Una ret¨®rica que no ayuda a la amnist¨ªa

La posibilidad de una amnist¨ªa para los independentistas encausados y condenados por hechos relacionados con la declaraci¨®n unilateral de independencia de 2017 se va abriendo paso argumental en medios jur¨ªdicos que hace apenas unos meses consideraban que no era posible. Juristas de renombre piensan que puede encajar en la Constituci¨®n mediante una ley org¨¢nica que delimite con claridad los hechos que puede abarcar y los motivos por los que se adopta una medida tan excepcional. La justificaci¨®n de la amnist¨ªa es uno de los escollos m¨¢s importantes, porque la ley ser¨¢ sin duda recurrida ante el Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe. El PP ya lo ha anunciado y cualquiera de los jueces implicados en alguna de las causas puede plantear una cuesti¨®n de constitucionalidad.

Tanto el PSOE como Sumar tienen decidido explorar esta v¨ªa, no solo porque es una exigencia de Junts y de ERC para apoyar la investidura de Pedro S¨¢nchez, sino porque la an¨®mala situaci¨®n del ex presidente Carles Puigdemont y el hecho de que haya tantas causas abiertas es un factor de inestabilidad pol¨ªtica en Espa?a. S¨¢nchez considera la posible amnist¨ªa como una prolongaci¨®n de la estrategia del reencuentro emprendida con los indultos y la supresi¨®n del delito de sedici¨®n. La operaci¨®n del perd¨®n le supuso un coste electoral, pero menor del que muchos auguraban. Tras pasar por las urnas, puede considerar que ha recibido el aval pol¨ªtico que necesitaba. Pero para sacar adelante la amnist¨ªa en la actual coyuntura necesitar¨¢ algo m¨¢s que voluntad pol¨ªtica. Necesita la colaboraci¨®n de los beneficiarios de la medida, y de momento, los independentistas no parecen facilitar las cosas.

Junts contin¨²a con una ret¨®rica inflamada que se empe?a en presentar la amnist¨ªa como una derrota del Estado y una legitimaci¨®n de los procedimientos ilegales usados en su estrategia unilateral. Como han se?alado eminentes juristas, la amnist¨ªa supone una suspensi¨®n de la legalidad para determinados hechos considerados delictivos, pero tal medida de gracia debe justificarse por la obtenci¨®n de un bien superior. Ese bien ser¨ªa el encauzamiento del conflicto catal¨¢n hacia v¨ªas dialogadas. Pero si una de las partes del conflicto, precisamente la destinataria de la amnist¨ªa, se empe?a en mantener la ret¨®rica de la confrontaci¨®n y proclama que est¨¢ dispuesta a persistir en la v¨ªa unilateral que ha provocado los procesamientos, el argumento con el que se justificar¨ªa no se sostiene.

El PP se ha lanzado ya a una feroz campa?a preventiva que sigue la misma estrategia utilizada contra el Estatut de 2006: manifestaciones, recogida de firmas, pronunciamientos institucionales y el recurso a los tribunales si la ley prospera. Sanchez y su gobierno mantienen un mutismo estricto, para no dar alas a la estrategia del PP, cuya sobreactuaci¨®n tiene como objetivo desviar la atenci¨®n del casi seguro fracaso de la investidura de N¨²?ez Feijoo. Tanto Junts como ERC tendr¨¢n que cambiar la ret¨®rica y el discurso si quieren allanar el camino de la amnist¨ªa. De lo contrario se arriesgan a un desastre que no solo les arrastrar¨¢ a ellos. Puede suponer la derrota de las fuerzas progresistas, las ¨²nicas que pueden propiciar un nuevo ciclo pol¨ªtico que aborde la crisis territorial y constitucional en la que entr¨® Espa?a tras la sentencia del Estatut de 2010.

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