La Comunidad de Madrid ha declarado desierta la licitaci¨®n mediante procedimiento negociado sin publicidad del contrato de concesi¨®n de obras para la construcci¨®n, conservaci¨®n y explotaci¨®n de la Ciudad de la Justicia del partido judicial de Madrid, ya que la ¨²nica oferta recibida no se ajusta a los criterios establecidos en los pliegos. Esa decisi¨®n, publicada en el portal de contrataci¨®n auton¨®mico, paraliza por segunda vez el gran proyecto de infraestructuras del Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso, y siembra dudas sobre su viabilidad. Como inform¨® EL PA?S, el Ejecutivo hab¨ªa decidido no acometer la obra con fondos propios, sino a trav¨¦s de la colaboraci¨®n p¨²blico privada. El plan era que la constructora recibiera m¨¢s de 2.000 millones en 40 a?os, y pudiera explotar a trav¨¦s del alquiler 10.000 metros cuadrados de edificios, a cambio de gastarse 507 en las obras y de mantener las instalaciones y sufragar los servicios de limpieza, seguridad o atenci¨®n al usuario. Algo que ya no ocurrir¨¢. Al menos por ahora.

As¨ª, la Consejer¨ªa de Presidencia, Justicia e Interior ha publicado este viernes en el Portal de Contrataci¨®n P¨²blica la orden por la que se declara desierta la licitaci¨®n del contrato, en la que se alega la falta de documentaci¨®n requerida.

Desde el Ejecutivo regional ya se ha comunicado por escrito la decisi¨®n a la UTE formada por Iridium Concesiones de Infraestructuras (participada al 100% por ACS Actividades de Construcci¨®n y Servicios) y Acciona Concesiones.

¡°La UTE no aport¨® un programa econ¨®mico que incluyera todos los par¨¢metros y partidas m¨ªnimas contenidas en el programa econ¨®mico base de la licitaci¨®n¡±, se explica en la documentaci¨®n del contrato.

Tras esta decisi¨®n, el Gobierno regional ha apuntado que buscar¨¢ ¡°la mejor v¨ªa para reunificar las sedes judiciales y lograr una gesti¨®n m¨¢s eficiente de los recursos a disposici¨®n de la Administraci¨®n de Justicia¡±, recoge EUROPA PRESS.

Un proyecto maldito

El proyecto de Ayuso ha estado rodeado por la pol¨¦mica desde el principio. En 2021 se supo que Madrid renunciaba a usar en la nueva ciudad de la justicia los dise?os de arquitectos afamados como Norman Foster en los que Esperanza Aguirre hab¨ªa gastado millones. Al conocer la f¨®rmula de financiaci¨®n, la oposici¨®n reclam¨® que la Administraci¨®n afrontara la obra con fondos propios y que no hipotecara hasta 2060 los Presupuestos de la Comunidad. Y cuando sali¨® a licitaci¨®n el proyecto, el Colegio oficial de arquitectos de Madrid (COAM) lo recurri¨® al considerar que los criterios de adjudicaci¨®n vulneraban la ley de contratos del sector p¨²blico y la ley de calidad de la arquitectura.

Pasado agosto de 2022, se abri¨® el plazo para la concesi¨®n del contrato, que en el mes de noviembre de 2022 se declar¨® desierto al no haberse recibido ninguna oferta econ¨®mica. Entre otras causas, se aleg¨® la subida de los tipos de inter¨¦s; la inestabilidad econ¨®mica propiciada por el alza en los precios de los materiales de construcci¨®n y el encarecimiento de la energ¨ªa; as¨ª como la situaci¨®n generalizada de incertidumbre en el ¨¢mbito internacional.

Entonces se abri¨® un nuevo proceso, en el que la Comunidad envi¨® invitaciones directas a 10 empresas, dentro de un proceso negociado sin publicidad, y retoc¨® aspectos de los pliegos para hacerlos m¨¢s atractivos sin alterar sus l¨ªneas maestras. En febrero de 2023, justo al l¨ªmite del vencimiento del plazo, y cuando parec¨ªa que el proyecto iba a encallar definitivamente, el consorcio formado por Iridium y Acciona present¨® una oferta. Que ahora haya sido rechazada su propuesta a?ade una l¨ªnea m¨¢s a la larga lista de imprevistos, fallos y fracasos de un proyecto que parece maldito.

Porque la idea de concentrar todas las sedes judiciales naci¨® hace m¨¢s de un decenio. Su primera impulsora fue Esperanza Aguirre. El proyecto fue presentado 72 veces y llev¨® aparejado viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocaci¨®n de la primera piedra cost¨® m¨¢s de un mill¨®n. Se sufragaron informes inservibles por m¨¢s de 80.000 euros y se impuls¨® un programa publicitario de unos 200.000 euros invertidos en paraguas, gorras, camisetas, y un libro promocional. La gran mayor¨ªa de empleados del complejo judicial eran directivos con n¨®minas por encima de los 100.000 euros anuales. Y al final se gastaron al menos 110 millones para que el plan de unir todas las sedes judiciales de la regi¨®n nunca se completara: ¨²nicamente se construy¨® uno de los catorce edificios previstos.

De aquel proyecto megal¨®mano solo quedan hoy dos cosas: el donut del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ahora en las inmediaciones del hospital enfermera Isabel Zendal, y una investigaci¨®n judicial a¨²n abierta en la que est¨¢n bajo la lupa cargos de los gobiernos de Esperanza Aguirre, como el exconsejero y exvicepresidente Alfredo Prada, para quien anticorrupci¨®n pidi¨® ocho a?os de c¨¢rcel en enero de 2021.

En 2014, con Ignacio Gonz¨¢lez como presidente del Ejecutivo regional, se retom¨® el proyecto de Aguirre, que pas¨® a denominarse Ciudad de la Justicia. En 2015, y ya con Cristina Cifuentes como presidenta, fue paralizado, lo que provoc¨® demandas por parte de constructoras por incumplimiento de contrato. En 2020, la justicia le dio la raz¨®n a la Comunidad. Entonces Ayuso empez¨® a impulsar su propio proyecto, el mismo que ahora queda de nuevo paralizado.

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