Collboni abordar¨¢ la reforma del 30% de vivienda social en Barcelona despu¨¦s del verano

El nuevo gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que encabeza el alcalde, Jaume Collboni (PSC), abordar¨¢ a partir de septiembre la reforma de la norma urban¨ªstica que impuls¨® su antecesora, Ada Colau, y que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos de los edificios de m¨¢s de 600 metros cuadrados a vivienda social (sean de obra nueva o grandes rehabilitaciones). Lo dan por hecho tanto fuentes del sector inmobiliario como de la oposici¨®n en el Ayuntamiento. Y casa con el ritmo y la intensidad con la que Collboni habla de la necesidad de reformar una norma que vot¨® cuando se aprob¨® en 2018, pero que considera que no funciona porque consigue ¡°resultados muy modestos¡±, al tiempo que recuerda que fue un compromiso electoral. La patronal de los promotores, APCE, asegura que desde que entr¨® en vigor, apenas se han concedido licencias para 53 pisos sociales, mientras que el gobierno municipal hablaba antes de las elecciones de unos 120, en tr¨¢mite o en construcci¨®n (m¨¢s 500 que se perdieron por las moratoria en aplicar la norma). El alcalde, adem¨¢s, apunta que podr¨ªa tener apoyo pol¨ªtico, y recuerda que grupos municipales como Junts apostaban en su programa por revisar el 30%. El PP quer¨ªa derogar la norma.

Desde la precampa?a, el ahora alcalde argumenta que ¡°si la norma busca aumentar la oferta de alquiler asequible y no funciona, y frena las inversiones en vivienda, hay que cambiarla¡±. Su receta pasa por ¡°monetizar¡± la obligaci¨®n de que los promotores hagan vivienda p¨²blica: en vez de construir el 30% en el mismo edificio donde hagan pisos de mercado libre, que aporten al Ayuntamiento dinero para hacerlo. Asegura que Par¨ªs o Nueva York lo han hecho. Los comunes, socios de Collboni en el mandato pasado, se llevan las manos a la cabeza: ¡°El 30% no se puede diluir, es eficaz y ¨²til para construir vivienda asequible en cualquier barrio de la ciudad. La idea de monetizar y que los promotores paguen al Ayuntamiento para construir desmonta la filosof¨ªa de corresponsabilizar al sector privado¡±, lamenta quien fue responsable de Urbanismo en el mandato pasado, Janet Sanz. Los primeros ocho pisos fruto del 30% comprados por el Ayuntamiento estaban ubicados en el barrio del Congr¨¦s del distrito de Sant Andreu. ¡°Collboni tiene que decidir si es el alcalde de la gente que necesita vivienda o de los grupos de presi¨®n¡±, a?ade y asegura que los promotores saldr¨ªan doblemente beneficiados si se flexibilizara la norma, porque precisamente ¡°por el 30% el precio del suelo se ha abaratado¡±.

La f¨®rmula de la monetizaci¨®n, explican fuentes del sector, surge de conversaciones entre los colegios de Arquitectos, Aparejadores, APCE y la fundaci¨®n H¨¤bitat 3, que gestiona vivienda social de entidades. De hecho, lo han insinuado en los ¨²ltimos tiempos tanto el decano de los Arquitectos, Guim Costa, como el de los Aparejadores, Celest¨ª Ventura. Desde la patronal APCE, su presidente Xavier Vilajoana, expone las peticiones de su sector: ¡°Eliminar el 30% en las grandes rehabilitaciones, aumentar los metros m¨ªnimos para que se aplique de 600 a 2.400 metros cuadrados, y que se pueda monetizar el coste de hacer estos pisos, teniendo en cuenta el mercado de cada distrito de la ciudad, y aportarlo al Ayuntamiento a cambio de no hacerlos en el mismo edificio¡±. Por parte del COAPI, su director del ¨¢rea jur¨ªdica y portavoz, Carles Sala, ve ¡°urgent¨ªsimo eliminar el 30% en la rehabilitaci¨®n y, en un contexto de necesidad de hacer edificios m¨¢s sostenibles, no perseguir a los promotores sino estimular actuaciones integrales para afrontar el cambio clim¨¢tico¡±. En el caso de la promoci¨®n, Sala afirma que ¡°los datos datos p¨²blicos apuntan a un fracaso absoluto¡± y a?ado que ¡°el problema no es el coste de la vivienda sino los salarios¡±.

En el caso de las rehabilitaciones, el anterior ejecutivo municipal abri¨® tres expedientes que podr¨ªan acabar en multas millonarias a promotores de reformas en el Eixample a quienes acusa de no haber reservado el 30% de los pisos a viviendas de protecci¨®n oficial, troceando la solicitudes de licencia para encubrir que se trataba de reformas integrales.

Las entidades que promovieron el 30%, una f¨®rmula que sale de exprimir la Ley catalana del derecho a la vivienda, aprobada por el tripartito progresista en 2007, han sido muy cr¨ªticas ante la postura del PSC de flexibilizar la norma. Cuando el PSC, todav¨ªa en el gobierno municipal, llev¨® a votaci¨®n una proposici¨®n al respecto (en marzo de 2023), acusaron a los socialistas de ¡°plegarse a los intereses de las promotoras¡± y de no hablar con las entidades (PAH, Sindicato de Inquilinas y Observatori DESC). Entienden que si los promotores pudieran evitar mezclar vivienda p¨²blica y privada ¡°supondr¨ªa segregar todav¨ªa m¨¢s la ciudadan¨ªa por su renta, porque los pocos suelos o edificios disponibles se encuentran en los barrios m¨¢s perif¨¦ricos¡±. Las entidades recuerdan adem¨¢s que en 2018 ¡°el PSC condicion¨® su voto favorable a no suspender la concesi¨®n de licencias hasta que no entrara en vigor, por lo que muchas promociones quedaron exentas¡±. ¡°La propuesta de Collboni es inaceptable, ineficaz y clasista¡±, concluyen.

M¨¢s all¨¢ de la reformulaci¨®n del 30%, en su programa electoral, en materia de vivienda Collboni promet¨ªa un ¡°Plan Vivir en Barcelona¡± para aumentar el parque de vivienda protegida y pasar de las 32.000 asequibles actuales, a 50.000 en 2030 y 100.000 en 2050. La previsi¨®n es hacer 1.500 al a?o. Para financiarlas, la idea es exigir a la Generalitat que resuelva el d¨¦ficit de 163 millones con el Consorcio de la Vivienda de Barcelona y que de las 10.000 que tiene previsto construir, 2.300 est¨¦n en Barcelona.

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