El exalcalde de Ourense Manuel Cabezas se enfrenta a siete a?os por malversaci¨®n
El caso por el que el Ayuntamiento dej¨® de percibir 1,6 millones de las constructoras, lleva tambi¨¦n al banquillo al entonces concejal de urbanismo Ricardo Campo
La Audiencia de Ourense juzgar¨¢ desde este lunes al que fuera alcalde de la ciudad bajo las siglas del PP, Manuel Cabezas, entre 1995 y 2007, y al entonces edil de urbanismo, Ricardo Campo, por supuestos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Ambos acusados afrontan una petici¨®n de condena de siete a?os de c¨¢rcel, con inhabilitaci¨®n absoluta para el ejercicio de empleo o cargo p¨²blico durante 17 a?os.
El caso fue denunciado ante la Fiscal¨ªa de Ourense en 2014 que tras numerosas vicisitudes en la tramitaci¨®n de las diligencias de investigaci¨®n acab¨® procesando a los acusados por eximir presuntamente a constructores y promotores de la entrega al patrimonio municipal del 10% del suelo en 15 proyectos de compensaci¨®n en suelo urbano no consolidado. Ello, seg¨²n el Ministerio P¨²blico, priv¨® al Ayuntamiento de ingresar a las arcas p¨²blicas 1,6 millones de euros.
El Ministerio Fiscal concluye que los acusados deber¨¢n indemnizar en concepto de responsabilidad civil al Ayuntamiento de Ourense. As¨ª, fija para el exregidor la cantidad de 1,57 millones de indemnizaci¨®n y 1,19 millones para el exconcejal. Los acusados han defendido que actuaron conforme a un acuerdo plenario de 15 de diciembre de 1994, con Veiga Pombo en la alcald¨ªa, con el dictamen favorable del secretario municipal, ante la falta de un planeamiento urban¨ªstico que fijase los aprovechamientos del suelo.
El proceso por el conocido como ¡°caso del 10%¡±, que parti¨® de una denuncia impulsada en por la edil socialista ?urea Soto, quien tambi¨¦n tuvo las responsabilidades de urbanismo en el Ayuntamiento de Ourense, tendr¨¢ que dilucidar si ambos expol¨ªticos incurrieron en ilegalidad al no exigir dicho porcentaje entre 1997 y 2002 que ya contemplaba la Ley del Suelo auton¨®mica.
El fiscal defiende en su escrito de acusaci¨®n que, en diciembre de 1994, el pleno municipal aprob¨® una propuesta por la que se exim¨ªa del pago del aprovechamiento urban¨ªstico municipal en los pol¨ªgonos de suelo urbano no consolidado. En 1997 se public¨® en el Diario Oficial de Galicia la Ley del suelo que introdujo expresamente el pago del 10% del aprovechamiento urban¨ªstico.
Manuel Cabezas y Ricardo Campo, ¡°aprovecharon los cargos p¨²blicos que ostentaban, guiados, ambos acusados, por un ¨¢nimo de enriquecimiento injusto, con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados¡±, afirma el fiscal, que enumera uno por uno los 15 proyectos ejecutados por los que dejaron de abonar cuant¨ªas que van desde los 21.022 euros hasta los casi 700.000 euros.
El asunto llega a juicio con evidentes demoras en la instrucci¨®n. De hecho, la defensa intent¨® en varias ocasiones ampliar los plazos del proceso que estuvo paralizado porque el juez instructor inicial tuvo que abstenerse por incompatibilidad, al haber sido denunciado por supuesta prevaricaci¨®n en la investigaci¨®n a la socialista ?urea Soto, cuya causa fue sobrese¨ªda.
Adem¨¢s, ligado con este proceso tambi¨¦n acab¨® sancionado con diez meses de suspensi¨®n y 2.500 euros el fiscal que recibi¨® la denuncia, Florentino Delgado, debido a los retrasos en su tramitaci¨®n. Este fiscal fue sancionado, posteriormente, con otros 18 meses de suspensi¨®n de empleo y sueldo por otro asunto.
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