Tamara Carrasco, la ¡®cdr¡¯ que estuvo un a?o sin poder salir de su municipio, reclama una indemnizaci¨®n al Gobierno

Tamara Carrasco, una mujer de Viladecans que fue detenida por un delito de terrorismo y que se pas¨® un a?o sin poder salir de su municipio, reclama al Gobierno que responda patrimonialmente por ello. Carrasco fue finalmente juzgada por un delito de incitaci¨®n a los des¨®rdenes p¨²blicos y absuelta. En un escrito remitido al Ministerio de Justica, compara el agravio de la medida cautelar que le imped¨ªa salir de su ciudad con la prisi¨®n preventiva que sufren personas posteriormente absueltas. Y entendiendo que ella no fue encarcelada, s¨ª considera que sufri¨® da?os morales por la privaci¨®n de libertad deambulatoria, y lo cifra en la mitad que se paga, seg¨²n la jurisprudencia, a las personas que han estado en prisi¨®n: 60 euros por d¨ªa. En total, 24.660 euros por los 411 d¨ªas en los que estuvo en vigor la disposici¨®n.

En la reclamaci¨®n, interpuesta por el abogado Benet Salellas, y avanzada por Vilaweb, critica la resoluci¨®n judicial cautelar tomada por la Audiencia Nacional, que instruy¨® inicialmente la causa contra Carrasco por los delitos de terrorismo, rebeli¨®n y sedici¨®n. Carrasco era la autora de un audio, en un momento ¨¢lgido del proc¨¦s, donde informaba de una reuni¨®n de los CDR con medidas para provocar des¨®rdenes. En la sentencia absolutoria, el tribunal neg¨® que Carrasco diese consignas para alentar esos des¨®rdenes. ¡°Se trata de una medida con afectaci¨®n clara y directa al derecho de libertad deambulatoria¡± en un proceso que acab¨® con la absoluci¨®n de Carrasco, critica el escrito. Una medida que considera ¡°indebida¡± y que exige una reparaci¨®n por los ¡°da?os morales¡±. Y cita como ejemplo la denegaci¨®n del tribunal de la petici¨®n de Carrasco de cuidar de su madre, que se hab¨ªa fracturado un pie y viv¨ªa en otro municipio.

Tambi¨¦n se?ala que ¡°no existe precepto que ampare la decisi¨®n judicial de limitar la libertad deambulatoria de un ciudadano en forma de confinamiento municipal¡±, con la excepci¨®n de que una v¨ªctima de un delito solicite medidas de protecci¨®n, que no era el caso. La disposici¨®n judicial, sigue, ¡°ni se justifica en t¨¦rminos de objetivo leg¨ªtimo y necesario en una sociedad democr¨¢tica¡±.

Carrasco ha presentado la reclamaci¨®n antes de que expire el a?o desde que devino firme su sentencia absolutoria, que confirm¨® el Tribunal Supremo en mayo de 2022. El Ministerio de Justicia ha notificado al abogado de Carrasco que ha recibido la reclamaci¨®n, dispone de un a?o para tramitarla, y para responder deber¨¢ pedir un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre su expediente, informa Europa Press. En el caso de que el Ministerio considere que la activista no debe ser indemnizada, Carrasco podr¨ªa recurrir a la v¨ªa judicial mediante un contencioso administrativo y elevarlo si fuera el caso al Supremo.

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