28 pisos bajo amenaza de desahucio en Montserrat tras qued¨¢rselos la Sareb
Las fincas, donde conviven propietarios, alquilados y okupas, se encuentra desde 2020 en un procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria


Los inquilinos de 28 viviendas del municipio valenciano de Montserrat han recibido estos d¨ªas una notificaci¨®n judicial en la que son informados de que el pr¨®ximo 21 de febrero se proceder¨¢ al lanzamiento judicial de los pisos en los que residen. En la diligencia les advierten de que el d¨ªa se?alado habr¨¢ un cambio de cerraduras y los enseres que se encuentren dentro se considerar¨¢n abandonados, explican fuentes vecinales. Un juzgado de Picassent resolvi¨® a finales de 2022 un procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria porque el promotor inmobiliario de estos edificios no pudo hacer frente a los pr¨¦stamos. Salieron a subasta 61 viviendas y al menos 28 de esos pisos han pasado a manos de la Sareb (la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuraci¨®n Bancaria, tambi¨¦n conocida como banco malo).
El estallido de la burbuja inmobiliaria dej¨® en torno a la d¨¦cada de 2010 miles de promociones de casas a medias y hundi¨® por a?os la venta de inmuebles en toda Espa?a. La crisis que sigui¨® ha mantenido miles de pisos vac¨ªos y sin vender, en un limbo de embargos, ejecuciones hipotecarias y subastas, favoreciendo las ocupaciones en una coyuntura de alquileres altos y escasez de vivienda. En Montserrat, localidad valenciana de unos 10.000 habitantes, propietarios, alquilados y okupas de cinco fincas (unos 70 pisos en total) encaran con incertidumbre el final de un proceso que ha durado a?os.
Lo edificios afectados, situados en las calles de la Pau y Metge Manuel Llombart del municipio, cuentan en la actualidad con diferentes tipos de residentes: los hay que compraron los pisos y son propietarios, otros tienen contratos de alquiler anteriores a 2020, que se hicieron en su d¨ªa legalmente; otros son posteriores y un juzgado no los ha considerado v¨¢lidos porque se hicieron cuando estaba en marcha el procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria, y luego est¨¢n los okupas. Los ¨²nicos a los que nos les afecta el lanzamiento judicial es a los due?os de tres viviendas. La Sareb tomar¨¢ posesi¨®n de cerca de una treintena de estos inmuebles el pr¨®ximo 21 de febrero y queda en el aire qu¨¦ pasar¨¢ con los inquilinos con alg¨²n tipo de contrato en su poder.
¡°El banco no dispone todav¨ªa de las llaves. Ten¨ªamos el pr¨¦stamo impagado, ¨¦ste fue al juzgado y se deb¨ªa determinar la toma de posesi¨®n, que ser¨¢ el 21 de febrero¡±, apunta una portavoz de la Sareb a este diario. La entidad trabaja en el an¨¢lisis de la vulnerabilidad de las personas que viven en los edificios. ¡°Hay que analizar caso por caso¡±, se?ala.
Para los ocupantes de estos pisos en situaci¨®n de vulnerabilidad, el llamado banco malo aplicar¨¢ un protocolo que consiste en ofrecer un contrato de alquiler social con acompa?amiento. En estos casos, la Sareb hace un examen para comprobar la vulnerabilidad de los ocupantes de las casas, se contacta con Servicios Sociales y tras confirmar su situaci¨®n, se les ofrece un alquiler social, unido a un programa de acompa?amiento, que consiste en asignarle un trabajador social que peri¨®dicamente visita la casa y les ayuda a pedir ayudas p¨²blicas como el Ingreso M¨ªnimo Vital, por citar un ejemplo.
Los contratos de los alquilados se revisan judicialmente y si son legales y est¨¢n en vigor, la Sareb se subroga el alquiler. En el caso de que el contrato no sea legal s¨ª hay un problema porque la Sareb tiene que recuperar la vivienda para venderla, seg¨²n fuentes de la entidad.
El anterior gobierno municipal, dirigido por una coalici¨®n de PSPV, Comprom¨ªs y la Agrupaci¨®n Independiente de General de Urbanizaciones y Asociaciones (Agua), con el alcalde socialista Josep Maria Mas al frente, conoc¨ªa el problema y se reuni¨® en varias ocasiones con los juzgados de Picassent para que se agilizasen los procesos de desahucio de estas y otras promociones con el fin de evitar conflictos a los vecinos. Tambi¨¦n ped¨ªa a la Sareb que sacara al mercado local los pisos en su poder derivados de las ejecuciones hipotecarias. Pero en diciembre del a?o pasado, una moci¨®n de censura presentada por el PP, Vox y Aigua, los desalojaba del ejecutivo municipal.
Ahora, Juan Jos¨¦ R¨¢ndez (Vox), concejal de Cultura, Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana, Transportes, Comunicaci¨®n y Nuevas Tecnolog¨ªas en el nuevo gobierno local, preguntado por la situaci¨®n de estos inmuebles, explica ¡ªa trav¨¦s de un correo electr¨®nico¡ª que se trata de ¡°un procedimiento legal que no depende de la administraci¨®n local, es una actuaci¨®n enmarcada en la Sareb, de ¨¢mbito estatal¡±. ¡°Es una situaci¨®n judicializada que afecta a todos los municipios de Espa?a y que se produce diariamente en multitud de localidades bajo gobiernos de distintos signos¡±. ¡°Deseamos que se proporcione una respuesta institucional y legal que procure el bienestar de todas las personas implicadas en el procedimiento; de ellas en particular y de todo el vecindario de Montserrat en general¡±, ha declarado.
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