Puigdemont celebra una resoluci¨®n de un comit¨¦ de la ONU que dictamina que Espa?a no debi¨® suspenderlo como diputado

Carles Puigdemont ha dado a conocer una resoluci¨®n del Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU que dictamina que Espa?a le vulner¨® derechos pol¨ªticos al suspenderlo en 2018 como diputado del parlamento catal¨¢n cuando fue procesado por rebeli¨®n, antes de que fuera condenado. El expresident se apunta como un tanto el dictamen, al se?alar que se trata de ¡°la primera resoluci¨®n que afecta a un miembro del movimiento de independencia catal¨¢n en el exilio¡±. Lo considera una ¡°condena¡± para el Estado por la ¡°violaci¨®n¡± de sus derechos pol¨ªticos.

El fallo aprecia una vulneraci¨®n del art¨ªculo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos y cree que la suspensi¨®n previa a una condena, ¡°no fue por motivos previstos en la legislaci¨®n, que sean razonables y objetivos¡±. El comit¨¦, un organismo de expertos independientes que analiza el cumplimiento de los tratados internacionales, advierte que ¡°la suspensi¨®n excepcional de funciones p¨²blicas¡± impuesta antes de la existencia de una condena requiere de unas exigencias ¡°m¨¢s estrictas¡± que las aplicadas con posterioridad a la existencia del castigo judicial. Puigdemont, que actualmente se desempe?a como eurodiputado por Junts, manifiesta en un v¨ªdeo que el razonamiento del ¨®rgano de la ONU supone un rev¨¦s ¡°contundente¡± para el ordenamiento espa?ol. ¡°Es el momento de que Espa?a tome decisiones ya. Hace demasiado tiempo que dura. Han venido otras condenas contra Espa?a y creo que vendr¨¢n m¨¢s. Y Espa?a no hace nada¡±, reprocha.

La resoluci¨®n, recogida por la agencia Europa Press, a?ade que en el caso del expresident ¡°una aplicaci¨®n del derecho interno que resulte autom¨¢ticamente en la suspensi¨®n de funciones de oficiales electos, por presuntos delitos sobre la base de hechos p¨²blicos y pac¨ªficos, con anterioridad a la existencia de una condena, precluye un an¨¢lisis individualizado de la proporcionalidad de la medida¡± y por tanto incumple los requisitos de razonabilidad y objetividad que exige la normativa internacional.

El comit¨¦ ordena a Espa?a ¡°adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro¡± y le requiere que en un plazo de 180 d¨ªas informe sobre las medidas que ha tomado para aplicar el dictamen. El dictamen a?ade que el Estado no ha demostrado que la aplicaci¨®n del delito de rebeli¨®n y del art¨ªculo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que regula el procesamiento ¡°cumpla con el requisito de previsibilidad¡± que exige el art¨ªculo 25 del Pacto.

En agosto, el comit¨¦ ya se pronunci¨® en el mismo sentido respecto al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y los exconsejeros Ra¨¹l Romeva, Josep Turull y Josep Rull, y dictamin¨® que vieron sus derechos vulnerados al ser suspendidos de sus funciones p¨²blicas antes de ser condenados.

Uno de los 15 miembros del comit¨¦ que firman el dictamen ha a?adido una opini¨®n parcialmente disidente, en la que afirma que Puigdemont no agot¨® las v¨ªas jur¨ªdicas internas antes de presentar esta denuncia --lo que formalmente impedir¨ªa que fuera admitida-- y en la que considera no sufri¨® una vulneraci¨®n del art¨ªculo 25 del Pacto sino que ¡°deliberadamente no respet¨® la ley y las decisiones del Constitucional y el Supremo¡±.

Puigdemont tambi¨¦n denunci¨® que el Tribunal Constitucional (TC) dictara medidas cautelares para impedir que pudiera someterse a una sesi¨®n de investidura a distancia, como quer¨ªa hacer ¨¦l para evitar ser detenido si regresaba a Espa?a. Sin embargo, en este punto el comit¨¦ no comparte los argumentos de Puigdemont y se?ala que no existe ¡°un derecho a ejercer determinados derechos pol¨ªticos o un derecho de retorno para ejercerlos --incluso si ello pudiera motivar el rechazo a extraditar o deportar a la persona--, particularmente cuando el requisito de presencia f¨ªsica busca proteger derechos pol¨ªticos de otros parlamentarios e, indirectamente, de su electorado¡±.

En este sentido, el comit¨¦ a?ade que ¡°incluso eludido de la justicia, el autor pudo ejercer diversos derechos pol¨ªticos fuera del territorio del Estado parte, incluyendo su candidatura como diputado¡± al Parlament y ejercer el voto por delegaci¨®n en el pleno hasta que fue suspendido.

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