La segunda oportunidad del banco malo

Beatriz D¨ªaz, una vecina de Riba-roja de T¨²ria (Valencia) de 42 a?os, ha vivido en una monta?a rusa en los ¨²ltimos tres a?os. Alquil¨® en 2015 una casa que acabar¨ªa en manos de la Sareb (la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuraci¨®n Bancaria, tambi¨¦n conocida como banco malo) por un impago del promotor del edificio. Todo iba bien hasta 2020. En esa nebulosa de cambio de propietario, empez¨® a recibir cartas de impago, incluso notificaciones de desahucio y lleg¨® a ir a los tribunales para demostrar que ella hab¨ªa seguido abonando la renta cada mes. ¡°Ha sido muy duro¡±, recuerda apesadumbrada. Pero en la misma frase a?ade una coletilla en un tono muy diferente: ¡°Luego he tenido la recompensa de encontrar gente que te ayuda y te entiende¡±. No es que D¨ªaz haya cambiado de piso ni de casero. Su problema ha coincidido, una d¨¦cada despu¨¦s de la creaci¨®n de la sociedad en 2012, con un cambio clave en la gesti¨®n de situaciones de vulnerabilidad por parte de la Sareb. Y hoy esta zaragozana afincada en Valencia representa uno de los 6.800 contratos de alquiler social que el banco malo ha firmado desde mediados de 2022.

Coincidiendo con la toma de la mayor¨ªa de capital por parte del Estado (algo inicialmente prohibido por la norma que alumbr¨® la Sareb), la compa?¨ªa introdujo los principios de ¡°sostenibilidad¡± y de ¡°utilidad social¡±. Esto se ha materializado en un Programa de Vivienda Asequible y Social que volte¨® el enfoque anterior. De 13.900 inmuebles en la cartera social del banco malo, solo 1.900 est¨¢n actualmente cedidos a comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos. Ese era el mecanismo que se privilegiaba hasta 2022: se lleg¨® a anunciar la puesta a disposici¨®n de hasta 15.000 viviendas para estos fines. El problema es que ni comunidades ni consistorios quer¨ªan tantas porque carecen de capacidad para gestionarlas. Y ah¨ª es donde el banco malo decidi¨® arremangarse para resolver un problema: un 40% de las casas que recibe por transformaci¨®n de activos (cuando obtiene la posesi¨®n de un inmueble que era garant¨ªa de un pr¨¦stamo impagado) tienen personas viviendo dentro. De estos, la mitad son hogares vulnerables.

El primer paso es identificar en qu¨¦ condiciones vive la familia. Empresas especializadas (Servih¨¢bitat gan¨® el concurso de gesti¨®n y se asocia con proveedores de servicios sociales como Sogemedi o Gesocin) realizan el estudio. Y si detectan vulnerabilidad, ofrecen un alquiler social que se calcula como tope en el 30% de los ingresos del hogar y se revisa con ese criterio cada a?o. El plan ha crecido exponencialmente: los 3.000 contratos firmados en abril ya eran 6.000 despu¨¦s de verano, y ahora suponen 6.800. A eso se suman 1.200 en tr¨¢mites de formalizaci¨®n y otras 2.500 situaciones de familias que no responden, seg¨²n las cifras facilitadas por Sareb. Algunas de estas, cuentan, acabar¨¢n colaborando porque no entrar en el programa supone que el banco malo sigue con el proceso por la v¨ªa menos amable: la recuperaci¨®n de la propiedad mediante procedimiento judicial, lo que puede terminar con un desahucio.

En Barcelona, Carmen (55 a?os) cuenta la mochila que lleva encima. Malos tratos, un 65% de discapacidad, un desahucio en el castigado barrio del Bes¨°s, un realojo en el igual o m¨¢s castigado barrio de La Mina, y un contrato de alquiler que result¨® ser una ocupaci¨®n ilegal en el piso desde donde cuenta su historia. Lleg¨® al barrio de Sant Andreu hace ocho a?os. ¡°Es verdad que el alquiler era demasiado barato, pero me urg¨ªa salir de La Mina, hubiese cogido lo que fuera¡±, relata. Una ma?ana, a las pocas semanas de entrar, la despert¨® el taladro de un operario que cambiaba la cerradura de su casa. All¨ª descubri¨® que el contrato era un enga?o, el piso hab¨ªa sido de un banco y luego de la Sareb, y los suministros estaban pinchados.

