?Concierto o financiaci¨®n singular? La fina l¨ªnea que separa el modelo vasco del pacto para Catalu?a

Andreu Mas-Colell, economista y exconsejero de Econom¨ªa de la Generalitat, lanzaba una recomendaci¨®n a principios de mes: alejar el embri¨®n de nuevo sistema de financiaci¨®n para Catalu?a pactado por ERC y PSC de la denominaci¨®n de ¡°concierto econ¨®mico¡± que define el sistema de financiaci¨®n vasco y navarro. Anticipaba el malestar que generar¨ªa el uso de ese vocablo y el riesgo de que la propuesta no prosperara ante la oposici¨®n de algunos territorios. Pero su recomendaci¨®n llegaba tarde: el expresident Pere Aragon¨¨s hab¨ªa tildado una propuesta similar de su Ejecutivo como ¡°concierto catal¨¢n¡± y el d¨ªa que los republicanos presentaron el acuerdo con los socialistas, conscientes de la carga pol¨ªtica del nombre, lo denominaron ¡°concierto econ¨®mico solidario¡± pese a que esa referencia no constaba en el documento.

El PSOE y el PSC, que se jugaba la investidura de Salvador Illa, callaron hasta que este mi¨¦rcoles la ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, se neg¨® a plantear el nuevo modelo como un concierto, aunque s¨ª lo consideraba especial. La propuesta no difiere de la idea del pacto fiscal que en 2012 defendi¨® Artur Mas en La Moncloa, ante Mariano Rajoy. Aquella proposici¨®n contaba con la mayor¨ªa del Parlament, ya que hab¨ªa sido refrendada por CiU, ERC, Iniciativa per Catalunya (disuelta dentro de los Comunes) y los socialistas, y en el texto tambi¨¦n hab¨ªa una referencia a que el nuevo modelo propuesto estaba ¡°basado en el concierto econ¨®mico¡±.

Los mimbres de ambos modelos son muy similares. Ambos se alimentan de una negociaci¨®n bilateral entre la Generalitat y el Estado y, de seguir adelante en toda la tramitaci¨®n pol¨ªtica y legislativa, supondr¨ªa la salida de Catalu?a del r¨¦gimen com¨²n de financiaci¨®n, del que ¨²nicamente est¨¢n fuera hoy el Pa¨ªs Vasco y Navarra. Y el sistema conseguido por ERC tambi¨¦n se basa en lo que los republicanos consideran controlar ¡°la llave de la caja¡±, es decir, la recaudaci¨®n de todos los impuestos que se pagan en Catalu?a ¡ªcon excepci¨®n de los locales¡ª y luego traspasar a la Administraci¨®n central los recursos que esta se gasta en la comunidad a trav¨¦s de servicios comunes o inversiones. Ese control es considerado un paso hacia la ¡°soberan¨ªa fiscal¡± de la Generalitat.

Pero entre ambas realidades tambi¨¦n hay diferencias. Una es que en Catalu?a sus contribuyentes pagan un total de 52.000 millones de euros, mientras que en el Pa¨ªs Vasco esa cifra se reduce a los 18.200 millones. Otra la marca la Constituci¨®n, que en su disposici¨®n adicional primera blinda ¡°los derechos hist¨®ricos de los territorios forales¡±, entre los que se sit¨²a el concierto econ¨®mico. Catalu?a no cuenta con esa menci¨®n, si bien el anterior Govern independentista defend¨ªa que la ausencia de esa referencia no inhabilita a la comunidad para tener un r¨¦gimen de financiaci¨®n diferente al del resto de comunidades aut¨®nomas. Eso s¨ª, ser¨¢ necesario modificar la Lofca (Ley org¨¢nica de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas) en Las Cortes, para lo que no hay una mayor¨ªa asegurada a d¨ªa de hoy.

En todo caso, la principal diferencia entre el modelo vasco y navarro y el que ans¨ªa ERC es qui¨¦n ser¨¢ el responsable de la recaudaci¨®n de impuestos. En Catalu?a quedar¨ªa en manos de la Agencia Tributaria de Catalu?a, un organismo dependiente de la Generalitat creado en 2007, aunque no se descarta que en los primeros a?os lo acabe asumiendo la Hacienda estatal de forma transitoria ante la complejidad de preparar el organismo auton¨®mico para esa tarea. En 2026 deber¨ªa empezar con el impuesto de la renta, lo que quiere decir asumir la mayor fuente de recaudaci¨®n tributaria y tener que gestionar cuatro millones de declaraciones.

Pero esa cuesti¨®n de recaudar y controlar los impuestos es capital para los partidos independentistas porque supone subir un escal¨®n de soberan¨ªa. En el caso vasco, son las diputaciones forales las que tienen esa capacidad por tradici¨®n. Despu¨¦s transfieren la mayor parte de los recursos al Gobierno vasco, que es el que tiene mayor responsabilidad de gasto y el que debe transferir el cupo, la cantidad que la administraci¨®n auton¨®mica ha de pagar a la estatal por los gastos que esta ¨²ltima asume en materias compartidas (como Defensa) o en servicios prestados o inversiones en territorio vasco.

La determinaci¨®n de esa transferencia tambi¨¦n ser¨ªa diferente en el caso catal¨¢n, en el que se tienen en cuenta dos partidas. Una de ellas es similar al cupo: el supuesto coste del gasto estatal en territorio auton¨®mico. Pero el acuerdo desarrollado por socialistas y republicanos se fija en que la determinaci¨®n de esos recursos a traspasar se haga mediante coste efectivo de cada competencia, lo que ofrece transparencia sobre la cantidad ¡°adeudada¡±. En el concierto econ¨®mico vasco, el cupo siempre se sit¨²a en torno al 6,24% de la recaudaci¨®n total en la comunidad, que ha fluctuado en determinados casos por cesi¨®n de nuevas competencias.

La otra partida que la Generalitat asumir¨¢ es una dirigida exclusivamente a la solidaridad, que en el caso del concierto econ¨®mico es m¨ªnima, a trav¨¦s del fondo de compensaci¨®n. La idea es que sea una cifra concreta y transparente de aportaci¨®n a los modelos de redistribuci¨®n y que recibir¨¢n aquellas comunidades que lo necesiten para su uso en servicios b¨¢sicos y siempre y cuando hagan un esfuerzo fiscal similar al catal¨¢n. Es decir, que paguen un nivel equivalente de impuestos y no los hayan bajado.

En todo caso, los recursos que se podr¨¢ quedar el Estado quedar¨¢n predefinidos por un acuerdo preliminar, en el cual se fije que la Administraci¨®n central tenga derecho sobre un porcentaje de la recaudaci¨®n de cada impuesto. Es lo mismo que sucede actualmente con el r¨¦gimen com¨²n, en el que las autonom¨ªas tienen asignado un porcentaje de determinados tributos, pero al rev¨¦s.

Como prev¨¦ participar en la redistribuci¨®n de recursos territorial, el modelo singular catal¨¢n reitera la necesidad de preservar el principio de ordinalidad o, lo que es lo mismo, que ninguna comunidad aut¨®noma pueda superar a Catalu?a en recursos per c¨¢pita una vez aplicados los fondos de nivelaci¨®n. El Govern, y el PSC de Illa asume sus c¨¢lculos, denuncia que siendo Catalu?a la tercera comunidad aportadora de recursos al sistema, cuando se aplica la redistribuci¨®n interregional queda situada en la decimotercera posici¨®n.

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