El Govern propondr¨¢ una amnist¨ªa para las personas vulnerables obligadas a devolver dinero por las prestaciones

Los miles de beneficiarios de prestaciones sociales en Catalu?a que han recibido una carta de la Generalitat para devolver miles de euros en cobros indebidos podr¨¢n ver aliviada su angustia. La consejera de Derechos Sociales e Inclusi¨®n, M¨°nica Mart¨ªnez Bravo, ha anunciado este mi¨¦rcoles en el Parlament que el Govern propondr¨¢ a los grupos pol¨ªticos impulsar una amnist¨ªa a estas personas, siempre que se acredite que contin¨²an en situaci¨®n de vulnerabilidad y que no han actuado de mala fe. Desde mediados del a?o pasado, 12.503 personas han recibido una notificaci¨®n de la administraci¨®n para revisar sus expedientes (8.500 de ellas solo entre enero y agosto de este a?o, y otras 1.000 en estas semanas) despu¨¦s de analizarlos y ver que hab¨ªan recibido m¨¢s dinero de lo que deber¨ªan (una media de 7.757 euros). La consejera ha explicado que la Generalitat est¨¢ obligada legalmente a reclamar estos montantes, y ha atribuido el desbarajuste a un pobre dise?o de la prestaci¨®n y de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa. Por ahora, se han confirmado 2.829 casos de cobros indebidos que deben devolverse, y menos de un 1% los han retornado. A estos no se les aplicar¨¢ la amnist¨ªa.

El departamento prev¨¦ vehicular esta amnist¨ªa mediante la ley de acompa?amiento de los Presupuestos, o antes mediante otra v¨ªa (por ejemplo, un decreto) si la negociaci¨®n de Presupuestos se encalla. Todos los grupos pol¨ªticos se han mostrado dispuestos a arreglar la situaci¨®n, excepto Vox, que solo ha buscado se?alar culpables. Hasta que se aplique la amnist¨ªa, los afectados seguir¨¢n recibiendo las cartas y se mantiene activo el procedimiento para que devuelvan el dinero. Cuando entre en vigor, solo se aplicar¨¢ a los que no hayan pagado todav¨ªa, por lo que a los afectados solo les queda continuar recurriendo hasta que llegue la medida de gracia.

La consejera solicit¨® comparecer voluntariamente en el Parlament despu¨¦s de que se conociese el alcance de las solicitudes para devolver el dinero. Mart¨ªnez ha explicado que esta es una situaci¨®n ¡°sobrevenida¡± con la que se encontr¨® el mismo 12 de agosto, cuando hizo el traspaso de la cartera de su departamento de la mano del anterior consejero del ramo, Carles Campuzano. La consejera ha expresado que es ¡°muy consciente de la angustia y el sufrimiento¡± de las familias, y que comparte ¡°la sensaci¨®n de injusticia de personas que se encuentran con cantidades que muy dif¨ªcil pueden asumir¡±. Por este motivo el Govern plantea una amnist¨ªa, porque ¡°hacer estas reclamaciones compromete el principal objetivo de la prestaci¨®n, que es luchar contra la vulnerabilidad¡±. Tambi¨¦n, porque la mayor¨ªa de los afectados no podr¨ªa pagar, y empezar las reclamaciones y un proceso que conllevar¨ªa embargos y denegaci¨®n de prestaciones a familias muy vulnerables ser¨ªa ¡°una doble condena¡± y adem¨¢s conllevar¨ªa un gasto de recursos p¨²blicos que no tendr¨ªa retorno. La consejera ha explicado que adem¨¢s de la amnist¨ªa, se llevar¨¢ a cabo un plan de choque para mitigar el impacto de estas reclamaciones, y propondr¨¢ un cambio en la ley de la RGC para ¡°blindarla¡±.

¡°Hemos estado buscando incansablemente soluciones desde entonces. Hemos hecho un diagn¨®stico, pero no hay culpables claros, sino que con muy buenas intenciones se han hecho cosas seguramente sin el rigor suficiente¡±, ha explicado Mart¨ªnez.