La Sareb intent¨® desahuciarla, pero Carmen acudi¨® a plataformas por la vivienda, que alertaron de su caso a la unidad antidesahucios del Ayuntamiento que cre¨® la entonces alcaldesa Ada Colau. Consiguieron frenarlo al demostrar su vulnerabilidad. Ah¨ª comenz¨® su relaci¨®n, a buenas, con la Sareb. ¡°Claro que era el banco malo, era la reputaci¨®n que ten¨ªa, pero para m¨ª ha sido el banco bueno, una salvaci¨®n, no temer cada d¨ªa por encontrarme en la calle y tener tranquilidad mental¡±, dice de corrido. Paga 125 euros al mes, lo que se calcul¨® porque solo percib¨ªa la renta m¨ªnima, que actualmente ya no recibe porque ha empezado a trabajar limpiando porter¨ªas, ella, y su hijo en un local de comida. Andrea, la t¨¦cnica social que la acompa?a en todo el proceso, explica que acaban de reconocerle el 65% de discapacidad (hasta ahora ten¨ªa el 40%), y empezar¨¢n papeleo para ver a qu¨¦ ayudas tiene derecho. Adem¨¢s, cuando firm¨® el contrato, la empresa hizo obras de mantenimiento en el piso: arreglaron ventanas, el ba?o y pusieron vitrocer¨¢mica en la cocina.

¡°Invertimos de media unos 4.000 euros por vivienda para cumplir con los criterios de habitabilidad¡±, explica Pau P¨¦rez de Acha, director de Vivienda Asequible y Social de Sareb. El ejecutivo lleg¨® a la compa?¨ªa en marzo de 2022, un mes antes de que se anunciara que la mayor¨ªa de capital ya era p¨²blico, tras a?os dedicado a la gesti¨®n de vivienda social en Banco Sabadell y C¨¢ritas. Define el programa como ¡°una soluci¨®n pragm¨¢tica y un cambio de mentalidad¡± por parte del banco malo. Pero tambi¨¦n defiende que ¡°a la vez es una soluci¨®n econ¨®mica¡± porque ayuda a revalorizar viviendas que por su situaci¨®n no aportaban nada al magro balance econ¨®mico de la Sareb, que no ha dejado de perder dinero a?o tras a?o desde que se cre¨®. As¨ª, creen que pueden valer hasta un 75% de lo que se pagar¨ªa en el mercado libre, una cifra considerable para una empresa con el mandato de disolverse en 2027. Para entonces, el parque social que quede podr¨ªa acabar vendi¨¦ndose o siendo traspasado a las Administraciones.

Un plan con ¡°aristas¡±

P¨¦rez de Acha reconoce ¡°aristas¡± y ¡°situaciones sociales muy duras¡± cuando algunas familias no colaboran, pero cree que el balance es positivo. ¡°La gente mayoritariamente es proactiva porque lo que quiere es que le vaya bien y poder pagar el alquiler¡±, comenta enfatizando el rechazo a cualquier forma de ¡°criminalizar la pobreza o el excesivo inter¨¦s por la subsidiaci¨®n¡±. Los arrendamientos sociales de la Sareb conllevan un programa de acompa?amiento y, para determinadas situaciones, uno de inserci¨®n laboral. En este ya han entrado 2.100 personas y se ha logrado la firma de 44 contratos de trabajo. Pero todo empieza con el alquiler porque, explica el directivo de Sareb, el primer paso es ¡°dar tranquilidad en el marco de la vivienda y que la gente tenga siete a?os para reordenar y reorganizar su vida¡±.

Siete a?os es la duraci¨®n de un contrato est¨¢ndar cuando el casero es una empresa. Y es lo que firm¨® el a?o pasado D¨ªaz, la vecina de Riba-roja, junto con Isabel, una ¡°amiga de la familia¡± de 72 a?os de la que cuida hace mucho tiempo porque tiene una discapacidad reconocida del 69%. Con la pensi¨®n que recibe esta y la renta valenciana de inclusi¨®n que recibe ella, se les calcul¨® un alquiler social de 385 euros, apenas 15 euros menos de lo que pagaban antes. Inma Lara, la trabajadora social que lleva el caso y que est¨¢ presente durante la entrevista, al igual que personal de la Sareb, lo define como un caso excepcional: ¡°Con Bea todo fue f¨¢cil, se dan todos los factores de alguien con ganas de regularizar su situaci¨®n¡±, asegura.

D¨ªaz, que se muestra nerviosa, cuenta que acaba de completar un curso para ser monitora de comedor escolar y que asiste todos los lunes a una terapia para reforzar sus habilidades sociales. Para ella el gran cambio ha sido la estabilidad y el apoyo que est¨¢ recibiendo. ¡°Tengo expectativas de encontrar alg¨²n trabajo¡±, relata. ¡°Con el contrato de alquiler que me han hecho ahora estoy muy tranquila, es lo mejor que me ha podido pasar, aunque he pasado miedo en los ¨²ltimos a?os¡±.

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