La Comunidad de Madrid no quiere 1.700 pisos

La Comunidad de Madrid se niega a recoger las llaves de las 1.700 viviendas que le devuelve el fondo de inversi¨®n Encasa Cibeles por imperativo legal. Parece un juego, pero con pisos con personas dentro, lo cual hace la situaci¨®n, cuando menos, ¡°indignante para los implicados¡±, seg¨²n el abogado Javier Rubio Gil, que representa a inquilinos que llevan a?os peleando en los juzgados para que su casero originario, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), vuelva a hacerse cargo de su alquiler.

La sorpresa la dio ayer el fondo de inversi¨®n, Encasa Cibeles, que anunci¨® que el jueves a ¨²ltima hora hab¨ªa puesto una demanda contra la Administraci¨®n porque no le deja cumplir con lo que dictamin¨® el Tribunal Supremo en 2019, que anul¨® la venta de las 2.953 viviendas (pertenecientes a 32 promociones) por 201 millones por irregularidades en el proceso. Por tanto ¡ªdicen¡ª si anul¨® aquella venta, ellos ¡ªque fueron los compradores¡ª pretenden devolver las viviendas que todav¨ªa est¨¢n en su poder (1.700). ¡°Queremos cumplir la ley¡±, explicaron fuentes del fondo. Pero la ley tiene muchas interpretaciones. Y el Gobierno regional la suya.

Para cumplir la sentencia, Encasa Cibeles ha contratado los servicios de una empresa independiente para valorar cu¨¢l ser¨ªa la contraprestaci¨®n que deber¨ªan recibir ahora. Pagaron 201 millones por casi 3.000 viviendas y ahora perder¨ªan 1.700. Y eso tiene precio ¡ªque el fondo no ha querido revelar¡ª porque consideran que el error que se cometi¨® no fue suyo. Durante estos siete a?os, la empresa ha invertido dinero, ha recibido alquileres y ha vendido viviendas. Ha ganado y ha perdido. Por eso, un estudio ha valorado el precio actual que deber¨ªa abonar la Administraci¨®n por esas viviendas. ¡°Lo que reclaman lesionar¨ªa los intereses de los madrile?os¡±, responden fuentes de la Consejer¨ªa de Vivienda, liderada por David P¨¦rez, que se niega a llegar a un acuerdo con la empresa. ¡°Solo acataremos decisiones judiciales¡±, a?aden.

La batalla actual tiene un origen: la venta. Las familias afectadas hab¨ªan sido adjudicatarias de viviendas p¨²blicas en los a?os previos, y hab¨ªan suscrito contratos de alquiler p¨²blico con el Ivima bajo la premisa de contar con una vivienda asequible, mientras pagasen su renta, para toda la vida. En los actos p¨²blicos de entrega de llaves de los a?os 2007 a 2011, Esperanza Aguirre declar¨® a bombo y platillo que aquellas viviendas ser¨ªan la garant¨ªa de estabilidad y hogar para familias humildes. De hecho, hizo la entrega en un acto p¨²blico y prometi¨®, entre foto y foto, que aquello contaba con una cl¨¢usula inalienable: era para toda la vida. Pero esa vida tambi¨¦n estaba sujeta a interpretaci¨®n.

El Gobierno regional argument¨® que aquella venta era necesaria para no incurrir en d¨¦ficit. Comenz¨® as¨ª una pesadilla para las personas que viv¨ªan dentro, que vieron c¨®mo los precios de sus viviendas subieron como la espuma. Llegaron las protestas, desahucios y manifestaciones. Algunos inquilinos acabaron claudicando y se fueron. Otros consiguieron ejecutar su alquiler con opci¨®n a compra y cambiaron el fondo por la hipoteca del banco. Y otros lucharon por lo que cre¨ªan justo.

La chispa se encendi¨® entonces en Navalcarnero, uno de los 11 municipios en los que se construyeron las 32 promociones p¨²blicas. Rachid Bouikou pagaba 49 euros mensuales de alquiler y otros 40 de comunidad tras quedarse sin trabajo. Encasa Cibeles le reclam¨® que la renta subiera a 150. Y as¨ª empez¨® un pulso desigual, el de un particular contra la Administraci¨®n. En 2016 la justicia dictamin¨® en contra de Rachid, pero en 2017 las tornas cambiaron y en 2019 el Tribunal Supremo lo ratific¨®.

