El negocio silencioso de las empresas sanitarias durante la pandemia

De repente, una madrugada de junio el conductor del coche Tango del Summa 112 de la Comunidad de Madrid recibi¨® ¨®rdenes de llevar las neveras con las PCR del d¨ªa a un laboratorio privado. Hasta entonces las muestras que tomaban los sanitarios de emergencias del Gobierno regional durante sus visitas a viviendas de madrile?os las llevaba ese veh¨ªculo con nombre de baile argentino al hospital p¨²blico La Paz. Pero desde esa fecha esos tests los recibe la empresa Analiza, que gestiona el laboratorio del hospital Moncloa, del grupo HLA.

Analiza es una de las empresas privadas sanitarias que est¨¢n trabajando para la Comunidad en el diagn¨®stico de la covid-19 con PCR, un esfuerzo clave para controlar la pandemia de coronavirus. Cuando ha hablado de las campa?as de diagn¨®stico del virus, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha destacado acciones como la compra de seis robots para procesar estos tests en los laboratorios p¨²blicos, pero su Gobierno ha sido menos transparente sobre estos contratos que los cr¨ªticos tachan de ¡°regalos a empresas amigas¡±.

Otros contratos de servicio recientes de la Comunidad con grandes empresas han tenido tambi¨¦n como fin procesar PCR (con Ribera Salud y Unilabs por siete millones de euros) o hacer tareas de rastreo (con el grupo Quir¨®n por 194.000 euros y con Telef¨®nica e Indra por 421.080 euros). El mayor negocio ha sido la construcci¨®n por 50 millones del nuevo hospital de Emergencias Isabel Zendal, adjudicado a 14 empresas. Ifema cost¨® 19,4 millones en adjudicaciones para infraestructuras y servicios como comida o limpieza.

Cuando la Comunidad publica notas de prensa para informar de estos contratos a veces omite el nombre de la empresa seleccionada. El comunicado se conforma con informar con ambig¨¹edad de que ¡°el Gobierno regional ha destinado¡± tantos euros a tal fin.

Son adjudicaciones a dedo pero legales. Las permite la ley en situaciones de emergencia como la actual. Se han hecho durante d¨¦cadas para riadas, incendios y otras cat¨¢strofes, pero lo que nunca hab¨ªa ocurrido es una situaci¨®n excepcional tan prolongada. Seis meses han pasado desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo y tanto la Comunidad de Madrid como otras comunidades y el Gobierno central est¨¢n recurriendo a estos contratos que ofrecen pocas garant¨ªas. Los expertos advierten que en muchos casos se est¨¢n produciendo abusos.

¡°Estamos en una burbuja jur¨ªdica an¨®mala que se est¨¢ prolongando de modo indefinido y causando inseguridad¡±, dice Jos¨¦ Luis Villar, socio director del despacho especializado en contrataci¨®n Ari?o y Villar.

Uno de los problemas es la opacidad. Muchos de estos negocios se conocen por filtraciones o tras ser detectados en el portal de la contrataci¨®n o el bolet¨ªn oficial. La ley no obliga a dar m¨¢s publicidad que en esos medios de consulta minoritaria y compleja. Los cargos p¨²blicos que los adjudican pueden guardar silencio sobre ellos si as¨ª lo desean, incluso cuando afectan a la externalizaci¨®n de servicios de m¨¢ximo inter¨¦s noticioso, como est¨¢ sucediendo ahora.

Estamos en una burbuja jur¨ªdica an¨®mala que se est¨¢ prolongando de modo indefinido y causando inseguridad

Jos¨¦ Luis Villar, abogado especialista en contratos p¨²blicos

Pero ocurre tambi¨¦n que a veces estos contratos ni siquiera son publicados en esos portales durante meses. Como no hay un plazo legal obligatorio pasan desapercibidos. Ese ha sido el caso del contrato para analizar los PCR del Summa 112. En el portal de la contrataci¨®n del Gobierno regional no aparec¨ªa a¨²n este viernes, por lo que se desconocen su cuant¨ªa o duraci¨®n.

Ni la Comunidad, ni las empresas han dado informaci¨®n a este peri¨®dico sobre los detalles del contrato, cuya existencia reconocen. Tampoco hay informaci¨®n al respecto en las notas de prensa que publican en sus webs.

