Un abogado de las familias pedir¨¢ imputar al cargo de Ayuso que firm¨® los ¡°protocolos de la verg¨¹enza¡±
Carlos Mur, que vive en Andorra, no fue localizado por un juzgado que este jueves escuch¨® a otros dos responsables en la Comunidad de Madrid durante el per¨ªodo de abandono a los mayores de residencias
El abogado de siete familias de fallecidos en las residencias de Madrid durante la vigencia de los ¡°protocolos de la verg¨¹enza¡± durante los primeros meses de la pandemia, en 2020, ha anunciado este jueves que pedir¨¢ al juez la imputaci¨®n de Carlos Mur, el alto cargo madrile?o que firm¨® esas directivas. El letrado, Andr¨¦s Ollero, hab¨ªa pedido su comparecencia como testigo, junto a otros dos responsables de la Comunidad de Madrid en la primavera de hace tres a?os, pero Mur, que vive en Andorra, no fue localizado por el juzgado. Una fuente cercana a Mur dice que ¡°no ha recibido notificaci¨®n ni llamada alguna¡±. Hasta ahora, ninguno de los jueces que investigan los hechos de entonces ha citado como investigados a ning¨²n cargo pol¨ªtico, a pesar de que las familias querellantes han solicitado esas medidas contra la presidenta de la regi¨®n madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso, y otros responsables en su Gobierno.
Ollero hac¨ªa su anuncio al t¨¦rmino de una vista judicial en la que la mayor expectaci¨®n resid¨ªa en saber qu¨¦ tendr¨ªa que decir Yolanda Fuentes, la exdirectora de Salud P¨²blica que dimiti¨® en mayo de 2020 por desacuerdo con la desescalada de Ayuso en la primera ola. Fuentes no hizo declaraciones tras salir de la sala de vistas del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero cuatro de Madrid, cerrada a la prensa. Seg¨²n las partes que estuvieron dentro, asegur¨® que recibi¨® los protocolos que impidieron la hospitalizaci¨®n de miles de enfermos en residencias, pero no aport¨® mucha informaci¨®n de valor. Antes de su declaraci¨®n le hab¨ªa dicho a EL PA?S que no ten¨ªa mucho que decir. Las familias de este caso confiaban en que Fuentes manifestara su desacuerdo con los protocolos al tratarse se una medida sanitaria que se dictaba por motivos pol¨ªticos, igual que la desescalada.
El otro compareciente era Alberto Reyero, ex consejero de Pol¨ªticas Sociales, cuya opini¨®n sobre la gesti¨®n de su Gobierno es bien conocida, puesto que ha escrito incluso un libro (Morir¨¢n de forma indigna) criticando el abandono que sufrieron los mayores. Reyero dijo al salir de la vista que ha dicho ¡°lo de siempre¡±. Su visi¨®n es que los protocolos eran vinculantes para residencias y hospitales y que deben ser entendidos de forma conjunta con la falta de refuerzo sanitario a las residencias, la tan cacareada ¡°medicalizaci¨®n¡± que no se produjo.
El caso de este jueves, uno de muchos que est¨¢n siendo instruidos por jueces de la regi¨®n de Madrid, afecta a dos residencias de la capital: la p¨²blica Adolfo Su¨¢rez (seis familias) y la privada Amavir Arganzuela (una familia). Cuatro trabajadores, m¨¦dicos y directores, est¨¢n imputados y declararon este mi¨¦rcoles. Dijeron que los hospitales no les dejaban derivar. El abogado Ollero cree que el juez va a desimputarles.
Reyero cree que es ¡°absolutamente injusta¡± la situaci¨®n de estos trabajadores. ¡°Eran parte de una cadena de mando. Lo pasaron muy mal esos d¨ªas y para colmo est¨¢n siendo investigados¡±.
