Guerra judicial entre S¨¢nchez y Ayuso por la educaci¨®n en Madrid

El Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid han abierto una guerra judicial por la titulaci¨®n y los contenidos de la Ense?anza Secundaria Obligatoria (ESO) y la de Bachillerato en la regi¨®n. El Ejecutivo liderado por Pedro S¨¢nchez ha registrado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la decisi¨®n de la Comunidad de endurecer los requisitos para obtener esos t¨ªtulos, seg¨²n recoge el bolet¨ªn oficial auton¨®mico publicado este martes. A su vez, la regi¨®n presidida por Isabel D¨ªaz Ayuso ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto de Bachillerato aprobado por el Gobierno central en el marco de la nueva Ley educativa estatal ¨DLomloe¨D, tras detectar una supuesta ¡°falta de contenidos o saberes esenciales y tambi¨¦n una elevada carga ideol¨®gica en el texto¡±. Es una guerra jur¨ªdica en toda regla. con las elecciones municipales y auton¨®micas de mayo, y las generales de fin de a?o, como tel¨®n de fondo.

¡°Madrid estableci¨® en el decreto de ESO que ser¨¢ necesario el acuerdo de dos tercios del profesorado para que el alumno pueda promocionar de curso con alguna asignatura suspensa y obtener el t¨ªtulo¡±, explica el Ministerio de Educaci¨®n. ¡°En el caso de Bachillerato, la Comunidad fij¨® en cuatro quintos la mayor¨ªa de profesores necesaria para que el alumno pueda obtener el t¨ªtulo¡±, siguen sobre unos criterios que el Gobierno central juzga excesivamente duros, pues considera que ser¨ªa suficiente con alcanzar la mayor¨ªa simple. ¡°La Lomloe no establece ninguna mayor¨ªa cualificada del profesorado¡±, puntualizan. ¡°Esto fue apreciado por la Alta Inspecci¨®n del Estado, que estim¨® que los curr¨ªculos de la Comunidad de Madrid podr¨ªan contravenir la normativa b¨¢sica del Estado. El ministerio remiti¨® entonces sendos requerimientos a la Comunidad de Madrid, tal y como establece la normativa¡±, a?aden. Y concluyen: ¡°Transcurrido el tiempo establecido legalmente sin que la Comunidad haya respondido a estos requerimientos, desde el Ministerio se ha iniciado el procedimiento contencioso-administrativo para resolver esta discrepancia¡±.

La nueva ley educativa deja en manos de los profesores la decisi¨®n de que los alumnos pasen o no de curso, y de que titulen o no, con materias suspensas. No hay l¨ªmite de suspensos para avanzar en la ESO. Y en Bachillerato se puede pasar el primer curso con hasta dos suspensos, y conseguir el t¨ªtulo con uno.

La ley anterior, que Madrid ahora fija como referencia voluntaria de los profesores, impide pasar curso en la ESO con tres suspensos ¨Dse puede excepcionalmente si ninguno de ellos es en lengua o matem¨¢ticas¨D, coincide con la nueva en que se puede pasar primero de Bachillerato con dos suspensos, e impide titular y llegar a la universidad sin aprobar todas las asignaturas.

Madrid justifica su recomendaci¨®n de que se sigan aplicando los criterios de la Lomce, m¨¢s restrictivos, en que as¨ª se conseguir¨¢n decisiones lo m¨¢s homog¨¦neas posible entre distintos centros. Al mismo tiempo, explica la obligatoriedad de respaldar cada decisi¨®n con mayor¨ªas reforzadas como una forma de diluir la presi¨®n que puedan ejercer padres y alumnos para avanzar de curso.

Sin embargo, este es solo un frente en un conflicto con m¨²ltiples trincheras. Siempre a las ¨®rdenes de D¨ªaz Ayuso, el n¨²mero dos del Gobierno y consejero de Educaci¨®n, Enrique Ossorio, aprovech¨® el 40% del curr¨ªculo que pueden dise?ar los ejecutivos auton¨®micos para neutralizar, en la medida de lo posible, los aspectos del 60% estatal que no gustaban al PP en las dos etapas educativas. Y, como remate, llev¨® a la justicia el curr¨ªculo de la ¨²ltima etapa educativa previa a la universidad.

¡°Est¨¢ lleno de mantras de la izquierda¡±, dijo entonces Ossorio sobre el decreto que regula el curr¨ªculo de Bachillerato, del que critica el uso de expresiones como ¡°protagonistas silenciadas y omitidas de la historia [en referencia a las mujeres]¡±; ¡°las pol¨ªticas de memoria en Espa?a [sobre la Ley de Memoria Hist¨®rica]¡±; ¡°la II Rep¨²blica y la transformaci¨®n democr¨¢tica de Espa?a¡±; o ¡°proceso reformista y democratizador de la II Rep¨²blica¡±. El Ejecutivo regional tambi¨¦n afea que se empleen conceptos como ¡°roles de g¨¦nero¡±, ¡°ciudadan¨ªa ¨¦tica digital¡±, ¡°memoria democr¨¢tica¡±, ¡°emergencia clim¨¢tica¡±, ¡°objetivos de desarrollo sostenible¡±, ¡°la herencia colonial en la Espa?a contempor¨¢nea¡± o ¡°identidades nacionales¡±.

Cuando el verano pasado Ayuso anunci¨® el recurso, ninguna otra de las comunidades gobernadas por el PP replicaron su estrategia. Ni Andaluc¨ªa, ni Castilla y Le¨®n, ni Galicia, ni Murcia dieron el paso. La operaci¨®n fue tan delicada, y requiri¨® de tanto c¨¢lculo pol¨ªtico por parte de la baronesa como para que esta se pusiera en contacto previamente con Alberto N¨²?ez Feij¨®o, el l¨ªder del PP, a quien avanz¨® sus intenciones en una conversaci¨®n telef¨®nica.

Desde que Ayuso accedi¨® al poder, en agosto de 2019, sus enfrentamientos con el Gobierno central han sido constantes. Tras explorar los choques en el terreno de la fiscalidad, la econom¨ªa, la gesti¨®n de la pandemia, la econom¨ªa o la pol¨ªtica internacional, ahora le ha llegado el turno a la educaci¨®n. As¨ª, Ayuso avanz¨® que estudiaba recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de universidades antes siquiera de que se conociera su texto definitivo. Tambi¨¦n intent¨® neutralizar el contenido que no le gusta del decreto de la ESO. Ret¨® al Ejecutivo al apostar por limitar el n¨²mero de suspensos con el que se pasa de curso. Y vio c¨®mo la justicia paraliz¨® el decreto de Madrid que regula la evaluaci¨®n en ESO y Bachillerato y una circular para que los directores de Secundaria no elaboraran los bloques de asignaturas seg¨²n sus criterios pedag¨®gicos

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