Carlos Maz¨®n elimina la oficina para recuperar dinero p¨²blico desviado por la corrupci¨®n

La Generalitat Valenciana, gobernada por el PP y Vox, ha decidido eliminar la Oficina de Recuperaci¨®n de Activos, un ¨®rgano desde el que se hac¨ªa un seguimiento de los procedimientos judiciales que se investigan y suponen un perjuicio econ¨®mico a la Generalitat.

El objetivo de la agencia era el seguimiento y promoci¨®n de la actuaci¨®n de la Abogac¨ªa General de la Generalitat en determinados casos, as¨ª como la exigencia de la ejecuci¨®n de las sentencias, cuando las actuaciones hab¨ªan supuesto un perjuicio econ¨®mico para la Generalitat como consecuencia de actos fraudulentos por parte de autoridades y empleados p¨²blicos. El objetivo es recuperar para el erario p¨²blico el dinero distra¨ªdo por la corrupci¨®n. Hasta enero de 2023, estas actuaciones permitieron reingresar 8.130.139 euros en las arcas p¨²blicas, a los que se sumaban otros cinco millones pendientes de recuperaci¨®n. El origen de estos fueron, por ejemplo, el caso Cooperaci¨®n, bajo la presidencia de Francisco Camps, por el que fueron desviados alrededor de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat dedicaba a la cooperaci¨®n con pa¨ªses del Tercer Mundo. Tambi¨¦n el caso Emarsa, una entidad de depuraci¨®n de aguas residuales del ¨¢rea metropolitana de Valencia desde las que, tambi¨¦n dirigentes del PP, pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes. La oficina tambi¨¦n ha trabajado en procedimientos administrativos como el de la reclamaci¨®n al PP de su deuda de m¨¢s de 20.000 euros por el alquiler del Palau de la M¨²sica, de titularidad p¨²blica, por un mitin electoral celebrado en 2011.

La entidad era una r¨¦plica de la implantada en decenas de pa¨ªses y, en 2015, por el propio Gobierno de Espa?a entonces bajo la presidencia de Mariano Rajoy. En estas oficinas se persigue privar a las organizaciones criminales de las ganancias procedentes de sus actividades delictivas como el tr¨¢fico de drogas, de armas o el blanqueo de dinero. En el caso auton¨®mico, se limitaba a los activos desviados u obtenidos a trav¨¦s de corruptelas de autoridades o funcionarios con la Generalitat Valenciana como perjudicada. As¨ª, por ejemplo, cuando en febrero de 2022 las autoridades suizas comenzaron a desbloquear y transferir a Espa?a los m¨¢s de 43 millones de euros depositados en diversas entidades bancarias suizas por algunos de los condenados por la trama G¨¹rtel, la Oficina de Recuperaci¨®n de Activos de la Generalitat solicit¨® que se hicieran efectivas las responsabilidades civiles de los corruptos para que las arcas p¨²blicas valencianas recuperaran 3,2 millones de euros, por la contrataci¨®n irregular de pantallas durante la visita del Papa en julio de 2006.

Los socialistas valencianos han denunciado este lunes la decisi¨®n del PP y Vox de fulminar un ¨®rgano que puso en marcha el Gobierno de Ximo Puig ¡°para recuperar el dinero que el PP nos rob¨® a lo largo de los a?os en sus m¨²ltiples casos de corrupci¨®n¡±, seg¨²n ha apuntado la portavoz en las Cortes, Rebeca Torr¨®. ¡°Y lo ha hecho en medio del puente de agosto, con nocturnidad y alevos¨ªa, unas formas y un fondo que dicen mucho de su manera de entender la pol¨ªtica y de su compromiso para luchar contra la corrupci¨®n¡±, ha se?alado antes de exigir ¡°la reactivaci¨®n inmediata de esta oficina¡± tal y como estaba funcionando, con personal de la direcci¨®n general de relaciones con las Cortes Valencianas que, adem¨¢s de otras, ten¨ªan asignada esta funci¨®n.

La justificaci¨®n de la decisi¨®n de la Generalitat ha sido argumentada por el secretario general del PP valenciano, Juanfran P¨¦rez Llorca, quien ha acusado al expresidente Puig de arrogarse competencias que correspond¨ªan a la Abogac¨ªa de la Generalitat y de ¡°pisotear su independencia¡±. ¡°Ahora se ha despolitizado y se ha profesionalizado esa oficina, a diferencia del anterior, que le quit¨® competencias para d¨¢rselas a los pol¨ªticos¡±, ha dicho Llorca, cuando el resto de oficinas tambi¨¦n dependen de la designaci¨®n del Ejecutivo. ¡°Este tipo de cuestiones han pasado a depender en su integridad de la Abogac¨ªa, sin tintes pol¨ªticos. Es la Abogac¨ªa de la Generalitat el ¨®rgano supremo que tiene la capacidad de instar acciones judiciales relacionadas no solo con casos de corrupci¨®n sino de cualquier otra ¨ªndole¡±, ha se?alado, cuando la oficina ejerc¨ªa una labor de auxilio.

Fuentes de los socialistas valencianos han recordado la ¡°utilizaci¨®n¡± que ha hecho el PP de instituciones como la Abogac¨ªa de la Generalitat en momentos como el del estallido del caso G¨¹rtel, cuando la entonces portavoz del Consell de Francisco Camps, Paula S¨¢nchez de Le¨®n, compareci¨® p¨²blicamente junto a la Abogac¨ªa y la Intervenci¨®n de la Generalitat para defender la legalidad de las contrataciones realizadas por el Gobierno valenciano y criticar un informe de Guardia Civil en el que ya se advert¨ªa de las corruptelas de la trama.

Una de las labores en la que se encontraba el ¨®rgano era la de hacer un c¨¢lculo del perjuicio econ¨®mico que el caso Erial, en el que est¨¢ implicado el expresidente Eduardo Zaplana, supuso para las arcas p¨²blicas por las adjudicaciones supuestamente irregulares de los planes e¨®licos valencianos y de adjudicaci¨®n de las ITV. La oficina iba a recopilar toda la informaci¨®n con el fin de presentarla al juzgado y concretar la reclamaci¨®n para la celebraci¨®n del juicio, que comenzar¨¢ en enero.