El diagn¨®stico es demoledor: la ley de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC) entr¨® en vigor en 2017, y ya desde el inicio hubo un alud de solicitudes que sobrepas¨® a los equipos de gesti¨®n (y el volumen ha continuado: en los ¨²ltimos cuatro a?os ha habido 159.450 expedientes activos). La pandemia y el estado de alarma tension¨® todav¨ªa m¨¢s a los equipos, que dedicaron los pocos recursos que ten¨ªan a otorgar nuevas prestaciones ante el aumento de necesidades, y retrasaron todas las revisiones pendientes. A mediados de 2023, cuando ERC recuper¨® la cartera de Derechos Sociales, se empez¨® a analizar la situaci¨®n y vieron que hab¨ªa ¡°un volumen notable de expedientes sospechosos de tener cobros indebidos¡±. La mayor¨ªa eran por cambios en la situaci¨®n de los usuarios que la administraci¨®n todav¨ªa no hab¨ªa actualizado, y unos pocos eran por mala fe, cambios que los propios usuarios no comunicaron para no perder la prestaci¨®n.

La consejera ha explicado que el principal problema es el dise?o de la prestaci¨®n y de su gesti¨®n. Es una ley que se hizo en base a declaraciones responsables de ingresos, al silencio administrativo positivo, con revisiones bianuales y con incompatibilidades con el trabajo y con otras prestaciones. ¡°No se dise?¨® en base a los datos y a automatismos, y la gesti¨®n tiene que ser manual, caso por caso¡±, ha dicho. La falta de una infraestructura digital y una falta end¨¦mica de recursos humanos y t¨¦cnicos se combina con una casu¨ªstica enorme: por su condici¨®n, las personas vulnerables tienen cambios constantes en su vida (de padr¨®n, de miembros en su unidad de convivencia, de trabajo, de otras prestaciones). ¡°Para gestionar todos estos cambios manualmente de 100.000 personas, se necesitar¨ªan 2.000 trabajadores, y el equipo es de solo 100¡å, ha dicho, para a?adir ilustrativamente c¨®mo es la gesti¨®n de la prestaci¨®n: ¡°Hasta hace poco la gesti¨®n inform¨¢tica de la prestaci¨®n se hac¨ªa con algo parecido a un bloc de notas para cada usuario¡±.

Cambios legislativos

¡°Si se han enviado estas cartas ha sido por obligado cumplimiento, porque si no incumplir¨ªamos la legislaci¨®n. Tambi¨¦n es duro para nosotros enviarlas¡±, ha dicho Mart¨ªnez. La consejera ha detallado que el 51% de los cobros indebidos tiene que ver con el solapamiento de la RGC con el IMV ¡ªla prestaci¨®n catalana es subsidiaria al IMV desde que este entr¨® en vigor en 2020, pero hubo muchos casos en los que se cobraron las dos prestaciones ¨ªntegras, dando lugar a cobros indebidos¡ª. Esto es significativo en un contexto en el que el Govern tiene que gestionar a partir de ahora ambas ayudas, despu¨¦s de que ERC y PSOE acordaran el traspaso de la ayuda estatal durante la investidura de Pedro S¨¢nchez. Por otra parte, el 29% de los cobros indebidos tiene que ver con las personas que empezaron a trabajar y su estatus no se actualiz¨®, el 15% tiene que ver con el solapamiento con prestaciones no contributivas, el 5% tiene que ver con el solapamiento con las ayudas al alquiler, y el 1% es por cambios en la unidad de convivencia.

Adem¨¢s de la amnist¨ªa, Mart¨ªnez ha explicado que el Govern iniciar¨¢ un plan de choque ¡°para minimizar los pagos indebidos a futuro¡±, haciendo cruces mensuales de datos para detectar cambios en los usuarios lo antes posible. Y tambi¨¦n con la modificaci¨®n de un art¨ªculo de la ley de la RGC para evitar que haya pagos de m¨¢s cuando esta se combina con el IMV. ¡°Todo esto mitigar¨¢ la situaci¨®n, pero no la solucionar¨¢, porque el problema del dise?o contin¨²a¡±, ha dicho. Este se solucionar¨¢ con una reforma de la ley de la RGC que el Govern propondr¨¢ tambi¨¦n a los grupos. ¡°Es fundamental que se dise?e en base a los datos y a automatismos¡±, ha dicho, poniendo como modelo la gesti¨®n de las prestaciones no contributivas o la gesti¨®n de las prestaciones en el Pa¨ªs Vasco.