Colombia expropia una filial del Canal de Isabel II con una ley antinarco

Espa?a ha sacado todo su arsenal diplom¨¢tico para tratar de salvar el capital de una empresa espa?ola en Colombia. El choque legal entre el Gobierno de Iv¨¢n Duque y el Canal de Isabel II, la mayor empresa p¨²blica de Madrid, est¨¢ servido. El Ministerio de Exteriores y la Embajada espa?ola est¨¢n manteniendo contactos al m¨¢s alto nivel para solucionar el problema. El pa¨ªs sudamericano ha aplicado una ley dise?ada contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones con las que controlaba la empresa Triple A. Esta entidad, que el a?o pasado ingres¨® m¨¢s de 150 millones de euros, gestiona el agua de algunas de las principales ciudades de Colombia. El Canal se hizo con ella en 2001, a trav¨¦s de su matriz Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo. Desde 2018, sus acciones est¨¢n congeladas por la Fiscal¨ªa local, que considera que Inassa cobr¨® m¨¢s de 60 millones a Triple A por asesor¨ªas t¨¦cnicas que no se produjeron, y que ahora ha activado este mecanismo de ¡°enajenaci¨®n temprana¡±. Es decir, una expropiaci¨®n.

¡°Le han dado a la empresa espa?ola el mismo trato que reciben las organizaciones criminales¡±, cuenta una fuente pol¨ªtica de Barranquilla, donde opera la empresa colombiana. ¡°Es absurdo, es extravagante. ?C¨®mo se le aplica una norma contra los carteles de la droga a una empresa p¨²blica? ?D¨®nde queda la legalidad en Colombia? ?D¨®nde queda el respeto a la inversi¨®n extranjera?¡±, a?ade.

Para encontrar la respuesta a esas preguntas hay que echar la vista atr¨¢s y retrotraerse a hace m¨¢s de 20 a?os: 2001. Alberto Ruiz-Gallard¨®n preside la Comunidad. Es una ¨¦poca de optimismo sin l¨ªmites. Las empresas p¨²blicas de la regi¨®n (tambi¨¦n el Metro) se ponen a hacer negocios en el extranjero. Se celebran ¨¦xitos. Beneficios. Corre el dinero. Y el Canal compra Inassa por 100 millones. ¡°Un pelotazo¡±, se le escucha decir en una grabaci¨®n telef¨®nica a Ignacio Gonz¨¢lez, expresidente regional.

Los d¨ªas de vino y rosas acaban en 2017, cuando el caso Lezo estalla con la detenci¨®n de Gonz¨¢lez y exdirectivos de la compa?¨ªa p¨²blica. Se investiga una supuesta trama de mordidas y sobrecostes urdida alrededor de la actividad internacional del Canal. Y eso, claro, afecta a Inassa, la matriz con la que se controlan todos esos negocios americanos, ya que el juez Eloy Velasco ve indicios de ¡°compra fraudulenta y supuesta malversaci¨®n¡± en su adquisici¨®n por parte del Canal. Sostiene que el precio real deb¨ªa haber sido ¡°muy inferior¡±. De unos 30 millones. Es decir, 70 menos.

Inmediatamente, la Fiscal¨ªa colombiana se suma a la investigaci¨®n de la espa?ola. Quiere esclarecer si la presunta red corrupta financi¨® a pol¨ªticos locales y reparti¨® sobornos. El saqueo de la empresa barranquillera se cifra entonces en 66 millones de euros, por lo que la Fiscal¨ªa general decide embargar todos los bienes del Canal, a trav¨¦s de la empresa Inassa, en Triple A (el 82% de las acciones). El terremoto cruza el oc¨¦ano a toda velocidad, y golpea al Gobierno de la Comunidad de Madrid justo cuando ha contratado por casi un mill¨®n de euros un servicio para dise?ar la venta de sus intereses americanos.

La operaci¨®n salta por los aires. Ya no podr¨¢ ser. Madrid acaba de perder el control de la compa?¨ªa colombiana, porque las acciones van a parar a una sociedad del Ministerio de Hacienda, que utiliza una ley que permite incautar bienes a paramilitares, narcos y guerrilleros. Activa lo que se conoce como ¡°enajenaci¨®n temprana¡± para acelerar el proceso.

