Por qu¨¦ el tribunal propone el indulto para Laura Borr¨¤s: no se lucr¨® y los trabajos que encarg¨® se hicieron

La decisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) de condenar a Laura Borr¨¤s a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel y, al mismo tiempo, solicitar al Gobierno que le conceda un indulto parcial para que no ingrese en prisi¨®n ha causado sorpresa. Una propuesta de ese calado no es ni mucho menos habitual, aunque el C¨®digo Penal prev¨¦ que los propios tribunales que dictan sentencia puedan solicitar la medida de gracia cuando, en funci¨®n del ¡°mal causado¡± y de las circunstancias personales del condenado, la pena resulte ¡°notablemente excesiva¡±.

Y eso es justo lo que aprecian los magistrados Jes¨²s Barrientos, Fernando Lacaba y Mar¨ªa Jes¨²s Manzano, que firman la sentencia del caso Borr¨¤s. La expresidenta del Parlament ha sido condenada por dos delitos: falsedad documental y prevaricaci¨®n administrativa. El primero de ellos es el ¨²nico que conlleva penas de prisi¨®n y lo ha cometido en su modalidad ¡°continuada¡±, o sea a lo largo del tiempo, lo que implica penas m¨¢s severas. La ¡°m¨¦trica penal¡±, dicen los jueces, es clara y deja poco margen de maniobra: la pena impuesta ha sido de cuatro a?os y medio de c¨¢rcel y ¡°en ning¨²n caso puede resultar inferior¡±, recoge la resoluci¨®n.

Pero, ?son los hechos ocurridos durante el mandato de Borr¨¤s al frente de la Instituci¨®n de las Letras Catalanas suficientemente graves como para que deba ingresar en prisi¨®n? Los magistrados no se hacen esa pregunta de forma expl¨ªcita, pero vienen a responder que no. Aunque pueda parecer contraintuitivo, concluyen que la pena de prisi¨®n ¡°resulta desproporcionada y excesiva para la realidad¡± de los delitos atribuidos a la presidenta de Junts. Aunque est¨¦n obligados (una vez que dan por probados ciertos hechos) a imponer esa pena, creen que resulta un castigo demasiado severo.

Poco despu¨¦s de ser nombrada directora de la ILC, Borr¨¤s encarg¨® al inform¨¢tico Isa¨ªas Herrero ¡ªun estrecho colaborador en proyectos profesionales anteriores¡ª que se encargara de impulsar la p¨¢gina web del organismo de la Generalitat que promueve la literatura en catal¨¢n. Cre¨ªa que lo har¨ªa bien y quer¨ªa que fuese ¨¦l quien hiciera los trabajos. Pero un encargo de esas dimensiones precisaba de un concurso p¨²blico, lo que dejaba a Herrero sin la absoluta garant¨ªa de ganarlo. Borr¨¤s decidi¨® entonces trocear ¡°de forma ficticia¡±, seg¨²n la sentencia, ese encargo global mediante 18 contratos menores que, por su escaso importe, pudo adjudicar a dedo. En ese camino decidi¨® que el inform¨¢tico presentara diversos presupuestos (falsos, tambi¨¦n) para simular la existencia de otros competidores.

Todo lo que hizo Borr¨¤s fue tratar de ¡°enmascarar¡± ante los organismos de control esa prevaricaci¨®n inicial. Pero lo cierto es que los trabajos se hicieron. Herrero ¡°llev¨® a cabo y ejecut¨®¡±, por s¨ª mismo o por encargo a terceros, todo lo que la directora le hab¨ªa encomendado para mejorar la p¨¢gina web del organismo. La ILC recibi¨® esos trabajos ¡°a plena satisfacci¨®n¡± (pese a unos retrasos en la fase final) y sin que se haya probado en ning¨²n caso que pagara m¨¢s de lo debido por ellos.

La otra circunstancia que lleva a los magistrados a pensar que la pena es excesiva es que nadie se ha llevado un euro a su bolsillo de forma injustificada. Tampoco Borr¨¤s, pese a que inicialmente fue procesada tambi¨¦n por malversaci¨®n. En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscal¨ªa descart¨® ese delito y circunscribi¨® la acusaci¨®n a la prevaricaci¨®n y la falsedad, delitos por los que ha sido condenada. No hay ninguna prueba, concluyen los magistrados, de que ¡°pudiera desprenderse la obtenci¨®n de lucro o beneficio econ¨®mico¡± por parte de Borr¨¤s, pero tampoco de Herrero o del tercer acusado, Andreu Pujol, que se prest¨® a elaborar presupuestos ficticios. En consecuencia, ¡°no consta perjuicio econ¨®mico para la ILC derivado de estos hechos¡±.

La duraci¨®n de la pena de prisi¨®n, sigue la sentencia, resulta ¡°excesiva¡± y, adem¨¢s, ya se le impone una pena de 13 a?os de inhabilitaci¨®n para ejercer cualquier tipo de cargo p¨²blico. Esa otra pena permite a los magistrados llegar a la conclusi¨®n de que ejecutar la pena de prisi¨®n y hacer que Borr¨¤s acabe entre rejas ¡°no es necesario para evitar la comisi¨®n de nuevos delitos¡±.

Los indultos los concede el Gobierno de forma discrecional una vez que la sentencia es firme. Todo apunta a que Borr¨¤s recurrir¨¢ la resoluci¨®n, que ha calificado de ¡°execrable¡±, ante el Tribunal Supremo. Los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJC ya han anunciado en su sentencia que en cualquier caso elevar¨¢n una propuesta de indulto al Ministerio de Justicia. Solicitan un indulto parcial para la pena de prisi¨®n y solamente en la parte que ¡°vaya a exceder de los dos a?os¡±. Es decir, que la pena quede en un tope de dos a?os para que sea posible su suspensi¨®n.

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