Arag¨®n rechaza el traspaso a Catalu?a de la gesti¨®n del principal afluente del Ebro: ¡°No tiene sentido trocear el r¨ªo¡±
La Plataforma en Defensa de l¡¯Ebre tambi¨¦n cuestiona las pretensiones de la Generalitat
El Gobierno de Arag¨®n se opone a la petici¨®n formal de delegaci¨®n de competencias que realizar¨¢ la Generalitat al Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica para gestionar la totalidad del r¨ªo Segre, el principal afluente del Ebro. ¡°Defenderemos la unidad de la cuenca para que contin¨²e dependiendo de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Ebro (CHE), como desde hace 100 a?os. No tiene sentido trocear el r¨ªo¡±, aseguran a este diario fuentes del Ejecutivo aragon¨¦s. El traspaso de competencias de esta cuenca es una reivindicaci¨®n hist¨®rica de diferentes partidos catalanes.
Arag¨®n, donde gobierna una coalici¨®n del PP con Vox, tambi¨¦n rechaza el traspaso de poderes apoyado en el lastre que, dicen, supondr¨ªa para su agricultura. ¡°Aqu¨ª tampoco sobra el agua. El a?o pasado perdimos la mitad de las cosechas, que suponen 1.500 millones de euros¡±, afirman desde el gobierno de Arag¨®n, que descarta completamente un trasvase. Desde que nace en el municipio franc¨¦s de Llo hasta desembocar en el Ebro, el r¨ªo Segre atraviesa gran parte de Lleida y es competencia de la CHE, que depende del Gobierno.
El Segre riega miles de hect¨¢reas agr¨ªcolas del Canal de Urgell y rellena las reservas del embalse de Mequinenza (Arag¨®n), que se encuentra al 80% de su capacidad y que ha permitido a ciudades como Tarragona esquivar las peores restricciones de la sequ¨ªa. Adem¨¢s, sirve como suministrador de agua de boca de algunos municipios distribuidos alrededor de la infraestructura hidr¨¢ulica. De hecho, en 2008, el entonces conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, intent¨® sacar adelante un trasvase del Segre para llevar agua al ¨¢rea metropolitana de Barcelona para hacer frente a la sequ¨ªa. El proyecto, sin embargo, no vio la luz ante las movilizaciones de los agricultores de Lleida, del Bajo Ebro y la negativa de la CHE, que prefiri¨® una conexi¨®n con el agua sobrante del Ebro en Tarragona.
La Generalitat tiene, en la actualidad, competencias para vigilar los niveles de los embalses como Rialb (Lleida), que est¨¢ al 29% de capacidad, con 116 hect¨®metros c¨²bicos. La Agencia Catalana del Agua (ACA) se encarga de este control de inspecci¨®n. El consejero de Acci¨®n Clim¨¢tica, David Mascort, mantuvo el lunes una reuni¨®n con la ministra de Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera, en la que, adem¨¢s de acordar la construcci¨®n de dos nuevas desalinizadoras y la llegada de barcos desde Valencia, puso sobre la mesa la posibilidad de que Catalu?a controlara totalmente la cuenca del Segre. El Ministerio de Ribera espera una ¡°petici¨®n formal¡± del Govern sobre este traspaso. ¡°Delegar las competencias de un r¨ªo cuando nace en una comunidad y muere en otra es muy complicado. Ahora se lo haremos llegar formalmente (al Gobierno), porque t¨¦cnicamente no lo ven¡±, reconoci¨® Mascort en el Parlament.
Las reticencias a una delegaci¨®n de competencias de la cuenca bajo el paraguas de la Generalitat no solo resuenan m¨¢s all¨¢ de los Monegros. ¡°Desde la plataforma en Defensa del Ebro siempre hemos defendido que los r¨ªos est¨¢n delimitados por las monta?as y no tienen que ver con las administraciones. Las fronteras administrativas pueden cambiar, pero los r¨ªos y sus cuencas no¡±, explica Susanna Abella de la Plataforma en Defensa de l¡¯Ebre, la entidad que aglutin¨® la oposici¨®n a la pol¨ªtica de trasvases del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar (PP) de 2001, y tambi¨¦n de la interconexi¨®n entre Tarragona y Barcelona iniciada por el Govern tripartit (PSC, ERC e iniciativa), en 2008. ¡°Nos posicionamos a favor de la unidad de la cuenca. Nos guste o no estamos dentro de ella¡±, a?ade Abella.
Uno de los argumentos precisamente de la Generalitat para reclamar la ¡°delegaci¨®n¡± en la gesti¨®n (una petici¨®n todav¨ªa no formalizada, seg¨²n fuentes del Ministerio) es la mejora de la eficiencia en los sistemas de riego de la zona para ahorrar en el consumo de agua. La exconsejera de Acci¨®n Clim¨¢tica Teresa Jord¨¤ (ERC), predecesora de David Mascort, reivindicaba en febrero de 2023 que ese ¡°ahorro¡± ten¨ªa que acabar siendo gestionado por Catalu?a. Desde la Plataforma en Defensa del Ebre, sin embargo, denuncian que en demasiadas ocasiones la mejora de los sistemas de riego no acaba beneficiando ni al r¨ªo ni a sus ecosistemas. ¡°Las nuevas t¨¦cnicas han acabado destinadas a hacer crecer regad¨ªos y duplicar las cosechas¡±, reprocha Abella.
El traspaso de competencias, un galimat¨ªas
No es la primera vez que el modelo de gesti¨®n de los r¨ªos que fluyen por m¨¢s de una comunidad generan conflictos jur¨ªdicos entre comunidades. Los primeros antecedentes para cambiar las competencias de una cuenca se remontan a enero de 2009, cuando Andaluc¨ªa adquiri¨® la completa gesti¨®n del Guadalquivir, previo acuerdo con el Gobierno, porque el 90,2% de esta cuenca transcurre por su territorio y casi la totalidad de sus recursos van a parar a esta comunidad. Para los casos del Guadalquivir y del Ebro, en los que el conflicto surge con otras comunidades (en el caso andaluz, con Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia; en el caso catal¨¢n, con Arag¨®n), la Constituci¨®n establece en el art¨ªculo 149 que el Estado tiene ¡°competencia exclusiva sobre (...) la legislaci¨®n, ordenaci¨®n y concesi¨®n de recursos y aprovechamientos hidr¨¢ulicos¡±. A la ruptura de la cuenca apel¨® la Junta de Extremadura al Tribunal Constitucional, que tumb¨® en marzo de 2011 el art¨ªculo 51 de la reforma de 2007 del Estatuto andaluz, que otorgaba a Andaluc¨ªa estas competencias exclusivas sobre la cuenca del Guadalquivir.
Andaluc¨ªa control¨® durante dos a?os y 10 meses, los usos, las concesiones de agua y las infraestructuras hidr¨¢ulicas. Tras el recurso extreme?o, la Junta andaluza acab¨® acab¨® devolviendo en octubre de 2011 al Gobierno el control sobre las aguas del Guadalquivir porque no encontraron una soluci¨®n que cumpliera con el fallo del Constitucional, aunque intentaron acogerse al art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n, que permite al Estado delegar competencias mediante una ley org¨¢nica. El Gobierno de Mariano Rajoy desech¨® finalmente la cesi¨®n de la jurisdicci¨®n de la cuenca del Guadalquivir.
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