El Constitucional tumba el traspaso del Guadalquivir a Andaluc¨ªa

El Gobierno socialista andaluz recibi¨® ayer otra mala noticia. El Tribunal Constitucional anul¨® el art¨ªculo 51 del nuevo Estatuto de Autonom¨ªa, que otorgaba a la comunidad las competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y que no afectan a ninguna otra comunidad. El alto tribunal acord¨® por unanimidad declarar este art¨ªculo inconstitucional, atendiendo el recurso planteado por la Junta de Extremadura, gobernada tambi¨¦n por los socialistas. Con esta decisi¨®n, el Constitucional tumba la disposici¨®n m¨¢s simb¨®lica del nuevo Estatuto de Andaluc¨ªa.

Las tres fuerzas pol¨ªticas andaluzas que apoyaron la reforma estatutaria en el refer¨¦ndum del 18 de febrero de 2007 (PSOE, PP e IU) acordaron trabajar juntas por mantener el consenso que hizo posible el Estatuto.

A¨²n no se conoce la sentencia, de la que es ponente el magistrado Javier Delgado, pero est¨¢ claro que de nada ha servido que los redactores del Estatuto incluyeran una menci¨®n expresa al art¨ªculo 149.1.22 de la Constituci¨®n para salvar de la quema esta competencia exclusiva.

La manera por la que fue posible que el PP se sumara a la reforma estatutaria en el tr¨¢mite del Congreso de los Diputados -en el Parlamento andaluz vot¨® a todo en contra- fue precisamente la de introducir coletillas a lo largo de los 250 art¨ªculos del Estatuto en las que se remite a preceptos constitucionales, es decir, resaltando la prevalencia de la legislaci¨®n estatal sobre la auton¨®mica.

Este art¨ªculo fue objeto de un fuerte e intenso debate entre los socialistas andaluces y la direcci¨®n federal cuando el Estatuto entr¨® en el Congreso. De hecho, se lim¨® m¨¢s de lo que los andaluces en un principio pretend¨ªan, ya que contaba con la fuerte oposici¨®n de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. En la soluci¨®n de la redacci¨®n final participaron, entre otros, el hoy ministro de Justicia, Francisco Caama?o, uno de los art¨ªfices del acuerdo con el PP.

El presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, subray¨® ayer, tirando de manual, que acatar¨¢ la sentencia del Tribunal Constitucional. Dicho esto, activ¨® la v¨ªa pol¨ªtica para intentar que la gesti¨®n del Guadalquivir siga en manos andaluzas. En su opini¨®n, "hay margen en la legalidad constitucional para que Andaluc¨ªa siga decidiendo sobre el Guadalquivir". Una de esas v¨ªas podr¨ªa venir por el art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n, por el que el Estado puede delegar a las comunidades materias de titularidad estatal, aunque este ser¨ªa el escenario m¨¢s optimista para Andaluc¨ªa.

Gri?¨¢n se entrevistar¨¢ el lunes pr¨®ximo con el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, para buscar una salida consensuada. La Junta tambi¨¦n ha convocado la comisi¨®n bilateral con el Estado para encontrar f¨®rmulas de acuerdo de una competencia con un alto valor simb¨®lico para los andaluces y de la que el PSOE hizo y hace se?a de identidad pol¨ªtica en esta autonom¨ªa. El 90% de la cuenca del Guadalquivir transcurre por la comunidad.

La sentencia del Constitucional abre muchos interrogantes porque la Junta tiene ya en sus manos la transferencia. Este acuerdo se logr¨® en un tiempo r¨¦cord -en 18 meses desde la entrada en vigor del Estatuto- y ha supuesto que la comunidad gestione 53 de los 57 embalses del Guadalquivir y asuma 704 empleados p¨²blicos. El coste efectivo de la transferencia ascendi¨® a 123 millones de euros.