Una comisi¨®n sobre los bulos de los atentados del 17-A y otra para aclarar el ¡®caso Pegasus¡¯

La necesidad de contar con los votos de ERC y Junts para que Francina Armengol saliera elegida el jueves presidenta del Congreso ha llevado al PSOE a acordar con las dos fuerzas independentistas catalanas la creaci¨®n de dos comisiones de investigaci¨®n que, durante la pasada legislatura, hab¨ªa rechazado. La primera deber¨¢ servir para despejar las dudas alentadas por el propio soberanismo sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos y m¨¢s de 300 heridos. La segunda, para aclarar el verdadero alcance del caso Pegasus, el espionaje que sufrieron tanto dirigentes independentistas como cuatro miembros del Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez con un programa inform¨¢tico israel¨ª solo al alcance de gobiernos.

Las dos comisiones partir¨¢n, sin embargo, de puntos dispares. Una, la de los ataques yihadistas del 17-A, con una sentencia de la Audiencia Nacional ¨Dsobre cuyos recursos a¨²n tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo¨D que desmont¨® la teor¨ªa de la conspiraci¨®n en la que precisamente el independentismo ha sustentado su petici¨®n de investigaci¨®n parlamentaria. La segunda, con demasiados puntos oscuros que las causas judiciales abiertas no han sido capaces de despejar y una petici¨®n, de mayo, de la comisi¨®n de investigaci¨®n del Parlamento Europeo sobre el caso Pegasus para que Espa?a haga una indagaci¨®n ¡°completa, justa y exhaustiva¡±.

El origen de una y otra comisi¨®n tambi¨¦n es muy diferente. La que abordar¨¢ la masacre yihadista parte de una informaci¨®n period¨ªstica de 2019 sobre los contactos entre agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el cerebro de aquellos ataques, el im¨¢n Abdelbaki es Satty, muerto horas antes de los mismos en una explosi¨®n accidental, que sirvi¨® para alentar una teor¨ªa de la conspiraci¨®n que, en su versi¨®n m¨¢s extrema, culpaba al Gobierno de Mariano Rajoy de permitir la masacre para hacer fracasar al proc¨¦s.

Sustentada en los contactos reconocidos por el servicio secreto con Es Satty mientras estuvo preso por narcotr¨¢fico en la c¨¢rcel de Castell¨®n entre 2010 y 2014, fue alimentada durante el juicio por el ataque yihadista por el diputado de Junts en el Parlament Jaume Alonso-Cuevillas, quien ejerc¨ªa la acusaci¨®n en nombre los padres del ni?o de tres a?os v¨ªctima de aquel ataque. Alonso-Cuevillas lleg¨® a plantear la hip¨®tesis de que el im¨¢n segu¨ªa vivo. En mayo de 2021, la sentencia que conden¨® a los tres supervivientes de la c¨¦lula terrorista concluy¨® que la muerte de Es Satty era una ¡°verdad cient¨ªfica constatada¡± y enterr¨® a nivel judicial cualquier atisbo de la teor¨ªa de la conspiraci¨®n. La Sala de Apelaci¨®n confirm¨® 14 meses despu¨¦s el relato de los hechos probados contenido en aquella sentencia.

Sin embargo, esta teor¨ªa resurgi¨® en enero de 2022 en boca del comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, que aprovech¨® su declaraci¨®n como acusado ¡ªy, como tal, no obligado a decir la verdad¡ª durante el primer gran juicio contra ¨¦l para asegurar sin pruebas que los atentados fueron un ¡°error grave del se?or [F¨¦lix] Sanz Rold¨¢n [entonces director del CNI y enfrentado al polic¨ªa] que calcul¨® mal las consecuencias por darle un peque?o susto a Catalu?a¡±. Villarejo lo vincul¨® todo a la llamada Operaci¨®n Catalu?a, puesta en marcha por el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz para desacreditar a los l¨ªderes del independentismo catal¨¢n. Aquellas declaraciones provocaron que ese mismo d¨ªa ERC y Junts solicitaran, apoyados por EH Bildu, la CUP, PDeCAT y el BNG, la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n que entonces no sali¨® adelante.

En el caso Pegasus, la chispa que inici¨® todo fue un informe, de abril de 2022, de Citizen Lab ¨Dun organismo de ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canad¨¢)¨D que apuntaba que 63 dirigentes y exdirigentes de ERC, CUP y Junts y de las entidades c¨ªvicas Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y ?mnium Cultural hab¨ªan sido espiados con el programa Pegasus, dise?ado por la empresa israel¨ª NSO Group y que solo vende a organismos p¨²blicos. Este software esp¨ªa permite, tras infectar un tel¨¦fono m¨®vil sin que su usuario realice ninguna acci¨®n previa, acceder a cualquier informaci¨®n almacenada o realizar acciones con ¨¦l, como la activaci¨®n del micr¨®fono, grabar las llamadas, geolocalizarlo y capturar las p¨¢ginas web visionadas.

La comparecencia a puerta cerrada en el Congreso d¨ªas despu¨¦s de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, no apacigu¨® los ¨¢nimos del independentismo. Esta mostr¨® a los diputados los autos por los que el magistrado del Tribunal Supremo encargado de controlar las actividades del servicio secreto hab¨ªa autorizado los pinchazos de 18 dirigentes independentistas, entre ellos, el presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s. Esteban, que fue cesada cinco d¨ªas despu¨¦s, neg¨® que el organismo hubiera ordenado las escuchas masivas o indiscriminadas a las que apuntaba Citizen Lab y se desvincul¨® de los otros casos recogidos en su informe. Entonces, el Gobierno defendi¨® en todo momento la legalidad de aquellas escuchas, aunque asegur¨® desconocer su existencia.

En esas mismas fechas, el Ejecutivo denunci¨® en la Audiencia Nacional que cuatro de sus miembros, entre ellos el propio Pedro S¨¢nchez, hab¨ªan sufrido en sus tel¨¦fonos m¨®viles casi un a?o antes, en junio y julio de 2021, un ataque con el mismo software esp¨ªa. La infecci¨®n, cuyas fechas coincidieron con la crisis diplom¨¢tica con Marruecos, fue investigada durante m¨¢s de un a?o por el juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ Luis Calama, quien finalmente acord¨® el 10 julio archivar las pesquisas ante la ¡°absoluta¡± falta de cooperaci¨®n de Israel.