La renuncia de abogados enreda el juicio a 21 narcos por la coca¨ªna del Tit¨¢n

El tercer intento de la Audiencia de Pontevedra de celebrar el macrojuicio por el alijo de 1.700 kilos de coca¨ªna intervenido en 2018 a bordo del remolcador Tit¨¢n III, ha resultado fallido. La renuncia de un abogado ha enredado nuevamente el comienzo de la vista que se retrasa casi un a?o por motivos procesales planteados por las defensas. El juicio ha quedado aplazado para septiembre y octubre.

El motivo de la tercera suspensi¨®n ha sido el cambio de abogado por parte del acusado Pedro Rodr¨ªguez, el due?o del narcobuque nodriza que transport¨® el alijo hasta Galicia. Este procesado ya hab¨ªa tenido problemas con sus anteriores abogados, y ahora su nueva defensa ha reclamado tiempo al tribunal para conocer la causa.

En marzo pasado, con motivo de la segunda suspensi¨®n, el tribunal se vio obligado a excarcelar al armador y a otro acusado, los ¨²nicos implicados en la causa que segu¨ªan en prisi¨®n provisional. A petici¨®n del fiscal, no se les impuso fianza y solo se le retir¨® el pasaporte. Pedro Rodr¨ªguez afronta una condena de 13 a?os de prisi¨®n y millonarias multas como responsable del transporte de la coca¨ªna desde la Guayana francesa a bordo del remolcador de bandera paname?a.

Con la ausencia de otro de los cabecillas de la organizaci¨®n, el fugitivo Paul Wouter que fingi¨® su muerte hasta que las autoridades brasile?as lo desenmascararon al confirmar que era un exmilitar con varios pasaportes falsos y al que ahora persigue Interpol, las defensas de los 21 acusados ya han anunciado que pedir¨¢n la nulidad del procedimiento. Consideran que los fallos en la instrucci¨®n han sido ¡°notorias¡± y que las pruebas documentales, como el balizamiento de casas y veh¨ªculos, han vulnerado principios constitucionales.

En su escrito de acusaci¨®n, el Ministerio Fiscal se?ala que los procesados ¡°estructuraron sus relaciones con un esquema de actuaci¨®n piramidal para participar lucrativamente en la importaci¨®n de un cargamento de coca¨ªna¡±, valorado en m¨¢s de 60 millones de euros.

Al comienzo de la investigaci¨®n, existieron indicios de que Manuel Charl¨ªn y uno de sus hijos participaron en los preparativos y la coordinaci¨®n de un transporte de droga desde Sudam¨¦rica. No obstante, en el momento de cerrar la instrucci¨®n, el juez acord¨® seguir la causa contra 21 personas de las 30 inicialmente vinculadas al caso, de forma que la archiv¨® con respecto a nueve personas entre las que se encontraban Charl¨ªn y uno de sus hijos.

La Fiscal¨ªa mantiene que, a finales de 2016, tres de los acusados planificaron la introducci¨®n del cargamento de estupefacientes. Sin embargo, remarca que su actuaci¨®n ¡°no se limit¨® a una ¨²nica operaci¨®n de narcotr¨¢fico¡±, ya que ¡°aunaron sus esfuerzos guiados a trabar contactos con terceros que les pudieran posibilitar distintas v¨ªas de introducci¨®n de estupefaciente con varias alternativas de transporte¡±.

Mediante la investigaci¨®n policial, que se desarroll¨® durante varios meses, el 7 de agosto de 2018 se llev¨® a cabo el abordaje del remolcador Tit¨¢n III y se detuvo a sus cuatro tripulantes. En su interior se hall¨® un cargamento que superaba las 1,7 toneladas de coca¨ªna, con una elevada pureza (84,8 %), por lo que su venta en el mercado negro multiplicar¨ªa al menos por dos su valor.

Asimismo, al d¨ªa siguiente, se intercept¨® un segundo barco, el pesquero Sempre Cacharelos, que se encontraba a 110 millas del punto de encuentro ¡°concertado para el trasvase de la droga que deb¨ªa recibir¡± del remolcador. En las siguientes horas se produjeron las detenciones del resto de los investigados.

Por estos hechos, el Ministerio P¨²blico solicita 9 a?os de prisi¨®n para cuatro de los seis coordinadores del operativo y 200 millones de euros en multas, y para los otros dos pide 12 a?os de prisi¨®n y 340 millones de euros en sanciones. Para el resto de los procesados solicita penas entre 10 y 13 a?os y medio de prisi¨®n, y multas de entre 200 y 340 millones de euros.