La acusaci¨®n particular pide de cuatro a seis a?os de prisi¨®n para el entorno de Barber¨¢ por blanqueo

La acusaci¨®n particular en el caso del pitufeo, que ejerce Comprom¨ªs per Val¨¨ncia, pide en su escrito al juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 18 de Valencia penas de cuatro a seis a?os de prisi¨®n para medio centenar de ediles y asesores del entorno de la que fuera alcaldesa de Valencia Rita Barber¨¢ por los delitos de blanqueo de capitales, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y cohecho.

Entre los procesados de una de las piezas del caso Taula se encuentran el vicealcalde hasta 2015 Alfonso Grau y la entonces secretaria del grupo municipal del PP en Valencia Mar¨ªa del Carmen Garc¨ªa Fuster, as¨ª como otros 47 ediles, asesores y empleados del partido en la capital. La acusaci¨®n particular se adhiere as¨ª al escrito del ministerio p¨²blico y a la petici¨®n de penas que formul¨® hace solo unos d¨ªas despu¨¦s de que el Instructor pidiese a las partes que se pronunciasen sobre la apertura del juicio oral.

La acusaci¨®n solicita cuatro a?os de c¨¢rcel para 45 acusados por el blanqueo de capitales de 2015 y seis a?os para Grau y Garc¨ªa Fuster. Hace corresponsable al PP, al que pide una multa; otros cinco a?os de prisi¨®n para Grau, Eduardo Sant¨®n, exconcejal vinculado a fundaciones y empresas municipales, y Jos¨¦ Salinas, gerente de la Fundaci¨®n Turismo Convention Bureau, por un delito continuado de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, as¨ª como cuatro y un a?o de c¨¢rcel para Grau y Garc¨ªa Fuster por cohecho.

Seg¨²n el escrito de la acusaci¨®n, al menos desde la d¨¦cada de 1990, el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia ha estado financi¨¢ndose de manera il¨ªcita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervenci¨®n municipal proveniente de distintas fuentes, ¡°todas ellas consistentes en diversas formas de corrupci¨®n¡±.

El documento mantiene que el grupo municipal del PP, a trav¨¦s de algunos de sus miembros, pudo obtener grandes cantidades de dinero en met¨¢lico a trav¨¦s de regalos; un dinero generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia o empresas y fundaciones municipales.

El destino de este dinero, obtenido de manera il¨ªcita, sirvi¨® para efectuar un gasto muy por encima de lo autorizado legalmente en cada una de las campa?as electorales del PP local en 2007, 2011 y 2015 con el prop¨®sito de tener ¡°una ventaja electoral¡± sobre el resto de formaciones pol¨ªticas que concurr¨ªan a los comicios. El dinero obtenido de forma delictiva ten¨ªa necesariamente que aflorar de alguna manera al tr¨¢fico mercantil l¨ªcito para lo que se emplearon varios sistemas de lavado de dinero.

En las elecciones de 2007, el grupo municipal recurri¨® a la sociedad Laterne, que gestionaba Vicente S¨¢ez Tormo, amigo ¨ªntimo del vicealcalde Grau, para desviar fondos p¨²blicos y canalizar ¡°las generosas aportaciones que realizaban empresarios que contaban con importantes contratos con el Ayuntamiento de Valencia¡±. Con las cantidades recaudadas se financi¨® parte de la campa?a electoral en la ciudad de Valencia ¡°y otra parte del dinero se incorpor¨® al patrimonio tanto de Grau como al de su amigo y socio Vicente S¨¢ez Tormo, el cual desapareci¨® al final de la campa?a del a?o 2007 y con ¨¦l las empresas creadas¡±, sostiene el escrito.

Con este modus operandi, el grupo popular logr¨® eludir los controles del Tribunal de Cuentas y de la Ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos. Los gastos electorales declarados para toda la provincia de Valencia ante el Tribunal de Cuentas por el PP ascendieron a 133.762 euros, cuando la cantidad real destinada a la campa?a electoral del partido solo en la ciudad de Valencia ¡°oscilar¨ªa entre los 2.683.750 euros y los 2.380.903 euros¡±.

En los comicios locales de 2011, Grau, designado nuevamente coordinador de campa?a, contrat¨® con otra sociedad, Trasgos, desaparecida Laterne por el fallecimiento de S¨¢ez Tormo en 2008, para el dise?o y organizaci¨®n de los actos electorales. Se contrat¨®, seg¨²n el escrito de acusaci¨®n, por 170.000 euros, aunque de nuevo el gasto final super¨® ampliamente dicha cifra. Para financiarla se recurri¨® a ¡°cantidades dinerarias de procedencia delictiva, correspondientes al clientelismo pol¨ªtico instaurado en el Ayuntamiento de Valencia, que dada su mayor¨ªa absoluta permit¨ªa exigir dinero a cambio de favores en la contrataci¨®n¡±, apunta la acusaci¨®n.

En 2015, el partido en la capital recurri¨® a donaciones a trav¨¦s de transferencias bancarias de 1.000 euros de casi medio centenar de concejales y asesores del grupo municipal, una cantidad que, seg¨²n la instrucci¨®n, fue devuelta luego a los donantes en dos billetes de 500 euros de procedencia desconocida, presumiblemente de una caja b en una operativa conocida como pitufeo.