Cinco a?os despu¨¦s, el 35% de Triple A ha acabado en manos de dos importantes contratistas de Barranquilla, los hermanos Daes y William V¨¦lez, seg¨²n han revelado los portales Primerap¨¢gina y La Silla Vac¨ªa. Son empresarios cercanos al uribismo y a Alejandro Char, un cacique de Barranquilla que opta como precandidato a la presidencia de Colombia, que celebra elecciones este a?o. Este movimiento demuestra que los cercanos a Char tienen acceso a grandes contratos de la Administraci¨®n. En este caso, ni siquiera sali¨® a concurso p¨²blico.

¡°Esta nueva decisi¨®n se enmarca en el procedimiento iniciado en 2018 cuando se orden¨® la suspensi¨®n del poder dispositivo y embargo de las acciones de Inassa en Triple A de Barranquilla, que ascienden al 82% del capital¡±, explica un portavoz del Canal de Isabel II. ¡°En cuanto se ha tenido conocimiento de la decisi¨®n adoptada [la venta de las acciones], Canal de Isabel II, en su divisi¨®n Internacional, ha puesto estos hechos en conocimiento de la Embajada espa?ola, y los ministerios de Asuntos Exteriores y Comercio, quienes han mostrado su apoyo y colaboraci¨®n a la defensa de los intereses de esta empresa¡±, a?ade. ¡°Canal de Isabel II Internacional proteger¨¢ sus inversiones y seguir¨¢ defendiendo los intereses econ¨®micos y patrimoniales de la empresa ante todas las instancias judiciales correspondientes y, en su caso, ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial¡±.

Un camino proceloso, como bien saben las empresas espa?olas. En marzo de 2021, la Comisi¨®n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil desestim¨® el pleito que la compa?¨ªa Naturgy interpuso contra Colombia por la intervenci¨®n de la distribuidora de energ¨ªa Electricaribe. La empresa espa?ola ped¨ªa m¨¢s de 1.300 millones tras ver c¨®mo Electricaribe era intervenida en 2016 con la excusa de sus problemas financieros y de suministro.

Pese a que el conflicto est¨¢ lejos de acabar, el presidente de Colombia, Iv¨¢n Duque, tom¨® como un gran logro la incautaci¨®n de las acciones a la empresa p¨²blica espa?ola. Supon¨ªa, seg¨²n dijo, devolver a la ciudad y a la propia Colombia una gran empresa local que estaba en manos extranjeras. ¡°La Triple A volver¨ªa a Barranquilla para convertirse en un tesoro y que se cuide como un tesoro, con total independencia fiduciaria de cualquier injerencia de car¨¢cter pol¨ªtico¡±. A la luz de las revelaciones period¨ªsticas, no ha sido as¨ª.

Hasta 2020, las acciones propiedad de Inassa estuvieron paralizadas porque no se cumpl¨ªan algunos de los requisitos para su venta. Faltaba una sentencia judicial. Sin embargo, con la llegada de un nuevo administrador a la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, que controla el Ministerio de Hacienda, se aceler¨® el tr¨¢mite de venderle a Barranquilla la parte de Inassa. El alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, dijo entonces que buscar¨ªa inversionistas que hicieran de prestamistas para que las acciones acabaran en manos de la ciudad. La operaci¨®n contaba con el visto bueno del Gobierno. Ocho meses despu¨¦s, esos inversores privados poseen las acciones de manera opaca, sin haberse presentado a ning¨²n concurso.

Las cuentas de la empresa y el acceso a cr¨¦dito de los bancos, seg¨²n La Silla Vac¨ªa, no justifican la entrada de los empresarios privados. La conclusi¨®n es que la incautaci¨®n de la empresa que supuestamente iba a acabar en manos de la ciudad de Barranquilla ha terminado siendo un gran negocio para unos contratistas. Y que as¨ª se profundiza un conflicto judicial internacional.

La tensi¨®n queda resumida por una sencilla frase emitida por una fuente del Ministerio de Exteriores de Espa?a: ¡°No detallamos las gestiones concretas con empresas espa?olas debido a la necesaria confidencialidad, pero entre las misiones de nuestras embajadas se encuentra la defensa de los intereses de las empresas espa?olas all¨ª donde est¨¦n¡±.

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