El Constitucional reconoce el derecho de los presos a hablar con la prensa

El Tribunal Constitucional ha instado al Ministerio del Interior a que permita y regule en las c¨¢rceles las entrevistas a presos, cuyo derecho a la libertad de expresi¨®n se ve coartado al prohibirles conversar con periodistas, una pr¨¢ctica habitual por parte de Instituciones Penitenciarias en los ¨²ltimos a?os cuando se trata de reclusos preventivos o medi¨¢ticos, seg¨²n denuncian las asociaciones de periodistas. El alto tribunal reconoce ¡ªen una sentencia notificada este martes y que sienta un precedente al no existir doctrina previa¡ª el derecho de informaci¨®n de la prensa para dar voz a los internos y de la ciudadan¨ªa a conocer sus opiniones y cr¨ªticas al sistema penitenciario. La negativa de Interior para conceder entrevistas a presos medi¨¢ticos contrasta con la postura de la Generalitat, que ha permitido recientemente a numerosos medios entrevistar a los pol¨ªticos presos del proc¨¦s.

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Cuesti¨®n de derechos

El Constitucional ha resuelto un recurso de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Andaluc¨ªa (APDHA), que elev¨® una queja tras la negativa de la c¨¢rcel de C¨®rdoba a que un preso com¨²n concediera una entrevista, una decisi¨®n ratificada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 8 de Andaluc¨ªa y la Audiencia de C¨®rdoba, cuyo criterio ha corregido ahora el alto tribunal. Instituciones Penitenciarias decide sobre cada petici¨®n de entrevista de la prensa que tramita, pero sin un protocolo establecido. ¡°El silencio legal [por la falta de regulaci¨®n para entrevistas] no puede entenderse como libertad para restringir a su antojo esos derechos, sino todo lo contrario, como una falta de habilitaci¨®n para restringirlos¡±, reza la sentencia. Para el tribunal, para denegar una entrevista no basta con alegar que hay peligro ¡°para la seguridad y el buen orden del centro¡±, sino que la negativa debe estar "motivada de manera suficiente y razonable".

Al prohibir la entrevista al recluso de la c¨¢rcel de C¨®rdoba, esta vulner¨® sus derechos ¡°a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducci¨®n y a comunicar libremente informaci¨®n veraz por cualquier medio de difusi¨®n¡±, razona el alto tribunal.

Instituciones Penitenciarias alega que trabaja en la elaboraci¨®n de una instrucci¨®n para regular el acceso de la prensa a las c¨¢rceles. ¡°En los ¨²ltimos 19 meses ¡ªdesde la entrada del Gobierno de Pedro S¨¢nchez¡ª los centros penitenciarios se han abierto a los medios de comunicaci¨®n, desde el respeto a la libertad de expresi¨®n, el derecho a la informaci¨®n y sobre todo desde el escrupuloso respeto a los derechos de las v¨ªctimas. Se ha permitido el acceso a periodistas tras el estudio exhaustivo de cada solicitud¡±, responde una portavoz. Instituciones Penitenciarias autoriza la elaboraci¨®n de reportajes, pero suele denegar las entrevistas a presos, sobre todo preventivos, ya que puede interferir en su causa penal.

Tras d¨¦cadas de silencio y una pol¨ªtica muy restrictiva, en 2018 el Defensor del Pueblo urgi¨® a Instituciones Penitenciarias a regular y permitir el acceso de los periodistas a las c¨¢rceles con la modificaci¨®n del art¨ªculo 49.5 del Reglamento penitenciario, pero el ruego cay¨® en saco roto. ¡°La sentencia es muy importante porque reconoce la vulneraci¨®n de los derechos de las personas privadas de libertad y la opacidad a la hora de saber qu¨¦ ocurre dentro de la prisi¨®n. Esperamos que este rapapolvo del Constitucional contribuya a reducir la persecuci¨®n de la Administraci¨®n Penitenciaria contra quienes denunciamos la vulneraci¨®n de derechos humanos en los centros penitenciarios¡±, ha denunciado Valent¨ªn Aguilar, coordinador de APDH.

El proceso que ha culminado este martes comenz¨® hace tres a?os, cuando un preso condenado a 58 a?os de c¨¢rcel por robos y lesiones concedi¨® una entrevista a un periodista de eldiario.es en la que criticaba el trato dispensado por la c¨¢rcel de C¨®rdoba, tras lo que fue sancionado, castigo que revirti¨® el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la ciudad andaluza. El periodista hab¨ªa acudido a la prisi¨®n en calidad de amigo del recluso. A continuaci¨®n, APDH solicit¨® la entrevista por escrito a la prisi¨®n y esta aleg¨® que no exist¨ªa motivaci¨®n para concederla ni garant¨ªa de que se mantuviera la seguridad del centro. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la Audiencia de C¨®rdoba dieron la raz¨®n a la prisi¨®n.

Ante la negativa de la c¨¢rcel para conceder la entrevista, la Sala Segunda del Constitucional discrepa ahora al tildarla de "censura previa", y recuerda que ¡°el control previo de contenidos no est¨¢ amparado constitucionalmente (¡­) Las resoluciones que limiten los derechos de los reclusos, aparte de respetar los l¨ªmites constituciones y legales, deber¨¢n estar motivadas de manera suficiente y razonable¡±. Aguilar a?ade: ¡°En 2017 y 2018 no se autoriz¨® ninguna entrevista desde Instituciones Penitenciarias. Se ha interpuesto querellas por decir que en las c¨¢rceles se tortura, cuando lo dice la ONU. Se intenta silenciar las voces cr¨ªticas, una pol¨ªtica que ha sido efectiva porque hay muy pocas voces disidentes. La sociedad obtiene una informaci¨®n muy manipulada y tiene todo el derecho a saber y entender por qu¨¦ el ¨ªndice de reincidencia es del 30%¡±.

Este mi¨¦rcoles la Asociaci¨®n de la Prensa de Sevilla ha subrayado que el fallo del Constitucional consagra tres derechos fundamentales: la libertad de expresi¨®n de los presos, la libertad de informaci¨®n veraz de los periodistas y el derecho de la ciudadan¨ªa a recibir la informaci¨®n e ideas por cualquier persona. ¡°La sentencia supone un hito por la libertad de expresi¨®n. Todo poder teme a la libertad de expresi¨®n y de informaci¨®n, la considera sus grandes enemigos. Todos sacan pecho en defensa de una supuesta defensa de estas libertades y todos intentan silenciarlas¡±, ha recordado Rafael Rodr¨ªguez, presidente de la asociaci¨®n de periodistas sevillanos. Tras el fallo, esta asociaci¨®n propondr¨¢ a la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas (FAPE) que eleve un recurso al Constitucional para que se pronuncie sobre las ruedas de prensa sin preguntas y el veto a periodistas y medios de comunicaci¨®n por parte de cargos p¨²blicos en las Administraciones.