del art¨ªculo que prev¨¦ que a familias que han ocupado pisos de grandes propietarios y acreditan vulnerabilidad se les tenga que ofrecer alquiler social, la cuantifica en ¡°miles de familias¡±. Las entidades entienden que estas familias ocuparon en su d¨ªa por la gran cantidad de pisos vac¨ªos que hay y porque ¡°no ten¨ªan otro remedio¡±.

Por ¨²ltimo, y visto el recurso que habla de falta de competencias de Catalu?a para legislar en la materia, opina: ¡°Si el Gobierno cree que Catalu?a no tiene competencias, que legisle el Gobierno de una vez por todas en la Ley de Vivienda y no a favor de grandes fondos y tenedores que hacen negocio con nuestras viviendas¡±.

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