La Generalitat detecta subvenciones mal justificadas por el hermano de Ximo Puig pero estas no superan el l¨ªmite del delito

La Intervenci¨®n de la Generalitat Valenciana ha detectado que las empresas de Francis Puig, hermano del presidente en funciones de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios, los hermanos Adell Bover, recibieron de forma indebida 67.504 euros en subvenciones, ya que no justificaron tal como marca la ley los gastos de estas ayudas concedidas entre 2015 y 2018. Esta cantidad no supera los 120.000 euros, l¨ªmite a partir del cual las irregularidades se convierten en un delito de fraude de subvenciones.

La Intervenci¨®n ha remitido al juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Valencia el informe pericial sobre las ayudas p¨²blicas a las empresas administradas por Francis Puig, unas subvenciones que ascendieron a 625.721 euros para el fomento del valenciano en medios de comunicaci¨®n. As¨ª, la cantidad se?alada por la Intervenci¨®n como ¡°indebidamente obtenida¡± supone menos del 11% del total de las ayudas percibidas.

Las ayudas analizadas por la Generalitat hacen referencia a tres empresas. Seg¨²n el informe, Canal Maestrat obtuvo de forma irregular 24.264,65 euros; Comunicaci¨® del Ports recibi¨® 33.842 euros por conceptos que no se han justificado debidamente; y la cantidad que obtuvo de forma irregular Mas Mut fue de 9.397 euros. Es decir, los 67.504 euros recibidos indebidamente corresponden a tres empresas y durante cuatro ejercicios.

El informe analiza, b¨¢sicamente, cuatro irregularidades: gastos no relacionados con la actividad subvencionada, ni necesarios para su realizaci¨®n; gastos no realizados al pagarse a los proveedores con posterioridad al plazo m¨¢ximo para justificar la realizaci¨®n de la actividad subvencionada; gastos no realizados al no constar su pago a los proveedores; y gastos no subvencionables por no estar previstos en las bases reguladoras. Entre los primeros detecta, por ejemplo, el suministro de combustible para un veh¨ªculo no identificado ni justificaci¨®n de la necesidad del desplazamiento para la realizaci¨®n de la actividad subvencionada y gastos de luz y tel¨¦fono, entre otros. En la segunda tipolog¨ªa, el informe indica que poco m¨¢s de 4.500 euros fueron para el pago a proveedores pero fuera del plazo que marca la ley para su justificaci¨®n. Entre los ¡°gastos no realizados al no constar su pago a los proveedores¡± se encuentran facturas compensadas entre las empresas investigadas que, seg¨²n el escrito, no pueden utilizarse para acreditar un pago. En ¨²ltimo lugar, sobre los gastos no subvencionables, las empresa de Francis Puig incluyeron facturas de asesor¨ªas.

Seg¨²n fuentes de la defensa de Puig, ¡°las discrepancias son de car¨¢cter t¨¦cnico y de lo que apuntan tampoco cabe hablar de falsedad documental¡±, que era otro de los delitos apuntados por el PP, que present¨® la querella de la que surgi¨® la investigaci¨®n, y la fiscal.

La investigaci¨®n se centra en la recepci¨®n de las ayudas puesto que por la concesi¨®n de las mismas, el juez ya archiv¨® la causa abierta contra el director general de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de la Generalitat Valenciana, Rub¨¦n Trenzano, al que el PP acus¨® de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n por las subvenciones concedidas a Francis Puig.

Adem¨¢s del informe de la Generalitat Valenciana, el juez cuenta tambi¨¦n con el de la Generalitat de Catalu?a, de la que tambi¨¦n recibi¨® ayudas Puig. Catalu?a ya apunt¨® que la funci¨®n de la Intervenci¨®n de esa administraci¨®n auton¨®mica se centra en un ¡°control documental dirigido a comprobar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y el cumplimiento del objeto y la finalidad¡± y que no se exige ¡°la aportaci¨®n de facturas como medio de justificaci¨®n¡±, como s¨ª hace la Generalitat Valenciana. ¡°Los documentos portados se presumen v¨¢lidos y no consta que durante la tramitaci¨®n administrativa se hubieran puesto de manifiesto indicios de falsedad u otra irregularidad similar¡±, concluye el informe de la Intervenci¨®n de la Generalitat catalana.