El tir¨®n de orejas sali¨® en todos los medios. El Alto Tribunal anul¨® a finales del a?o pasado la venta. En la sentencia esgrimi¨® que hubo irregularidades en el procedimiento y no hab¨ªa una justificaci¨®n m¨ªnimamente razonable para desprenderse de m¨¢s del 10% del patrimonio p¨²blico de viviendas sociales de la regi¨®n. La Administraci¨®n, que en un principio se plante¨® recurrir al Constitucional, dice ahora que acatar¨¢ lo que digan los jueces. Pero entiende que solo debe ejecutar la sentencia con Rachid, la persona que lo llev¨® a los tribunales.

¡°Eso no es as¨ª. El Gobierno hace una interpretaci¨®n partidista de la sentencia¡±, explica Cristina Gonz¨¢lez, diputada socialista que el jueves llev¨® una iniciativa a la Asamblea. ¡°Pedimos que se cumpla lo que dijo el Supremo, que la venta fue nula. Y se vendi¨® todo de una vez, las 32 promociones en bloque, no casa por casa. Por eso todas las viviendas deben volver al Ivima y no solo la de la persona que recurri¨®¡±, argumenta Gonz¨¢lez, una explicaci¨®n que comparte Rubio Gil, abogado de los inquilinos, y el servicio jur¨ªdico de Encasa Cibeles, raz¨®n por la que han decidido devolver el paquete completo de viviendas.

La propuesta del PSOE tambi¨¦n contemplaba que se creara una oficina donde evaluar la situaci¨®n de cada afectado y que se paralizaran los desahucios que todav¨ªa no se han ejecutado. Mar¨ªa Fuertes, madre soltera con cuatro hijos y una incapacidad, vive en un piso de una promoci¨®n de M¨®stoles y tiene fecha de desahucio para el 2 de diciembre. ¡°Solo exijo lo que es nuestro y es justo¡±, suplica.

La derecha, en bloque, vot¨® el jueves en contra de la propuesta. La Administraci¨®n no quiere esos pisos. Ni a sus inquilinos.

Siete a?os de protestas y juicios

El Gobierno de Ignacio Gonz¨¢lez vendi¨® 2.935 viviendas protegidas que pertenec¨ªan a 32 promociones ubicadas en Madrid (1.380), M¨®stoles (259), Torrej¨®n de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Legan¨¦s (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127). Las compr¨® un fondo de inversi¨®n de Goldman Sachs (Encasa Cibeles) a la Comunidad de Madrid por 201 millones de euros.

De aquellas viviendas, ya se han vendido 1.253, 599 en el mercado libre y el resto a los inquilinos originales, que ejercieron su derecho a compra.

Un inquilino de Navalcarnero, Rachid Bouikou, recurri¨® la venta al entender que se alteraban las condiciones con las que hab¨ªa accedido a la vivienda. En 2016, la justicia dictamin¨® que no ten¨ªa legitimaci¨®n activa para recurrir. En 2017, sin embargo, el Supremo concluy¨® que los inquilinos sufr¨ªan las consecuencias directas de la venta.

En mayo y junio de 2019, el Tribunal Superior de Madrid dict¨® sendas sentencias confirmando la anulaci¨®n de las resoluciones del Ivima, permitiendo la venta, al no argumentar por qu¨¦ esos bienes no ten¨ªan utilidad para la Administraci¨®n.

El Gobierno se plante¨® acudir al Tribunal Constitucional despu¨¦s de que el Supremo inadmitiera los recursos de la Comunidad y del fondo comprador. En septiembre acept¨® la nulidad de la venta, aunque sus servicios jur¨ªdicos interpretan que solo afectan al recurrente y no al conjunto de las viviendas.

Encasa Cibeles mand¨® ayer una carta a los inquilinos en la que les informa de que la sentencia les obliga a devolver la totalidad de las viviendas. ¡°Estamos explorando tanto la v¨ªa judicial como la negociada para que esta devoluci¨®n se realice lo antes posible¡±, dice la nota.

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