La ley de simplificaci¨®n de Maz¨®n abre la puerta a la privatizaci¨®n de los servicios sociales, seg¨²n UGT

La federaci¨®n UGT Serveis P¨²blics del Pa¨ªs Valenci¨¤ ha denunciado este jueves que el Consell presidido por Carlos Maz¨®n (PP) ha aprovechado la tramitaci¨®n parlamentaria de la ley de Simplificaci¨®n Administrativa, en vigor desde el pasado martes, para ¡°dinamitar la normativa de servicios sociales¡±, lo que supone ¡°graves recortes de personal¡±, adem¨¢s de ¡°abrir la puerta a las privatizaciones porque elimina que la gesti¨®n directa sea la f¨®rmula preferente. La directora general de Personas Mayores de la Generalitat, Beatriz Sim¨®n, ha replicado que el Ejecutivo plantea un nuevo escenario para hacer realidad la creaci¨®n de residencias e incentivar nuevas plazas ¡°para ponernos a la cabeza de plazas por persona en Espa?a¡±. Y ha insistido en que la capacidad de una residencia es independiente de la atenci¨®n porque se organizan por unidades de convivencia.

Seg¨²n la organizaci¨®n sindical, los cambios legales introducidos duplican la capacidad m¨¢xima permitida de las residencias de personas mayores, al pasar de 75 a 150 plazas para las nuevas residencias, y rebajan la plantilla, reduciendo una tercera parte las ratios de personal que atienden a los mayores, lo que, seg¨²n UGT, puede provocar ¡°una masificaci¨®n de los centros y el deterioro de la calidad asistencial¡±.

Adem¨¢s, favorecen la privatizaci¨®n de los Servicios Sociales al eliminar de la ley la prevalencia de las administraciones p¨²blicas para la gesti¨®n directa de los centros, incluso el mantenimiento de los mismos, al tiempo que se recortan los derechos laborales ya que se elimina la obligaci¨®n de las empresas privadas a que la plantilla m¨ªnima tenga contratos indefinidos.

UGT entiende, adem¨¢s, que abre el camino a la privatizaci¨®n de los equipos de servicios sociales municipales, ya que elimina la reserva legal para que los servicios de atenci¨®n primaria b¨¢sica y los espec¨ªficos, as¨ª como la prescripci¨®n de las prestaciones, sean desempe?adas por personal de los ayuntamientos y mancomunidades.

Estas modificaciones fueron introducidas a trav¨¦s de enmiendas respaldadas por los grupos PP y Vox en las Cortes Valencianas y han supuesto alteraciones de calado tanto en la Ley de Servicios Sociales vigente desde 2019 como en su desarrollo normativo, especialmente en el conocido como decreto de tipolog¨ªas de 2023, que establece la calidad de los servicios sociales mediante la regulaci¨®n de plantillas de personal, n¨²mero de usuarios atendidos y espacios donde se les atiende. Estas cuestiones, remarca el sindicato, no figuraban inicialmente en el decreto-ley de simplificaci¨®n, que el presidente de la Generalitat, Carlos Maz¨®n, present¨® en mayo pasado y se aprob¨® a principios de julio. Se introdujeron v¨ªa enmienda en la primera quincena de octubre.

Sin embargo, ¡°el Gobierno valenciano, a trav¨¦s de sus apoyos parlamentarios, ha aprovechado para unos cambios que suponen un desmantelamiento de toda la arquitectura normativa establecida en los ¨²ltimos ocho a?os, de manera que la atenci¨®n a la persona deja de ser el centro desde el cual se construyen los servicios sociales, para favorecer los intereses del empresariado¡±, interpreta UGT-PV.

En el a?o 2005, el Consell, entonces del PP, aprob¨®, sin previa negociaci¨®n con los sindicatos ni las organizaciones representativas del sector, una orden que regulaba los centros de servicios sociales de personas mayores. Esta orden fij¨® la capacidad m¨¢xima de las residencias en 150 plazas. En la legislatura anterior, en la etapa del Gobierno del Bot¨¤nic, la capacidad m¨¢xima se rebaj¨® a 120 plazas; 75 si estaban en zonas rurales o zonas con riesgo de despoblamiento; y 90 plazas si se situaban en localidades o zonas de densidad mediana.

Ahora, con la ley de Simplificaci¨®n se vuelve a un m¨¢ximo de 150 plazas ¡°sin tener en cuenta la zona donde se ubique. Con lo cual, ¡°este Consell ha retrocedido 20 a?os en el aspecto normativo¡±.

