Las ¨²ltimas oposiciones que salieron a concurso para el puesto de Paz Castellano, que es lo que en los centros educativos se conoce como t¨¦cnico especialista III, se remontan a 1990. Se dice pronto. Era la ¨¦poca en que nac¨ªan las televisiones privadas en Espa?a y el Gobierno central, que todav¨ªa ten¨ªa las competencias, sac¨® en todo el pa¨ªs 20 plazas para estos profesionales que trabajan para sostener a alumnos con discapacidad. Dos a?os despu¨¦s, la responsabilidad pas¨® a las manos de las comunidades aut¨®nomas. Madrid, desde entonces, ha mantenido el contador a cero. Ni una plaza p¨²blica para unos profesionales que iban engrosando una lista que actualmente roza las 1.000 personas, el 90% con contratos de obra y servicios y con interinidades. Hasta ahora. 32 a?os despu¨¦s, 30 desde que tiene las competencias, la regi¨®n madrile?a organiza unas oposiciones para ellos. Y lo hace con pol¨¦mica. Los temarios no se ajustan al trabajo que desempe?an y, adem¨¢s, al igual que reivindican los m¨¦dicos, no pueden acceder a las convocatorias extraordinarias que permite la ley estatal desde el a?o pasado para que se estabilicen sus puestos teniendo en cuenta los m¨¦ritos.

Castellano, de 43 a?os, lleva desde 2014 en el mismo centro de educaci¨®n especial Monte Abantos (Las Rozas), aunque comenz¨® a trabajar en 2008. Lleva 14 a?os ofreciendo a los alumnos con dificultades motoras, ceguera, sordera o con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sus pies y sus manos. Les ayuda a trasladarse a cada aula o sala, a colocarse correctamente, les ense?a a deglutir para que no se ahoguen, a alimentarse, les cambia el pa?al si es necesario, ayuda a que controlen los esf¨ªnteres o a que mantengan su higiene y su limpieza. Como ella, hay compa?eras [la mayor¨ªa son mujeres] de diferentes edades que han cubierto esas plazas necesarias tanto en centros de educaci¨®n especial, como en colegios o institutos ordinarios con alumnos con alg¨²n tipo de discapacidad. Algunas superan con creces los 55 a?os. Y todas ellas deber¨¢n enfrentarse en igualdad de condiciones a unos ex¨¢menes en los que tendr¨¢n que competir con cualquier persona. La singularidad que tiene su caso, eso s¨ª, es que han sacado dos convocatorias distintas. En unas deber¨¢n pelear por conseguir una de las 453 plazas denominadas de estabilizaci¨®n que salen a la oferta p¨²blica y deber¨¢n primero aprobar el examen para que despu¨¦s, en una segunda fase, se tenga en cuenta su experiencia y antig¨¹edad (solo hasta 13 a?os). En otras, denominadas de libre concurrencia, competir¨¢n en igualdad de condiciones con quien se presente por conseguir una de las 70 plazas.

¡°Eso ya de por s¨ª no tiene ninguna l¨®gica. Gente con experiencia de d¨¦cadas se puede ir a la calle si no pasa ese examen¡±, explica Castellano, que contin¨²a: ¡°Pierden ese valor humano que has ido aculando durante d¨¦cadas¡±. Pero lo que ha clamado el cielo, explica, es que cuando vieron el temario poco ten¨ªa que ver con la labor que desempe?an en su d¨ªa a d¨ªa, algo que va en contra del convenio por el que se debe regir la Administraci¨®n. Para conseguir un puesto fijo, deben estudiar temas referentes a menores infractores, a adultos con discapacidad o generalidades de servicios sociales. Y se dejan fuera temas relacionados con el material que deben aprender a utilizar, la alimentaci¨®n o c¨®mo manipular a determinados alumnos.

M¨¢s afectados

La Consejer¨ªa de Hacienda, de la que depende Funci¨®n P¨²blica, responsable de estos procesos, asegura que atendi¨® la demanda de estos profesionales y elimin¨® siete temas. ¡°Pero es insuficiente¡±, reclama Castellano, que recuerda que han mantenido unos diez m¨¢s que no tienen relaci¨®n con su trabajo. CC OO ha pedido una segunda modificaci¨®n. Pero sin ¨¦xito.

La pol¨¦mica va m¨¢s all¨¢. Diferentes tipos de t¨¦cnicos, con responsabilidades diferentes y hasta sueldos diferentes, deber¨¢n prepararse el mismo temario para sacarse una plaza. Incluso los 625 integradores sociales, el 100% de ellos interinos, pues en su caso trabajan en las aulas atendiendo tambi¨¦n a alumnos TEA desde 2007 sin pasar por ning¨²n proceso de oferta p¨²blica.

Isabel Galv¨ªn, portavoz de CC OO, asegura que a ¡°ambas situaciones¡±, la de los t¨¦cnicos especialistas III y la de los integradores sociales, afectados tambi¨¦n por un proceso de oposiciones sin que se tengan en cuenta los m¨¦ritos, ¡°se suman a las ya existentes que sufren otros perfiles y expresan que es necesario la regulaci¨®n del ¨¢mbito educativo dentro del convenio colectivo de la Comunidad de Madrid para sus empleados p¨²blicos¡±. Adem¨¢s, insiste en la necesidad de que ¡°sus funciones y su trabajo sea significado y reconocido porque son personal educativo que junto a los docentes hacen efectivo el derecho a la educaci¨®n¡±. ¡°Deben ser reconocidos como personal esencial a todos los efectos: sustituci¨®n de bajas, complementos retributivos espec¨ªficos, promoci¨®n profesional¡±, insiste.

Y lo dice porque el sentir de estos profesionales es que en la Administraci¨®n ¡°no tienen ni idea del trabajo que desempe?amos¡±. Lo explica Sonia B., de 47 a?os, que trabaja como t¨¦cnico especialista en el centro de educaci¨®n espacial Joan Mir¨®. ¡°Los m¨¢s afectados de todo esto ser¨¢n los alumnos¡±, se queja. Aun as¨ª, tanto ella como Castellano coinciden en que tampoco quieren que les ¡°regalen¡± una plaza. Aunque creen que la experiencia, los m¨¦ritos, deber¨ªan primar, y m¨¢s teniendo en cuenta que el Gobierno central facilit¨® con una ley que las comunidades pudieran poner coto a los altos porcentajes de contratos temporales.

Madrid, sin embargo, se apresur¨®, antes de que se tramitara la norma, en diciembre pasado, a convocar 172 oposiciones de diferentes modalidades. Y a ellas, como a los m¨¦dicos, les toca lidiar con eso.