Gobierno y comunidades aprueban un nuevo modelo de cuidados que impide construir residencias de m¨¢s de 120 plazas

El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades aut¨®nomas han aprobado este martes el acuerdo que fija los requisitos m¨ªnimos que deben cumplir los servicios de dependencia en Espa?a. En definitiva, un nuevo modelo de cuidados, y tambi¨¦n de residencias. El documento ha salido adelante por 10 votos a favor (Extremadura, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Arag¨®n y Melilla) y nueve en contra (Galicia, Madrid, Andaluc¨ªa, Murcia, Ceuta, Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, Castilla y Le¨®n y Castilla-La Mancha, el ¨²nico Gobierno socialista que ha rechazado el documento). El objetivo es cambiar la forma de atenci¨®n: que los servicios se adapten a las necesidades y preferencias de las personas, y no al rev¨¦s, como sucede ahora en muchas ocasiones. Las residencias deber¨¢n funcionar de forma m¨¢s parecida a un hogar, a partir de ahora se prohibir¨¢ la construcci¨®n de macrocentros para mayores (el tama?o m¨¢ximo se sit¨²a entre 75 y 120 plazas, en funci¨®n de d¨®nde se emplacen) y se elevan las exigencias de personal. Se establece un plazo de transici¨®n de aqu¨ª a final de 2029 para que cambie todo el modelo, aunque el tama?o m¨¢ximo de los centros no se exigir¨¢ a las residencias ya en funcionamiento. La negociaci¨®n ha sido complicada y, para recabar los apoyos suficientes, se han ido flexibilizando exigencias a medida que han ido avanzando las discusiones.

Tras el varapalo del mes pasado, cuando en un consejo territorial ¡ªque re¨²ne al ministerio y las autonom¨ªas¡ª el departamento que dirige Ione Belarra tuvo que retirar su propuesta tras constatar que no recabar¨ªa los apoyos suficientes, ahora se ha logrado el visto bueno. Extremadura y Asturias, ambas en manos socialistas y que entonces manifestaron su rechazo y su intenci¨®n de abstenerse, respectivamente, han cambiado su posici¨®n. Autonom¨ªas que han votado en contra explican que un gran escollo es la financiaci¨®n. Comunidades como Catalu?a y Pa¨ªs Vasco esgrimen motivos competenciales. As¨ª lo ha confirmado la consejera catalana, Violant Cervera, quien ha tuiteado que se trata de una ¡°invasi¨®n competencial¡±. Tanto ella como la consejera madrile?a, Concepci¨®n Dancausa, han destacado que siete de cada 10 ciudadanos reside en una regi¨®n que se opone a este documento (seis de ellas gobernadas por el PP). Dancausa ha consdierado que el modelo de atenci¨®n es ¡°inasumible¡±. Y la consejera gallega del ramo, Fabiola Garc¨ªa, ha tildado de ¡°inaceptable¡± la propuesta y ha acusado al Gobierno de ¡°improvisaci¨®n¡±.

Para la ministra Belarra, este es uno de los acuerdos ¡°m¨¢s importantes de la legislatura¡±, seg¨²n ha afirmado en un v¨ªdeo difundido por redes sociales. ¡°El modelo de residencias que atiende a personas mayores y con discapacidad en nuestro pa¨ªs ha mostrado todos sus l¨ªmites durante la pandemia, a pesar de los enormes esfuerzos de sus trabajadores y de sus trabajadoras¡±, ha a?adido. Ya antes de la llegada del coronavirus se hablaba en el sector de la necesidad de virar el rumbo, y es algo que ha recomendado a Espa?a la Comisi¨®n Europea, como ha reiterado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho ?lvarez, en comparecencias p¨²blicas en las ¨²ltimas semanas. Muchas comunidades aut¨®nomas est¨¢n avanzando con normativa propia, de hecho.

