Entrevista desde la c¨¢rcel con una asesina

El mi¨¦rcoles se pudo escuchar por las ondas del matinal de la radio p¨²blica catalana, en horario de m¨¢xima audiencia, a una mujer presa por asesinar a su expareja defender su inocencia y se?alar a una sociedad machista, a un jurado ignorante y a un fiscal demasiado preparado como los culpables de una sentencia injusta. Se trata de Rosa Peral, un personaje interpretado en la ficci¨®n por ?rsula Corber¨® en la nueva serie de Netflix El cuerpo en llamas sobre el crimen de la Guardia Urbana que se ha colocado en lo m¨¢s visto de la plataforma. La Generalitat ha sancionado a Peral por saltarse los cauces internos para entrevistarse con un periodista desde la c¨¢rcel ahora que vuelve a ser el centro de atenci¨®n. Su caso abre un debate complejo: ?Tienen derecho los presos a expresarse libremente en los medios de comunicaci¨®n?

¡°Absolutamente, s¨ª. Es un derecho fundamental¡±, asegura el secretario de medidas penitenciarias de la Generalitat, Amand Calder¨®. La instituci¨®n que representa Calder¨® ha castigado a Peral con la limitaci¨®n de sus llamadas en la c¨¢rcel a familiares directos despu¨¦s de que aprovechase esa v¨ªa para conceder la entrevista a El Mat¨ª de Catalunya R¨¤dio. La misma t¨¦cnica que se us¨® para otra entrevista, el d¨ªa antes, en Y ahora Sonsoles de Antena3. En el documental Las cintas de Rosa Peral dio un paso m¨¢s, con las videollamadas, y adem¨¢s de la voz, se le ve tambi¨¦n la cara. ¡°Es un mal uso de la confianza que la instituci¨®n deposita en el interno¡±, se?ala Calder¨®, sobre el uso de las llamadas autorizadas como un bypass para hablar con periodistas. Calder¨® insiste en que nadie le neg¨® una entrevista a Peral porque jam¨¢s la pidi¨®.

Los presos tienen derecho a hablar con los medios de comunicaci¨®n. Lo dej¨® claro una sentencia del Tribunal Constitucional de 2020 despu¨¦s de la denegaci¨®n de la entrevista a un interno en C¨®rdoba con eldiario.es. La decisi¨®n conculc¨® la libertad de expresi¨®n del preso, la libertad de informaci¨®n del periodista y el derecho de los ciudadanos a ser informados libremente. Y supuso una suerte de ¡°censura previa¡± ante el temor alegado por la direcci¨®n de la prisi¨®n de que el preso criticase la situaci¨®n en la c¨¢rcel. A ra¨ªz del caso, el Ministerio del Interior redact¨® una instrucci¨®n que regula las autorizaciones de entrevistas en las c¨¢rceles que hasta entonces no exist¨ªa. Y determina los tres elementos que se ponderan como l¨ªmite a ese derecho: la seguridad de la prisi¨®n, el proceso de reinserci¨®n del preso y los efectos en las v¨ªctimas del delito.

¡°Es una decisi¨®n t¨¦cnica, que se eval¨²a caso a caso¡±, indican fuentes de instituciones penitenciarias, que insisten en que la prioridad es siempre el derecho de comunicaci¨®n del preso. El a?o pasado se solicitaron 12 entrevistas al Ministerio del Interior, de las que se tramitaron 9: seis se autorizaron y tres se denegaron. En Catalu?a, con las competencias transferidas, no existe una norma por escrito a la que atenerse. ¡°Aplicamos lo mismo que dice la instrucci¨®n de Madrid¡±, asegura Calder¨®, que no descarta redactar tambi¨¦n un reglamento. Recuerda que la ley ¡°reconoce expl¨ªcitamente el derecho del interno, pero puede tener restricciones¡±.

¡°La norma supone cierta discrecionalidad. Son cuestiones vagas e interpretadas por personas que no son jueces¡±, objeta Carles Mart¨ªnez, presidente de la comisi¨®n de Derechos Penitenciarios del colegio de abogados de Barcelona. Mart¨ªnez apuesta por una regulaci¨®n m¨¢s clara: ¡°Cualquiera de los tres motivos puede concurrir en una petici¨®n: siempre hay una v¨ªctima, siempre puede afectar al centro y tambi¨¦n a tu propio itinerario¡±. Una realidad, dice, generalizada, que los presos padecen en todos los ¨¢mbitos, desde la petici¨®n de un tercer grado hasta la autorizaci¨®n para hacer entrar una calculadora o una radio. ¡°El mundo penitenciario funciona as¨ª¡±, resume.

En la pr¨¢ctica, algunas entrevistas en los medios de comunicaci¨®n se realizan por una puerta trasera. Los internos autorizan a un periodista como persona de confianza que le visita a trav¨¦s de un locutorio. El futbolista Dani Alves, preso preventivo acusado de violar a una joven en una discoteca, concedi¨® una entrevista a La Vanguardia. Acredit¨® a la periodista, que lo comunic¨® a la direcci¨®n del centro. La Generalitat se?ala que no hubo enga?o y que la entrevista fue por escrito, una modalidad que consideran que tiene menos repercusi¨®n para el centro, para el propio preso y para la v¨ªctima. El reglamento del Ministerio del Interior detalla que en los presos preventivos, como el caso de Alves, se comunica al juzgado que investiga el caso, que puede vetar el encuentro. Algo que no consta que se hiciese con el futbolista.

¡°Las v¨ªctimas tambi¨¦n tienen cierto derecho al silencio y a confiar en el relato de la sentencia judicial¡±, defiende el abogado penalista y doctor en Derecho Marc Molins. Considera que usar las llamadas telef¨®nicas para conceder entrevistas supone ¡°subvertir el leg¨ªtimo control¡± que ejercen los centros penitenciarios. ¡°La cultura de interpretaci¨®n de m¨¢ximos de los derechos fundamentales est¨¢ bien implementada en nuestros centros penitenciarios¡±, defiende. Y a?ade que ¡°los l¨ªmites tienen una operatividad, un fundamento¡± y deben poderse aceptar. ¡°Las dudas en este problema hay que aislarlas de la forma m¨¢s favorable al mantenimiento de la verdad judicial y de protecci¨®n de la v¨ªctima¡±, opina.

La abogada de Rosa Peral ya ha anunciado que recurrir¨¢ las sanciones que han impuesto a su cliente ante el tribunal de vigilancia penitenciaria. Con la pol¨¦mica caliente sobre la mesa, Calder¨® asegura que Peral hubiese obtenido seguramente la autorizaci¨®n para hablar con un medio de comunicaci¨®n. ¡°En ning¨²n momento le hemos denegado una entrevista y reconocemos su derecho a hacerla¡±, dice, sin negar que el ¡°ruido medi¨¢tico perjudica a su itinerario de protecci¨®n, al de su entorno y al de la v¨ªctima¡±. De haberla autorizado, la f¨®rmula adecuada hubiese ¡°por locutorio, de manera escrita¡±. Calder¨® tambi¨¦n admite que no recuerda otra sanci¨®n similar a ning¨²n preso. A ra¨ªz de las entrevistas de Peral, Albert L¨®pez, el otro condenado por el caso de la Guardia Urbana a 20 a?os de prisi¨®n, tambi¨¦n ha visto restringidas sus llamadas de manera preventiva.

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