La reforma de la malversaci¨®n beneficiar¨¢ a 21 excargos p¨²blicos de ERC y Junts pendientes de juicio

La reforma del delito de malversaci¨®n que plantea el Gobierno podr¨¢ beneficiar a un total de 21 cargos y excargos p¨²blicos de la Generalitat que est¨¢n siendo investigados o esperan juicio por su participaci¨®n en el refer¨¦ndum ilegal del 1-O. Tres ¨®rganos judiciales mantienen abiertos procesos por ese delito contra responsables del Govern que impuls¨® el proc¨¦s en 2017: 12 de ellos fueron nombrados por Esquerra Republicana y otros nueve, por Junts per Catalunya o su antecesor, el PDeCAT. La rebaja de penas que prev¨¦ el acuerdo entre el PSOE y Esquerra para la malversaci¨®n cuando se produce sin ¨¢nimo de lucro ser¨ªa de aplicaci¨®n, en caso de condena, a todos ellos, coinciden las fuentes consultadas.

La titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona, Alejandra Gil, cerr¨® en 2019 una investigaci¨®n centrada en los gastos vinculados al refer¨¦ndum independentista y proces¨® a un total de 30 personas, incluidos empresarios y cargos del ejecutivo auton¨®mico de segundo nivel, quienes, siguiendo las instrucciones de los consejeros del Govern ¡ªjuzgados y condenados por el Tribunal Supremo¡ª ayudaron a organizar la consulta. La causa conducir¨¢ al banquillo a 11 cargos de confianza nombrados, en su mayor¨ªa (siete) por Esquerra, ya que los departamentos que ten¨ªa entonces bajo su control (Econom¨ªa o Asuntos Exteriores) llevaron el peso del 1-O.

La Fiscal¨ªa todav¨ªa no ha presentado su escrito de acusaci¨®n y tampoco lo ha hecho en una causa gemela que tambi¨¦n va camino de juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) investig¨® y proces¨® por los mismos hechos a otras tres personas: los diputados de Esquerra Llu¨ªs Salvad¨® y Josep Maria Jov¨¦ ¡ªconsiderados piezas clave del refer¨¦ndum¡ª y la actual consejera de Cultura, Nat¨¤lia Garriga, tambi¨¦n republicana. Los tres son aforados y por eso su causa la tramita el TSJC.

La reforma penal, coinciden las fuentes consultadas, dibuja un horizonte m¨¢s optimista para todos esos investigados. La causa del 13 se sigue por delitos que implican penas de inhabilitaci¨®n (como la prevaricaci¨®n) pero tambi¨¦n de prisi¨®n, como la falsedad documental y, sobre todo, la malversaci¨®n que afecta precisamente a los cargos p¨²blicos. La legislaci¨®n actual no distingue la malversaci¨®n con o sin ¨¢nimo de lucro y plantea penas que, para cantidades superiores a 250.000 euros (en su modalidad agravada) pueden llegar a los 12 a?os. La Fiscal¨ªa solicit¨® que la causa se siguiera por el procedimiento sumario ¡ªreservado a los delitos superiores a nueve a?os de c¨¢rcel¡ª, lo que da pistas sobre su planteamiento.

El acuerdo pactado entre los socialistas y los republicanos plantea dos modalidades para la malversaci¨®n. La que no conlleva ¨¢nimo de lucro oscila del a?o a los cuatro a?os de c¨¢rcel. Este es el marco en el que se mueven las causas judiciales sobre el proc¨¦s, que en ning¨²n caso han acreditado la existencia de un beneficio personal. La magistrada del juzgado 13 determin¨® que m¨¢s de 5,8 millones de dinero p¨²blico fueron ¡°gastados o comprometidos¡± en la celebraci¨®n de una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Y fij¨® esa cantidad como fianza para que los investigados hicieran frente a la responsabilidad civil en caso de condena.

Est¨¢ por ver si la Fiscal¨ªa presenta sus escritos en alguna de estas causas antes o despu¨¦s de que se apruebe la reforma y en qu¨¦ t¨¦rminos lo hace. Lo que es m¨¢s dif¨ªcil de determinar, coinciden las fuentes consultadas, es si la rebaja de penas ser¨¢ suficiente para librar a los procesados de la c¨¢rcel, ya que si se aplican en su grado m¨¢ximo (cuatro a?os) implican en principio el ingreso efectivo en prisi¨®n. Aunque esta posibilidad se aparece como cada vez m¨¢s lejana, dado que con toda probabilidad podr¨¢n beneficiarse de circunstancias atenuantes, como las dilaciones indebidas de un proceso que ha acumulado serios retrasos.

El otro frente judicial al que tambi¨¦n podr¨ªa tocar de lleno la pol¨¦mica reforma de la malversaci¨®n est¨¢ en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 18 de Barcelona, una causa m¨¢s reciente -comenz¨® el a?o pasado a ra¨ªz de una querella de la Fiscal¨ªa por un informe del Tribunal de Cuentas- y todav¨ªa sigue en fase de investigaci¨®n. Una decena de personas -ocho de ellas, cargos p¨²blicos nombrados en su d¨ªa por ERC o Junts- permanecen investigadas por presuntos contratos a dedo que el Gobierno catal¨¢n firm¨® para internacionalel proc¨¦s a?os antes del refer¨¦ndum del 1-O. Uno de los investigados es el exconsejero de Asuntos Exteriores de Esqurra Ra¨¹l Romeva, ya condenado por el Tribunal Supremo. Aunque los delitos -en caso de que se concreten los indicios- est¨¢n por definir, la querella inicial hac¨ªa alusi¨®n a prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y falsedad.

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