El problema, tal y como se han desarrollado las negociaciones, ha sido c¨®mo aunar posturas tan diferentes. Puro encaje de bolillos. Las discusiones, a tres bandas, arrancaron el pasado julio, cuando las autonom¨ªas y el ministerio aprobaron los principios por los que se deb¨ªa regir el nuevo modelo, como adelant¨® EL PA?S. Pero adem¨¢s de con las comunidades, que ostentan la competencia en la materia y cuya voz, por lo tanto, es fundamental para que el texto haya visto la luz, el ministerio, que tiene la labor de coordinaci¨®n, ha abordado la cuesti¨®n en la mesa de di¨¢logo social, que re¨²ne a la patronal y sindicatos, y con la mesa de di¨¢logo civil, donde se sientan asociaciones y expertos del sector.

Siete de cada 10 plazas est¨¢n en manos privadas

Hace un mes, tanto las patronales de la dependencia como los sindicatos manifestaron su rechazo al texto. En Espa?a, siete de cada diez plazas de residencias de mayores est¨¢n en manos privadas, seg¨²n el CSIC. Este martes, Ignacio Fern¨¢ndez, presidente de la Fed, ha afirmado que el acuerdo ¡°es un desprop¨®sito¡± y que ¡°nace muerto¡±. La semana pasada, esta y otras dos patronales (Aeste y Asade) volvieron a pedir una soluci¨®n ¡°viable¡± y apuntaron que los cambios encarecer¨¢n el coste de la plaza en residencias en un 50% (ahora cuestan, de media, unos 2.000 euros). Otra patronal, Ceaps, se mostr¨® ¡°m¨¢s tranquila¡± despu¨¦s de que ?lvarez dijera expresamente que el tama?o de los centros ya existentes no deber¨¢ adaptarse al m¨¢ximo de plazas, pero pidi¨® financiaci¨®n. Por su parte, CC OO y UGT lamentaron hace un mes que no se incluyeran medidas de mejora en la calidad del empleo y tildaron de insuficientes las subidas en las exigencias de personal, entre otros puntos. Algo en lo que se ha reiterado este martes Carlos Bravo, responsable de CC OO en Pol¨ªticas P¨²blicas y Protecci¨®n Social. ¡°A¨²n tenemos que ver los ¨²ltimos detalles del acuerdo. Incorpora mejoras en t¨¦rminos de calidad del servicio, pero se queda lejos de los objetivos del plan de choque en dependencia en profesionalizaci¨®n de los servicios y la lucha contra la precariedad en el empleo¡±, ha dicho.

La Plataforma Estatal de Familiares de Residencias ha considerado el texto una ¡°gran decepci¨®n¡±, con unos requisitos en cuanto a personal ¡°raqu¨ªticos¡± que no solucionan ¡°el problema de la falta de cuidados¡±, entre otras razones. Por el contrario, en las ¨²ltimas semanas expertos en el sector, como la Sociedad Espa?ola de Geriatr¨ªa y Gerontolog¨ªa, y entidades del tercer sector, como la Mesa Estatal de Personas Mayores y el Comit¨¦ espa?ol de representantes de personas con discapacidad, han respaldado el documento p¨²blicamente, tras reunirse con el secretario de Estado.

Ya existe un acuerdo de acreditaci¨®n en Espa?a, de 2008 y mucho m¨¢s escueto. Este que se aprueba ahora afecta a las residencias, centros de d¨ªa, teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio. Tanto a los servicios p¨²blicos, como concertados, y tambi¨¦n a los cheques servicio (un dinero que se da a la persona con dependencia, que debe abonar de su bolsillo el resto del coste). El documento sienta unas bases y da nueve meses a las autonom¨ªas para adaptar su normativa a estos nuevos requisitos.

