Un v¨ªdeo de Ence desata la pol¨¦mica medioambiental sobre la pastera

La Asociaci¨®n pola Defensa da R¨ªa (APDR) estudia una posible denuncia y la petici¨®n de cierre cautelar de la planta de Ence por las declaraciones de su presidente, Ignacio Colmenares, en un video en el que supuestamente advert¨ªa de que la planta de Louriz¨¢n (Pontevedra) podr¨ªa dar ¡°un susto medioambiental¡± por la falta de inversiones.

La pol¨¦mica se produce en plena tramitaci¨®n de la Ley de Cambio Clim¨¢tico y Transici¨®n Energ¨¦tica en el Congreso que ha obligado a la compa?¨ªa pastera a emitir un comunicado. En ¨¦l afirma que el v¨ªdeo es una ¡°grabaci¨®n ilegal¡±, ¡°sacada de contexto¡±, y desmiente que Ignacio Colmenares haya puesto en cuesti¨®n el futuro de la empresa. El propio Colmenares ha salido al paso para subrayar que su objetivo ¡°es mantener la actividad de la planta de Louriz¨¢n, el empleo y sus inversiones¡±. ¡°Este extracto, de cerca de cuatro minutos de duraci¨®n, es parte de una intervenci¨®n de m¨¢s de tres cuartos de hora¡± y las palabras difundidas sobre un eventual desastre medioambiental ¡°no reflejan su sentido ni significado¡±, ha detallado la compa?¨ªa.

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a la APDR, que interpreta que el presidente de Ence ha admitido la falta de inversiones, lo que supone ¡°una situaci¨®n absolutamente irresponsable que podr¨ªa tener implicaciones legales¡±. Tambi¨¦n el teniente alcalde de Pontevedra, Tino Fern¨¢ndez, ha entrado en la controversia, poniendo el foco sobre lo que ha definido como un ¡°susto medioambiental may¨²sculo¡±.

Seg¨²n la APDR, la empresa pretende presionar para que la eventual ley se adapte a sus demandas, mientras que Ence matiza que la modificaci¨®n del art¨ªculo 18.4 de la futura legislaci¨®n (que contempla el l¨ªmite de 75 a?os para las concesiones en terrenos situados en el dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre, de competencia estatal) dar¨ªa ¡°seguridad jur¨ªdica¡± a la f¨¢brica al ¡°eliminar las dudas¡± sobre su aplicaci¨®n retroactiva, informa Europa Press.

Esto ¡°sin duda facilitar¨ªa enormemente la situaci¨®n y el futuro de esta planta, as¨ª como del importante volumen de empleo vinculado a ella en Pontevedra y en toda Galicia¡±, que asciende a m¨¢s de 5.000 personas, seg¨²n ha explicado la empresa. Esta tambi¨¦n ha incidido en el ¡°robusto sistema de gesti¨®n de seguridad del complejo de Ence Pontevedra, avalada por el certificado de la normativa internacional ISO 45.001. ¡°Los ¨ªndices de seguridad, a?o a a?o, diez veces mejores que los de la industria en Espa?a¡±, afirma la compa?¨ªa.

En este contexto, la empresa ha insistido en que la seguridad de la planta no ha sido cuestionada en ning¨²n momento por su presidente. ¡°Se ha aludido, ¨²nicamente, a las molestias que el olor puede suponer para las personas del entorno pr¨®ximo a la planta¡±, aclara. ¡°La seguridad, junto con la sostenibilidad y el respeto medioambiental, son las prioridades de Ence en Pontevedra, como en el resto de emplazamientos en los que opera¡±, a?ade la compa?¨ªa.

Desde la pr¨®rroga de la concesi¨®n en 2016, Ence ha invertido 132 millones de euros en la biof¨¢brica de Louriz¨¢n y quedan pendientes de inversi¨®n otros 200 millones, seg¨²n la empresa. La compa?¨ªa ha anunciado que ¡°continuar¨ªa ahondando para que la planta siga avanzando en competitividad y sostenibilidad¡±, pero, insiste, solo en caso de tener esa ¡°seguridad jur¨ªdica¡± en la futura ley. De no ser as¨ª, admite que se barajan futuras ubicaciones de la pastera fuera de Galicia, tanto en Portugal como en Brasil.

Pero el presidente de la APDR, Ant¨®n Masa, cree que Ence ¡°pretende modificar a su gusto¡± la Ley de Cambio Clim¨¢tico. ¡°Se trata de un nuevo intento de presionar a las administraciones y a la ciudadan¨ªa, aprovechando en esta ocasi¨®n la actual situaci¨®n sanitaria y econ¨®mica, provocando una mayor sensibilidad por la defensa del empleo¡±, denuncia Masa.

¡°Con esta ley o sin ella, el tiempo de permanencia de Ence en Louriz¨¢n ha llegado a su fin¡±, insiste el portavoz de la APDR. Y defiende que el tiempo m¨¢ximo de permanencia en dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre ya estaba fijado en 75 a?os, incluyendo las pr¨®rrogas, tanto en la Ley de Costas de 2013 como en la Ley de Patrimonio del Estado del 2002. La compa?¨ªa defiende la validez de la pr¨®rroga concedida para que la planta siga operando. La cuesti¨®n se dirime en los tribunales.