La justicia obliga a la Generalitat a pagar 304 millones por la liquidaci¨®n de Aig¨¹es Ter-Llobregat

La Generalitat tendr¨¢ que devolver 304 millones de euros a los propietarios de la antigua concesionaria de Aig¨¹es Ter-Llobregat (ATLL), la mayor privatizaci¨®n de un servicio p¨²blico acometida por un gobierno catal¨¢n y que acab¨® liquidada seis a?os despu¨¦s de su adjudicaci¨®n tras una sentencia que revocaba el concurso. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha acabado dando la raz¨®n parcialmente a Acciona y sus socios en aquella aventura empresarial y reconoce que la Administraci¨®n auton¨®mica debe pagarle 262,8 millones en concepto de canon pagado no amortizado, 38,2 millones por inversiones tampoco amortizadas y otros 3,3 millones de euros los costes sujetos a la licitaci¨®n y constituci¨®n de la sociedad.

Quien ingresar¨¢ ese dinero ser¨¢ Fortress, el fondo que adquiri¨® los derechos de cobro del juicio a los titulares iniciales por un importe de 170 millones m¨¢s variables. El fallo es recurrible a tribunales superiores, por lo que la decisi¨®n final previsiblemente se prolongar¨¢ en el tiempo. En 2015 la Generalitat hizo un apunte contable negativo por 380 millones de euros por si le obligaban a resolver el contrato, lo que le oblig¨® a computar esa cantidad como d¨¦ficit. En todo caso, desde el Departamento de Econom¨ªa y Finanzas aseguran que no hay hecha ninguna provisi¨®n.

La operaci¨®n de ATLL es retorcida: se adjudic¨® en tiempo r¨¦cord en 2012 en pleno periodo de acuciantes necesidades de caja de la Generalitat, una sentencia del Tribunal Supremo anul¨® el contrato en 2018, un a?o despu¨¦s el Govern decidi¨® liquidar el contrato por las presiones con la CUP y ah¨ª se abri¨® una guerra judicial con el consorcio vencedor del concurso. Al final el consorcio liderado por el grupo de servicios de la familia Entrecanales present¨® una demanda en la que reclamaba, por las inversiones realizadas y los perjuicios provocados por la resoluci¨®n anticipada del contrato hasta 1.064 millones de euros, una cifra que chocaba con la cantidad con la que la Generalitat pretend¨ªa remunerar a la concesionaria: 53,8 millones de euros.

Al final, los jueces de la secci¨®n quinta de la sala contencioso-administrativo del TSJC han estimado parcialmente la demanda pero han deso¨ªdo la petici¨®n de indemnizaci¨®n de 794 millones de euros por el lucro cesante, el dinero que preve¨ªan poder ganar en el conjunto de los 50 a?os de la concesi¨®n.

Una segunda sentencia publicada este jueves reconoce a la empresa el derecho a ser retribuida por la prestaci¨®n de servicio que hizo entre enero y febrero de 2019, y la tercera ordena que se le devuelva la garant¨ªa definitiva y resarcirla de los gastos de mantenimiento del aval desde que debi¨® producirse la devoluci¨®n hasta su definitiva cancelaci¨®n.

La sentencia no da la raz¨®n completamente del todo a Acciona al considerar que la liquidaci¨®n del contrato lleg¨® forzada por una sentencia anulatoria, por lo que no existir¨ªa ¡°incumplimiento contractual o un acto il¨ªcito¡±. El fallo basa su decisi¨®n en la jurisprudencia efectuada por el Tribunal Supremo.

ATLL volvi¨® a su f¨®rmula original de gesti¨®n p¨²blica en 2019, lo que supone que es la Generalitat la encargada de gestionar el tratamiento del agua desde su captaci¨®n hasta los dep¨®sitos municipales, desde donde es repartida a hogares y empresas por las suministradoras.

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