¡°El nuevo modelo plantea que hay que priorizar la teleasistencia y la atenci¨®n domiciliaria, las personas mayores, ayer y hoy y cada vez m¨¢s ma?ana, van a querer seguir viviendo en sus domicilios y entornos domiciliarios¡±, explic¨® el secretario de Estado la semana pasada. Una fuente auton¨®mica apunta que uno de los grandes retos es subir las horas de atenci¨®n en casa (una media de 57,3 al mes para los dependientes m¨¢s graves en 2021). Cuando no sea posible la atenci¨®n en el domicilio, el objetivo es que las residencias se parezcan lo m¨¢s posible a un hogar, que las personas puedan llevar sus propios muebles, si lo desean. A partir de la entrada en vigor del texto, no podr¨¢n construirse centros que superen las 75 plazas en entornos rurales o escasamente poblados, las 90 en zonas de densidad intermedia y las 120 en ciudades. Una de las novedades del ¨²ltimo documento sobre la mesa es que se permita que en ¨¢reas rurales, cuando se acrediten ¡°circunstancias excepcionales de viabilidad econ¨®mica¡±, se pueda llegar a las 120 plazas.

Y los centros deber¨¢n organizarse en unidades donde convivan un m¨¢ximo de 15 personas. Pero se introduce una flexibilizaci¨®n para las residencias ya existentes respecto a lo establecido en anteriores borradores: deber¨¢n reorganizarse de esta forma el 80% de las plazas, no en su totalidad, como s¨ª se exigir¨¢ a los centros de nueva construcci¨®n. El 20% restante deber¨¢ tener una disposici¨®n que responda a un modelo de hogar, con atenci¨®n centrada en la persona para estos usuarios (es decir, no estandarizada, sino basada en sus preferencias). Este mismo martes, durante la reuni¨®n, se ha introducido un cambio en este punto, para clarificar la redacci¨®n, informan fuentes del ministerio. Otra de las novedades del nuevo documento es que introduce mejoras en los tipos de contrato, por ejemplo, que el 80% deban ser indefinidos (ahora en servicios sociales, que no solo agrupa a la dependencia, rondan el 66%, seg¨²n datos del Imserso).

La financiaci¨®n es, sin duda, uno de los principales escollos para apoyar el acuerdo, seg¨²n fuentes auton¨®micas. Tanto Galicia, como Catalu?a y Castilla y Le¨®n lo han recalcado este martes. ¡°Ya est¨¢ bien de que el Estado invite, pero no pague¡±, lleg¨® a afirmar hace semanas el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano Garc¨ªa Page. El secretario de Estado ha repetido en los ¨²ltimos d¨ªas que ¡°la financiaci¨®n no puede ser una excusa¡±. ?lvarez ha recalcado que en solo dos a?os el ministerio ha doblado la financiaci¨®n p¨²blica en dependencia y que al final de la legislatura, la inyecci¨®n al sistema, contando con fondos europeos para mejorar el modelo de cuidados, superar¨¢ los 5.000 millones de euros.

Seg¨²n la memoria econ¨®mica que entreg¨® el ministerio a las autonom¨ªas, a la que ha tenido acceso este diario, para aplicar la subida de personal que se exige a final de 2029 (en residencias se llega a un trabajador de atenci¨®n directa contratado ¡ªque incluye desde auxiliares a fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales, por ejemplo¡ª por cada dos residentes) hacen falta unos 590 millones de euros anuales. ?lvarez ha dicho en comparecencias p¨²blicas que con el nivel acordado (parte de la financiaci¨®n de la dependencia, que aporta el Estado) de 2023, que est¨¢ previsto que se incremente respecto al de este a?o (483 millones), se podr¨¢ pagar ya esa cantidad prevista para dentro de seis a?os, es decir, que si los sucesivos Gobiernos mantienen esas cifras podr¨¢ sufragarse sin problema. Una fuente auton¨®mica asegura, sin embargo, ¡°que ese dinero es insuficiente para cumplir todos los requisitos del plan de choque en dependencia: reducir las listas de espera y mejorar los servicios y las condiciones laborales del sector¡±. La mayor¨ªa de la financiaci¨®n del sistema recae en los hombros de las comunidades.

Fuentes auton¨®micas contrarias al documento afirman que, si el voto es negativo en el consejo, no est¨¢n obligadas a ello. Fuentes del ministerio replican, tajantes, que s¨ª, y que quienes no lo hagan se exponen a recibir menos financiaci¨®n, dado que el nivel acordado estar¨¢ orientado a aplicar este cambio de modelo.