La reforma de la malversaci¨®n evitar¨ªa que al menos 12 ex altos cargos de ERC fueran a prisi¨®n

Esquerra Republicana ultima la enmienda con la que, aprovechando la tramitaci¨®n de la reforma expr¨¦s de la sedici¨®n en el C¨®digo Penal, pretende modificar tambi¨¦n el delito de malversaci¨®n. A la espera de la letra peque?a, el esp¨ªritu del cambio que comparten tanto los republicanos como el Gobierno evitar¨ªa penas de prisi¨®n al menos a doce ex altos cargos del partido de Oriol Junqueras con causas abiertas o ya condenados. En ninguno de esos casos est¨¢ certificado el lucro personal y ah¨ª radica la clave del texto que se cocina. El andamiaje jur¨ªdico pasa por que la acreditaci¨®n de ese beneficio personal vuelva a ser el centro de gravedad a la hora de fijar las penas, acabando as¨ª con la f¨®rmula aprobada en 2015 por el PP, que fij¨® el concepto m¨¢s global de administraci¨®n desleal de patrimonio y elev¨® los correctivos. En la lista de posibles beneficiados tambi¨¦n est¨¢ el expresident Carles Puigdemont, huido en B¨¦lgica, otros cargos de Junts y un rosario de puestos intermedios de la Generalitat en a?os anteriores.

La gran duda de la reforma es c¨®mo se garantizar¨¢ que el nuevo planteamiento no termine rebajando las penas a condenados que s¨ª han desviado recursos p¨²blicos para terceros, por ejemplo, para los partidos pol¨ªticos. En ese cambio, la pena m¨¢xima subi¨® de 8 a 12 a?os si se acreditaba que los fondos usados irregularmente superaban los 250.000 euros. Sin embargo, el car¨¢cter ¡°quir¨²rgico¡± de los cambios que se plantean permite perfilar cu¨¢l ser¨¢ el impacto de la reforma. Para ERC tiene caras: el grueso de los afectados ser¨¢n decenas de cargos de segunda fila, en algunos casos sin carn¨¦ de partido, que asumieron responsabilidades materiales (en muchos casos sin llegar a ejecutarlas y sin reflejo contable) en el dise?o del refer¨¦ndum de 2017 que la justicia luego declar¨® ilegal, o cuyas actuaciones nutrieron la estrategia de difusi¨®n internacional del ideario independentista.

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Marlaska dice que no habr¨¢ "relajaci¨®n" en las penas en la reforma de la malversaci¨®n

Los indultos otorgados por el Gobierno a gran parte de los rostros m¨¢s visibles del ¨®rdago liderado por el Ejecutivo de Puigdemont fueron una v¨ªa muy vistosa para desinflamar la situaci¨®n en Catalu?a. Pero para el objetivo de desjudicializaci¨®n que Pedro S¨¢nchez y el president Pere Aragon¨¨s pactaron en la mesa de di¨¢logo este instrumento se quedaba corto, al no solucionar la situaci¨®n de esa segunda fila a¨²n con causas abiertas. En el Juzgado N¨²mero 13 de Barcelona han sido procesados 30 excargos y empresarios en la causa que investiga los preparativos para el 1-O. De ellos, ocho son de ERC y a todos se les imputa un delito de malversaci¨®n que implicar¨ªa c¨¢rcel. A varios de ellos tambi¨¦n se les imputa prevaricaci¨®n o falsedad. Una de quienes se encuentran en esta situaci¨®n es la consejera de Cultura, Nat¨¤lia Garriga.

En ninguno de los casos se ha acreditado lucro personal, aunque la magistrada cree que m¨¢s de 5,8 millones de euros p¨²blicos fueron ¡°gastados o comprometidos¡± en la celebraci¨®n del refer¨¦ndum. Es la cantidad de la fianza fijada para hacer frente a la responsabilidad civil. All¨ª habr¨ªa que sumar otros dos nombres, Llu¨ªs Salvad¨® y Josep Maria Jov¨¦, de m¨¢xima confianza de Junqueras cuando estaba al frente de la vicepresidencia. Estaban aforados por ser diputados, aunque ahora Salvad¨® ha dejado el esca?o para asumir la presidencia del Puerto de Barcelona. A Jov¨¦ se le culpa de haber autorizado gastos por 2,1 millones de euros para financiar el refer¨¦ndum.

La otra investigaci¨®n que se ver¨ªa afectada es la del Juzgado N¨²mero 18 de Barcelona, al que la Fiscal¨ªa llev¨® los hechos analizados por el Tribunal de Cuentas sobre la financiaci¨®n de la acci¨®n exterior de la Generalitat que considera constitutivos de delito. El ministerio fiscal cree que 10 ex altos cargos de la Generalitat han malversado dinero p¨²blico. Cuatro pertenecen a las filas republicanas, pero dos (el ex secretario general de Acci¨®n Exterior, Aleix Villatoro, y el extitular del Diplocat, Miquel Royo, bajo el mandato de Puigdemont) tambi¨¦n est¨¢n en la causa anterior. De hecho, el recurso de Villatoro sobre la posible doble investigaci¨®n sobre el mismo hecho ha retrasado el avance de las causas a la espera de que la Audiencia de Barcelona decida qui¨¦n tiene la competencia. En el juicio al proc¨¦s, Ra¨¹l Romeva no fue procesado por el delito de malversaci¨®n y aqu¨ª s¨ª se le imputa por la supuesta concesi¨®n irregular de una subvenci¨®n de 40.000 euros a la FOCIR (Federaci¨®n de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas).

La eliminaci¨®n de la sedici¨®n y la malversaci¨®n no es la amnist¨ªa que ERC ans¨ªa y el Gobierno descarta, pero sus efectos en este colectivo ser¨ªan similares. La portavoz republicana, Marta Vilalta, ha anunciado este mi¨¦rcoles que efectivamente presentar¨¢n la enmienda, pero sigue manteniendo la discreci¨®n sobre su contenido. Un signo de que a¨²n hay espacio para cerrar un texto definitivo que, adem¨¢s, podr¨¢ ser transaccionado por otros grupos. En juego tambi¨¦n est¨¢ el futuro penal de Oriol Junqueras, Dolors Bassa y el secretario general de Junts, Jordi Turull, condenados igualmente por malversaci¨®n por el Tribunal Supremo. La reforma de los delitos de sedici¨®n y malversaci¨®n supondr¨ªa una revisi¨®n de sus condenas. Los eurodiputados Clara Ponsat¨ª, Toni Com¨ªn y el propio Puigdemont, en cuyos casos tampoco se ha constatado un enriquecimiento il¨ªcito, tambi¨¦n tendr¨ªan m¨¢s cercano en principio su posible regreso a Espa?a.

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