Al sureste de la Comunidad de Madrid hay un colegio privado concertado que ha hipotecado dos veces en 10 a?os el suelo p¨²blico sobre el que se asienta para obtener m¨¢s de 14 millones de los bancos, seg¨²n datos obtenidos en el registro de la propiedad. No es una excepci¨®n. Los concursos que acaba de abrir el Gobierno regional, que preside Isabel D¨ªaz Ayuso, para levantar dos nuevos centros en sendas parcelas p¨²blicas valoradas en m¨¢s de 11 millones de euros recogen la posibilidad de hipotecarlas para obtener fondos con los que impulsar las obras. Y fuentes del sector reconocen que financiar el negocio privado con la parcela p¨²blica como garant¨ªa es una pr¨¢ctica habitual. Adem¨¢s de f¨¢cil. Los bancos reciben con los brazos abiertos a los peticionarios que buscan liquidez para impulsar su aventura educativa: tienen garantizada la explotaci¨®n de los terrenos p¨²blicos durante d¨¦cadas (hasta 75 a?os); la Administraci¨®n se compromete a financiar las etapas educativas concertadas; y adem¨¢s se pueden obtener m¨¢s ingresos con los que pagar el cr¨¦dito a trav¨¦s de la apertura de etapas educativas privadas puras que sufragan directamente las familias.

¡°Si, efectivamente, las parcelas se hipotecan como garant¨ªa de los pr¨¦stamos para la construcci¨®n del edificio, est¨¢ recogido y permitido en los pliegos de condiciones de cada concurso¡±, confirma un portavoz de Educare, empresa referente en el sector de la gesti¨®n de los colegios concertados, que es titular de seis centros de ese tipo construidos sobre suelo p¨²blico en la Comunidad de Madrid. Y a?ade: ¡°Pero al final de la concesi¨®n, se tiene que entregar el edificio libre de cargas [pues debe pasar a ser patrimonio p¨²blico]¡±.

El negocio es redondo. Como garant¨ªa se emplea un suelo que no es propiedad del concesionario, que normalmente est¨¢ valorado en millones de euros, y por el que los colegios privados concertados pagan (cuando pagan) un canon medio mensual de 1.500 euros a la administraci¨®n p¨²blica concesionaria. Una pr¨¢ctica permitida por los pliegos de condiciones que rigen las cesiones de las parcelas, y que redacta generalmente la Comunidad de Madrid.

¡°Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones y sobre la propia concesi¨®n solo podr¨¢n ser hipotecados como garant¨ªa de los pr¨¦stamos contra¨ªdos por el titular de la concesi¨®n para financiar la realizaci¨®n, modificaci¨®n o ampliaci¨®n de las obras, construcciones e instalaciones de car¨¢cter fijo situadas sobre la dependencia demanial ocupada¡±, se lee en los pliegos que regulan el concurso que impulsa el Gobierno de Ayuso para construir los primeros colegios privados concertados de la regi¨®n desde 2013. ¡°En todo caso, para constituir la hipoteca ser¨¢ necesaria la previa autorizaci¨®n de la autoridad competente para el otorgamiento de la concesi¨®n¡±, se a?ade. ¡°Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguen con la extinci¨®n del plazo de la concesi¨®n¡±, se subraya. Y se remata: ¡°Al t¨¦rmino de la concesi¨®n, la totalidad de las obras e instalaciones revertir¨¢n de pleno derecho a la Comunidad de Madrid, las cuales, deber¨¢n estar en perfecto estado de conservaci¨®n y libres de cualquier carga o gravamen¡±.

Negocios paralelos

Como avanz¨® EL PA?S, el Gobierno de D¨ªaz Ayuso inici¨® en noviembre el concurso para ceder a coste cero dos parcelas valoradas en m¨¢s de 11 millones de euros en las que las empresas ganadoras deber¨¢n construir sendos colegios privados concertados que explotar¨¢n durante al menos 40 a?os, pues la concesi¨®n podr¨¢ llegar hasta los 75. La decisi¨®n, que afecta a las zonas de Valdebebas y Vallecas, marca un punto de inflexi¨®n en la pol¨ªtica de los Ejecutivos regionales. As¨ª, no solo retrotrae a la Comunidad de Madrid a los tiempos de los presidentes Esperanza Aguirre e Ignacio Gonz¨¢lez, puesto que Madrid llevaba sin culminar una iniciativa similar desde 2013. Tambi¨¦n lleva al Gobierno regional al choque con el central, opuesto a este tipo de pr¨¢cticas. Y, en consecuencia, provoca las cr¨ªticas de la oposici¨®n sobre el fondo y la forma de la operaci¨®n, incluyendo que se hipotequen fincas p¨²blicas para financiar proyectos privados.

¡°Es inaceptable utilizar la cesi¨®n de suelo p¨²blico para obtener financiaci¨®n¡±, opina Mar¨ªa Pastor, de M¨¢s Madrid. ¡°Quienes se presentan a estos concursos deben demostrar su solvencia econ¨®mica [en los casos m¨¢s recientes con un volumen anual de actividad econ¨®mica por importe igual o superior a 250.000 euros] y no puede ser que adem¨¢s de regalar suelo p¨²blico a 40 a?os, se permita que se hipoteque para el negocio privado¡±.

¡°Con el modelo de Ayuso, la educaci¨®n en Madrid se ha vuelto un negocio¡±, critica Marta Bernardo, del PSOE. ¡°Empezando con la cesi¨®n de las parcelas, por el rid¨ªculo pago de 1.500 euros al mes, o incluso de manera gratuita, como en los ¨²ltimos dos casos que hemos conocido¡±, a?ade. ¡°Y siguiendo con que, una vez construidos, se permita la ampliaci¨®n del negocio a los constructores con negocios en paralelo: alquiler de espacios deportivos, restaurantes¡­¡±, recuerda. ¡°Esto tiene que ver en realidad con el negocio de ¡°algunos¡±. ?O es que alguien cree que una empresa invierte en la construcci¨®n de un centro educativo sin esperar un beneficio empresarial?¡±, se pregunta.

Una apuesta de los sucesivos gobiernos del PP por los privados concertados que tiene consecuencias, alerta Alejandra Jacinto, de Podemos: ¡°En ning¨²n caso velan por garantizar los derechos constitucionales a la educaci¨®n o la sanidad, si no en profundizar un plan de negocio que como resultado arroja datos como que en Madrid capital ya hay m¨¢s alumnos en la privada concertada que en la p¨²blica o m¨¢s seguros sanitarios privados que en cualquier otra Comunidad Aut¨®noma. El Partido Popular antepone los intereses comerciales de sus empresas afines en vez de garantizar los servicios p¨²blicos esenciales en la regi¨®n¡±.

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