El Gobierno del Bot¨¤nic aprob¨® unas ratios m¨¢s elevadas, que quedaron incluidas en el decreto de 2023, que deb¨ªa aplicarse en marzo de 2024, salvo en las residencias privadas de personas mayores, donde estaba previsto que se aplicase de forma progresiva entre 2025 y 2027. Con este escenario todav¨ªa en vigor, el Consell del PP y Vox ya alarg¨® este plazo transitorio hasta diciembre de 2029 nada m¨¢s comenzar la legislatura . Y ahora, ha aprovechado la ley de simplificaci¨®n ¡°para colar un recorte muy por debajo de las ratios previstas¡±.

As¨ª, con esta ley de simplificaci¨®n administrativa en las residencias radicadas en la Comunidad Valenciana se exigir¨¢ en 2026 una ratio de 32 auxiliares de enfermer¨ªa por cada 100 residentes, muy por debajo de lo inicialmente previsto en el decreto de tipolog¨ªas ¡ªque preve¨ªa 44 auxiliares cada 100 residentes¡ª, y de lo previsto a nivel estatal ¡ª43 auxiliares¡ª.

UGT Serveis P¨²blics denuncia que ¡°el Consell no est¨¦ buscando el bienestar de la ciudadan¨ªa, sino s¨®lo facilitar los beneficios econ¨®micos de las residencias, que gracias a estos cambios normativos no se ver¨¢n obligadas a contratar m¨¢s personal y aumentar¨¢n sus ingresos al albergar a m¨¢s personas usuarias¡±.

Lamentan que los cambios introducidos v¨ªa enmienda en las Cortes hayan salido adelante sin ning¨²n tipo de negociaci¨®n con las organizaciones sindicales, pues suponen ¡°una merma considerable de los derechos laborales ya que se elimina un apartado del decreto de tipolog¨ªas que define la plantilla m¨ªnima estable de los centros y que este personal, mayoritariamente trabajadoras, tengan un contrato fijo¡±.

La responsable de Pol¨ªtica Social de UGT Serveis P¨²blics PV, Mar¨ªa Navarro, ha lamentado que estos cambios ¡°se han hecho por la puerta de atr¨¢s y suponen desmantelar el modelo de servicios sociales que pon¨ªa a las personas en el centro y desandar a?os de trabajo, de di¨¢logo y de mejoras en la atenci¨®n a la ciudadan¨ªa¡±. Seg¨²n Navarro, el sindicato estudia acciones tanto jur¨ªdicas como posibles movilizaciones para articular una respuesta de rechazo a los cambios aprobados.

¡°Las plazas son independientes de la atenci¨®n¡±, replica el Consell

El Gobierno ha reaccionado a la denuncia de UGT. La directora general de Personas Mayores de la Generalitat, Beatriz Sim¨®n, ha resaltado que el Ejecutivo plantea un nuevo escenario para hacer realidad la creaci¨®n de residencias e incentivar nuevas plazas ¡°para ponernos a la cabeza de plazas por persona en Espa?a¡±.

Sim¨®n ha indicado que la capacidad de una residencia es independiente de la atenci¨®n porque se organizan por unidades de convivencia y ha explicado en este punto que la nueva f¨®rmula ¡°mantiene inamovible el m¨®dulo de unidades de convivencia, establecido en 25 personas, que es por lo que realmente se mide el cuidado y la atenci¨®n personalizada e integral, que es prioritario para el Consell¡±.

La directora general tambi¨¦n se ha referido a las ratios de profesionales en residencias, y ha explicado que part¨ªamos de una ratio de 0,40 profesionales por usuario y la Consejer¨ªa ha aprobado un nuevo par¨¢metro que alcanzar¨¢ el 0,45 en las licitaciones realizadas a partir de marzo de 2025 y 0,50 desde marzo de 2026. ¡°Esto contrasta con la gesti¨®n del anterior Gobierno, que ¡°vend¨ªa un aumento de la ratio, pero su ¨²ltima licitaci¨®n en 2022 fue al 0,40, y result¨® que el 16% de las plazas quedaron desiertas¡±.

Ha explicado que la nueva medida permitir¨¢ crear plazas residenciales para mayores para cubrir el d¨¦ficit que gener¨® el Bot¨¢nic, con 25.000 personas en lista de espera al no crear ni una plaza p¨²blica en ocho a?os. Durante su gesti¨®n, el Gobierno del Bot¨¢nic cerr¨® nueve residencias, gener¨® un d¨¦ficit de 25.000 plazas, lo que significa 3.000 al a?o, redujo un 5% las plazas p¨²blicas y aumentaron en cerca de 3.000 las plazas privadas.