Interior ordena rastrear los ciberbulos que puedan ¡°alterar la voluntad del votante¡± el 23-J
El documento que dise?a el dispositivo de seguridad para las elecciones alerta sobre posibles ¡°campa?as de desinformaci¨®n¡± que cuestionen la ¡°legitimidad¡± de los comicios


El riesgo de que se produzcan ¡°campa?as de desinformaci¨®n¡± en internet y las redes sociales, tanto durante la actual campa?a electoral como el pr¨®ximo domingo, d¨ªa de la votaci¨®n, preocupa al Ministerio del Interior. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha incluido en la instrucci¨®n que dict¨® el pasado 26 de junio para dise?ar el operativo de seguridad para el 23-J varias referencias al riesgo de que se difundan ciberbulos (tambi¨¦n conocidos con el t¨¦rmino ingl¨¦s fake news) dirigidos a ¡°alterar la voluntad del votante¡± y cuestionar la ¡°legitimidad¡± de los resultados electorales como una de las amenazas sobre los comicios.
En el documento, al que ha tenido acceso EL PA?S, Interior ordena a las fuerzas de seguridad la ¡°b¨²squeda¡± de estas campa?as, entendidas como ¡°la difusi¨®n deliberada, a gran escala y sistem¨¢tica de desinformaci¨®n, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios¡±, seg¨²n recoge el protocolo del Consejo de Seguridad Nacional de octubre de 2020 que cita la instrucci¨®n. ¡°El primer objetivo es impedir que estos ciberbulos se propaguen, m¨¢s que actuar contra los supuestos autores¡±, detallan fuentes policiales, que admiten las dificultades legales para actuar contra los que los ponen en circulaci¨®n, sobre todo cuando se trata de hackers asentados en el extranjero que son auspiciados por pa¨ªses interesados en debilitar a otros Estados con propaganda desestabilizadora, en referencia a Rusia.
La instrucci¨®n, de difusi¨®n restringida a altos cargos del ministerio y que firma el secretario de Estado de Seguridad, Rafael P¨¦rez, consta de dos partes. La primera recoge las medidas a aplicar frente a las diversas amenazas que pueden alterar el desarrollo de los comicios, entre ellos los riesgos m¨¢s tradicionales como el terrorismo, la actuaci¨®n de ¡°grupos radicales¡± y la delincuencia organizada o los derivados de lo que el texto denomina ¡°conflictividad social¡±. Para prevenir y, en su caso, reaccionar a todas ellas, Interior anunci¨® este lunes la movilizaci¨®n de m¨¢s de 90.000 agentes de los diferentes cuerpos policiales para el domingo.
Junto a estos riesgos, los responsables de Interior citan ¡°las amenazas en el ¨¢mbito de la ciberseguridad¡±, para las que el documento incorpora un anexo con instrucciones espec¨ªficas para detectarlas y combatirlas. Es ah¨ª donde se recoge la preocupaci¨®n ante posibles ciberataques contra los que denomina ¡°actores del sistema¡± ¨Den referencia a partidos y otros organismos implicados en los comicios¨D y contra ¡°el sistema tecnol¨®gico que provee servicios para las elecciones¡±, as¨ª como la posible irrupci¨®n de una campa?a de desinformaci¨®n que pueda ¡°poner en cuesti¨®n la transparencia y el funcionamiento del desarrollo de las elecciones, as¨ª como poner en jaque el derecho al voto libre e informado [de los ciudadanos] y generando dudas sobre su legitimidad¡±.
Para contrarrestarlos, Interior ordena a los expertos policiales y de otros organismos de ciberseguridad que participan en el dispositivo del 23-J que realicen ¡°una vigilancia digital sobre fuentes abiertas [redes sociales, servicios de mensajer¨ªa instant¨¢nea, foros, blogs y webs] y la deep web [internet profunda, utilizada por grupos criminales en sus contactos]¡± con el fin de detectar cualquier ciberamenaza para los comicios. Tambi¨¦n, ordena que analicen aquellos ¡°hashtags [etiquetas utilizadas para facilitar la localizaci¨®n y la b¨²squeda de contenido en la red por temas] de mayor impacto¡± durante la campa?a.
Cuando se detecta un ciberincidente cuyo nivel de peligrosidad o impacto sea considerado ¡°alto, muy alto o cr¨ªtico¡±, los expertos policiales deben elaborar un informe en el que conste la red social, web, blog o servicio de mensajer¨ªa en que se produjo el hallazgo, as¨ª como la fecha y hora de publicaci¨®n y de su descubrimiento. Tambi¨¦n tienen que incluir un an¨¢lisis sobre la fiabilidad de la informaci¨®n y el posible impacto que pudiera tener. Estos informes deben ser remitidos a la Oficina de Coordinaci¨®n Cibern¨¦tica (OCC), dependiente de Interior, que, a su vez, decidir¨¢ qu¨¦ actuaci¨®n poner en marcha. No obstante, Interior detalla que si el incidente es, precisamente, una campa?a de desinformaci¨®n, este deber¨¢ ser notificado siempre al Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que se encuadra en la estructura del Gabinete de Presidencia del Gobierno.
La preocupaci¨®n de Interior por las campa?as de desinformaci¨®n durante los comicios no es nueva. Los indicios de que este tipo de mensajes distorsionados prendieron en la crisis de Catalu?a de 2017 llevaron al ministerio a incluir en sus dispositivos de seguridad para las dos anteriores elecciones generales, las del 28 de abril y el 10 de noviembre de 2019, medidas espec¨ªficas para combatirlos. Entonces, las fuerzas de seguridad detectaron numerosos de estos ciberincidentes, aunque ninguno fue considerado lo suficientemente relevante para que hubiera que desmentirlo o solicitar su borrado a las empresas tecnol¨®gicas que gestionan las redes sociales. Tampoco se detect¨® ninguna campa?a masiva apoyada por las llamadas granjas de bots (usuarios falsos) con origen en el extranjero, como s¨ª hab¨ªa pasado en los ataques sufridos por los procesos electorales de otros pa¨ªses.
Entre las falsas noticias difundidas durante la campa?a electoral del 28-A de aquel a?o figur¨® una referida a la supuesta implicaci¨®n de Pedro S¨¢nchez, cuando era concejal en el Ayuntamiento de Madrid, en la crisis de Bankia ¨Duna historia vieja y desmentida en su d¨ªa que resucita peri¨®dicamente¨D; otras relacionadas con la situaci¨®n en Catalu?a y el entonces reci¨¦n iniciado juicio del proc¨¦s; y una que recog¨ªa la supuesta preocupaci¨®n europea por el respeto a los derechos humanos en Hungr¨ªa en la que se hab¨ªa sustituido el nombre de este pa¨ªs por el de Espa?a.
Medidas similares contra los ciberbulos se adoptaron en marzo de 2020, tras el decreto del estado de alarma por la covid-19. La decisi¨®n provoc¨® entonces una enorme pol¨¦mica despu¨¦s que el general de la Guardia Civil Jos¨¦ Manuel Santiago, entonces jefe del Estado Mayor del instituto armado, afirmase en una de las ruedas de prensa diarias sobre la situaci¨®n de la pandemia que se trabajaba para ¡°minimizar el clima contrario [en internet] a la gesti¨®n de crisis por parte del Gobierno¡±. En las primeras semanas de confinamiento, Interior detect¨® 291 ¡°eventos de desinformaci¨®n¡± o ciberbulos de relevancia, en su mayor¨ªa mensajes falsos que iban desde teor¨ªas conspiratorias hasta narrativas que buscaban perjudicar la imagen del Ejecutivo.
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