El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel D¨ªaz Ayuso, ha interpuesto este mi¨¦rcoles ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas impulsado por el Ejecutivo central de Pedro S¨¢nchez. La decisi¨®n, que incluye la petici¨®n de que el gravamen sea suspendido cautelarmente, ya fue anunciada en octubre por la l¨ªder conservadora, y suma un nuevo choque entre las dos Administraciones. Camino de las elecciones municipales y auton¨®micas de mayo, as¨ª como de las generales de fin de a?o, los dos gobiernos acumulan enfrentamientos judiciales en materia educativa, econ¨®mica, sanitaria o fiscal.

¡°Es un nuevo impuesto que va contra el ahorro y la inversi¨®n, y que tendr¨¢ efectos negativos para Madrid, que aglutina tres de cada cuatro euros de la inversi¨®n extranjera que viene a Espa?a, por lo que podr¨ªa bajar la recaudaci¨®n en 5.000 millones de euros¡±, ha defendido este martes el portavoz del ejecutivo de Madrid, Enrique Ossorio, en una rueda de prensa organizada tras la reuni¨®n semanal del consejo de gobierno. ¡°A eso hay que sumar los inversores que no van a venir por la aplicaci¨®n del nuevo impuesto: dejar¨¢n de llegar entre 1.200 y 1.600 millones de euros de inversi¨®n extranjera al a?o¡±, ha a?adido el tambi¨¦n vicepresidente regional, elevando el c¨¢lculo del impacto negativo del nuevo gravamen en las cuentas madrile?as hasta un m¨ªnimo de 6.200 millones.

La Comunidad de Madrid bonifica al completo el impuesto de patrimonio desde 2008, una de las se?as de identidad de la pol¨ªtica fiscal de los distintos gobiernos populares que se han sucedido ininterrumpidamente en el poder regional desde 1995. Como el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez lleva acusando desde 2019 a la Comunidad de apostar por el dumping fiscal para atraer a grandes contribuyentes de otras regiones, los asesores de D¨ªaz Ayuso interpretan ahora el nuevo tributo como una forma de perjudicar los intereses de la regi¨®n y a sus tributantes m¨¢s acaudalados. El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas afectar¨¢ a grandes patrimonios de m¨¢s de tres millones de euros. La ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, prev¨¦ que este nuevo tributo recaude un m¨¢ximo de 1.500 millones de euros procedentes de 23.000 grandes contribuyentes a lo largo de 2023 y 2024.

M¨¢s all¨¢ de las cifras, el gobierno de D¨ªaz Ayuso considera que el de S¨¢nchez se ha saltado el ordenamiento jur¨ªdico con la aprobaci¨®n del gravamen. Por eso, basa su recurso ante el Tribunal Constitucional en seis aspectos: invasi¨®n de competencias auton¨®micas; ruptura de la autonom¨ªa financiera; del principio de igualdad, pues considera que el impuesto solo se dirige contra Madrid y Andaluc¨ªa (que bonifican al 100% el gravamen al patrimonio); del procedimiento; que lesiona la seguridad jur¨ªdica de los contribuyentes; y que no est¨¢ justificado, porque la recaudaci¨®n estatal de impuestos est¨¢ batiendo todos los r¨¦cords.

¡°La Comunidad de Madrid contin¨²a con su pol¨ªtica de defender solo a una minor¨ªa privilegiada a costa de empeorar los servicios p¨²blicos de la mayor¨ªa¡±, ha reaccionado al anuncio la ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero. ¡°Mientras el Gobierno de Espa?a ha tomado medidas para aliviar la econom¨ªa de la mayor¨ªa social del pa¨ªs, con la rebaja del IVA a los alimentos o la rebaja del IRPF para rentas medianas, los Ejecutivos del PP gobiernan y trabajan para una minor¨ªa¡±, ha seguido. Y se ha quejado: ¡°El impuesto de solidaridad sobre grandes fortunas es plenamente constitucional y garantiza la seguridad jur¨ªdica de los contribuyentes al no suponer una doble imposici¨®n, ya que la cuota a pagar de este impuesto se podr¨¢ deducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio¡±.

Lucha en los tribunales

Que Madrid haya decidido litigar contra esa decisi¨®n no ha cogido a nadie por sorpresa. D¨ªaz Ayuso lleva desde octubre de 2022 anunciando su intenci¨®n de recurrir contra el gravamen. Y, adem¨¢s, hay m¨²ltiples precedentes en todos los terrenos, y especialmente en el econ¨®mico.

As¨ª, la Comunidad ya gan¨® el pleito por el IVA de diciembre de 2017 (que supuso un ingreso extra de 400 millones para Madrid), aguarda la soluci¨®n al litigio por las entregas a cuenta de 2019 (hay en juego 54 millones), y tambi¨¦n ha denunciado en el Tribunal Supremo el supuesto reparto ¡°arbitrario¡± de una m¨ªnima parte de los fondos europeos. En paralelo, los servicios jur¨ªdicos auton¨®micos han registrado un recurso ante el Constitucional contra el decreto de medidas de ahorro energ¨¦tico del Gobierno central al considerar que act¨²a ¡°de forma arbitraria, autoritaria y, sobre todo, que atenta contra los comercios y dem¨¢s establecimientos p¨²blicos, en un momento muy dif¨ªcil para ellos¡±.

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