Ollero anunci¨® que pedir¨ªa la imputaci¨®n al t¨¦rmino de la vista esta misma tarde. Lo dijo mientras atend¨ªa a la prensa fuera del juzgado, donde familiares de las v¨ªctimas se manifestaban con pancartas. Mur, cesado en mayo de 2020 como director general de coordinaci¨®n sociosanitaria, trabaja ahora en Andorra como jefe del servicio de Salud Mental de la sanidad p¨²blica andorrana. ¡°El juzgado no ha sido capaz de notificarle que hoy ten¨ªa que venir a testificar¡±, ha dicho. ¡°Nosotros intentaremos por todos los medios que venga a declarar y si hace falta que lo haga no como testigo sino como investigado, ya que es su firma la que aparece en los protocolos¡±.
Hace menos de tres meses, otro juzgado madrile?o, el n¨²mero 9 de instrucci¨®n, s¨ª consigui¨® que Mur declarase como testigo. Entonces se present¨® como un subordinado que obedec¨ªa ¨®rdenes de su superior, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ese otro caso concierne a tres fallecidos en DomusVi Albufera, un hogar de mayores en Vallecas. Una portavoz de la asociaci¨®n que patrocina a esos familiares, Marea de Residencias, dice que no se han producido novedades desde la comparecencia, el 23 de marzo.
D¨ªa contra el maltrato en la vejez
Los abogados en estas causas buscan escalar en la cadena de mando para que los jueces acaben investigando a los superiores pol¨ªticos, cuya situaci¨®n deber¨ªa ser remitida a las instancias donde est¨¢n aforados: Escudero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Ayuso ante el Tribunal Supremo.
Las familias concentradas en los juzgados ten¨ªan este jueves una doble jornada de protesta porque las citaciones han coincidido con el D¨ªa mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. A las 19.00 estaban citados en la sede de la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Social de la Comunidad, en la calle O¡¯Donnell, 50. Tambi¨¦n en otras ciudades de toda Espa?a, como Barcelona (Catalu?a), C¨®rdoba (Andaluc¨ªa), Santander (Cantabria) o Tenerife (Canarias), se han celebrado manifestaciones por este motivo.
Una de las familiares en Plaza de Castilla era Puri Prieto, hija de Juli¨¢n, que falleci¨® en la residencia Adolfo Su¨¢rez el 2 de abril de 2020. Siete d¨ªas antes, su padre sufri¨® el rechazo del hospital Rey Juan Carlos, que dijo seguir el protocolo. Juli¨¢n, de 89 a?os, sufr¨ªa peri¨®dicamente unas hemorragias digestivas para las que era preciso su atenci¨®n en un hospital, donde era tratado con hierro intravenoso. En la residencia no eran capaces de administrarle esas inyecciones. Como consecuencia de un nuevo episodio, su estado empeor¨® y cay¨® infectado con el virus.
¡°La residencia no estaba preparada para curar a mi padre. Sab¨ªan perfectamente que iba a morir¡±, dec¨ªa la hija del fallecido. ¡°Por eso queremos que los responsables pol¨ªticos sean responsables de ello. Nuestra se?ora presidenta est¨¢ muy orgullosa de Ifema (el hospital de campa?a), pero nunca pens¨® en los mayores. Solo en dejarlos morir¡±.
Otro caso era el de ?ngela Arreba cuyo padre viv¨ªa en la residencia Amavir Arganzuela. A esta hija le doli¨® en el alma escuchar al abogado del grupo Amavir, Jes¨²s Mandri, decirle a los medios que en el ¨²nico caso que afectaba a su residencia la familia hab¨ªa rechazado el traslado al hospital, la Fundaci¨®n Jim¨¦nez D¨ªaz. Cuando ¨¦l termin¨®, Arreba le reproch¨® lo que hab¨ªa dicho: ¡°No fue as¨ª. Yo pregunt¨¦ al personal de la residencia qu¨¦ cre¨ªan que era lo m¨¢s conveniente y me aconsejaron que dejara a mi padre en la residencia. Tal como lo ha dicho usted parece que nosotros desistimos¡±.
Las familias, acostumbradas a las decepciones, se marcharon con algo de desilusi¨®n. Ahora aguardan a la decisi¨®n del juez sobre la imputaci¨®n a Mur. ¡°La esperanza es lo ¨²ltimo que se pierde¡±, le dijo el presidente de Pladigmare a su abogado.
?Tienes informaci¨®n? Contacta al autor fpeinado@elpais.es o por Twitter a @FernandoPeinado
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