Seg¨²n una portavoz del grupo HLA, al que pertenece Analiza, la Comunidad de Madrid contact¨® con ellos para pedirles ayuda en el procesado de los tests porque no daban abasto en un momento en que aument¨® el volumen de estas pruebas. ¡°Nuestro laboratorio es muy potente y nosotros garantizamos celeridad. Damos resultados en 24 horas, un tiempo menor que el de otros¡±, a?ade esta portavoz.

Analiza es la misma empresa que la Comunidad eligi¨® en mayo para procesar PCR a 93 euros, cada una durante un per¨ªodo de 26 d¨ªas. Entonces la Comunidad estaba estancada en la fase 0 porque su capacidad para hacer PCR era insuficiente. El importe de aquel contrato fue de 2,4 millones de euros.

Un portavoz de la Comunidad dice que este nuevo contrato con este centro privado tiene por fin ¡°no interferir en los circuitos de realizaci¨®n de pruebas de los hospitales y centros de salud de la red p¨²blica, que representan el grueso de las PCR que se realizan en Madrid¡±. Trabajadores del Summa 112 se extra?an del motivo dado por la Comunidad. Dicen que no entienden qu¨¦ interferencia causaban en el hospital de La Paz las pruebas que ellos hacen.

Para los sindicatos consultados, esta adjudicaci¨®n es un paso m¨¢s en una progresiva ¡°privatizaci¨®n¡± de la sanidad madrile?a que empez¨® hace dos d¨¦cadas. ¡°Madrid es el laboratorio de pruebas de la privatizaci¨®n sanitaria¡±, dice Rosa Cuadrado, secretaria general de CC OO Sanidad Madrid.

¡°El Sermas [Servicio Madrile?o de Salud] deber¨ªa dar prioridad a la prestaci¨®n de estos servicios con recursos p¨²blicos¡±, protesta Jos¨¦ Balado, portavoz en Madrid del Sindicato Asambleario de Sanidad.

Ama?os

Otras comunidades y el Gobierno central tambi¨¦n est¨¢n haciendo contrataciones cuestionables. El Ministerio de Sanidad ha publicado numerosos contratos concedidos a empresas con domicilio desconocido, como ha denunciado Villar en un art¨ªculo publicado en el blog de la Fundaci¨®n de lucha contra la corrupci¨®n Hay Derecho. ¡°As¨ª cualquiera suscribe un contrato similar, porque no hace falta tener empresa ni ser experto en nada; basta con un contacto que cobre una ¡°comisi¨®n¡± y que sepa c¨®mo realizar el objeto del contrato [compra de respiradores] en el mercado¡±.

El Gobierno central tambi¨¦n ha permitido durante la pandemia el pago por adelantado a los contratistas, una ¡°chapuza¡± que favorece los ama?os. ¡°Si se abona la totalidad del precio por anticipado a quien no tiene ninguna clase de solvencia, no resultar¨¢ extra?o que buena parte del mismo se pierda en comisiones y la Intervenci¨®n del Estado y los ciudadanos carezcamos de cualquier medio para conocer el destino real de nuestro dinero¡±, denuncia Villar.

Recurrir y tumbar estos contratos de emergencia no es nada f¨¢cil porque, entre otros motivos, no hay otra empresa licitadora con un inter¨¦s perjudicado. Uno de contratos que ha sido m¨¢s cuestionados en Madrid ha sido el de los rastreadores del grupo Quir¨®n. La Comunidad llevaba prometiendo 400 rastreadores desde mayo, pero en agosto le entraron las prisas. Anunci¨® que necesitaba la incorporaci¨®n urgente de 20 empleados por el grupo Quir¨®n.

Para justificar la elecci¨®n, la nueva directora general de Salud P¨²blica, Elena Andradas, argument¨® en la resoluci¨®n que hab¨ªa que actuar de inmediato y que solo esta empresa pod¨ªa ser de ayuda.

¡°Dada la importancia de los servicios a realizar y por tratarse de una emergencia de car¨¢cter inaplazable la ¨²nica empresa que puede iniciar los trabajos con car¨¢cter inmediato es QUIRON PREVENCI?N, S.L., que cuenta adem¨¢s con las instalaciones y el equipo requerido para la realizaci¨®n de los trabajos objeto del servicio¡±, aleg¨® la alto cargo regional.

Sin embargo Quir¨®n no estaba preparada. D¨ªas antes de que el contrato apareciera en el portal madrile?o de la contrataci¨®n, Quir¨®n estaba buscan contratar a rastreadores. La prueba estaba a la vista de todos: un anuncio en el portal de empleo Infojobs.

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